Fuentes vinculadas a la producción de cáñamo industrial confirmaron a CRÓNICAS que existen alrededor de 250 toneladas estancadas de producto CBD -que se destina a la industria farmacéutica o uso adulto-, que no salen al mercado por escollos internos, y por ende, se están echando a perder. Además, llamaron a la ley actual como «ley trampa» ya que, indicaron, fue buena solo en los primeros tres meses. En este momento, estimaron, es perjudicial al mercado y contradictoria en el ámbito nacional; tanto así que podría empujar a la desaparición de esta producción, desperdiciando una gran ventana de recaudación estatal.
Por Ariana Vezoli | @ArianaVezoli
Corría el año 2012 y Uruguay tenía toda la cancha a su favor para ser una potencia en este campo, pero, según afirman desde el sector, parece que se dejó pasar el cuarto de hora.
Varios países han sacado ventajas en la normativa referida a esta producción. Por ejemplo, los cambios que ha hecho Canadá en su ley -que inicialmente fue basada en la uruguaya-; las intenciones de Alemania de liberar de forma total esta industria, teniendo detrás al resto de Europa; México y Colombia como competidores que regularon la producción; Paraguay en proceso de hacerlo; y la legalización en Argentina de la venta de semillas con THC, denotan que no es momento de dormirse, expresó a CRÓNICAS una fuente del sector.
“Ya en la segunda administración del expresidente de la República, Tabaré Vázquez, avanzó mucho el mercado negro debido al rechazo que provoca el registro para el consumo recreativo, alcanzando hoy al 80% de los consumidores”, estimó una de las fuentes, poniendo en contexto el tema.
En cuanto al uso adulto -o recreativo-, se proyecta hacia 2030 un negocio de US$ 50 mil millones a nivel global, un equivalente a la industria del alcohol.
“Uruguay está dejando pasar esta oportunidad para ocuparse de la industria medicinal, una posición políticamente correcta pero sin sentido. Si el cannabis aportara como el vino fino, el piso impositivo de nuevos impuestos para el Estado -con el mercado actual y un potencial 10% de turistas que lo consuman-, sería de US$ 100 millones nuevos; pero el cálculo para 2030 es de US$ 1.500 millones de impuestos”, estimó otra de las fuentes consultadas.
La ley y la trampa
Fuentes vinculadas a la producción de cáñamo industrial confirmaron a CRÓNICAS que existen estancadas alrededor de 250 toneladas de producto CBD -que se destina a la industria farmacéutica o uso adulto-, que no salen al mercado por impedimentos internos. Por ende, se están echando a perder.
En la práctica, para el cáñamo industrial el único mercado es Suiza, lo que dificulta la colocación de las producciones y hace que se deban aprovechar al máximo las ventanas de oportunidades.
Además, en la ocasión se llamó a la legislación actual como «ley trampa» ya que, según indicó la persona entrevistada, fue buena solo en los primeros tres meses. Esto porque, llevado a la realidad, existen varias contradicciones, como la falta de mercado interno para el cannabis medicinal.
Una de las fuentes recordó que es común encontrar en ferias o en distintas tiendas naturales productos a base de cannabis no psicoativo, que se manejan ilegalmente, es decir, en negro. Y, de la misma forma, ocurre con las semillas.
De igual manera, Uruguay no tiene permitido el comercio de semillas, entonces ¿cómo acceden los particulares a estas para sus plantas? Esa es una pregunta que tiene como repuesta apresurada una sola: el tan negado mercado negro, otra vez, reflexionó uno de los entrevistados.
“Me parece muy contradictorio que podamos vender cannabis de alto THC y no de bajo contenido de este. Que un producto que Suiza recibe y considera de alta calidad no tenga habilitación en el mercado interno perjudica mucho a quienes han invertido en ese sector”, afirmó un productor vinculado a esta industria.
Según otra de las fuente, también existe un importante número de uruguayos consumiendo aceite de cannabis medicinal -que tampoco está regulado- pero, en este caso, se trata de una fitoterapia no pretenciosa de medicamento oleopático, es decir, no es un medicamento sino un activador del sistema endocannabinoide a nivel cerebral.
En esta línea, los entrevistados insisten en que el obstáculo radica en la voluntad política que, si bien existe, aún tiene que consolidarse. No obstante, de no existir un cambio en la ley, la industria corre un alto riesgo de desaparecer.
En este sentido, los empresarios consultados reconocieron que el Ministerio de Salud Pública (MSP) mantiene una visión conservadora y acientífica sobre los estudios de cannabis.
No obstante, conservan la esperanza que para finales de año se haya hecho una nueva legislación.
En este contexto, CRÓNICAS también dialogó con Daniel Macchi, presidente de la Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal (Cecam), quien afirmó que, de no producirse un cambio, “va a ser el último año en que los productores se tiren al agua” ya que, hay mucho material que “va para el segundo año parado”.
“En lo que va de 2022 se ha concretado sólo el 12% de los niveles de 2021 en términos de recaudación. El año pasado se vieron los mejores números desde que empezó a trabajar el mercado, con guarismos cercanos a los US$ 3.000.000 en cáñamo industrial. Parece poco para la matriz del país, pero para el sector es interesante siempre y cuando se mantenga. Hoy estamos en US$ 300.000 a mitad de año”, relató Macchi.
El titular de la Cecam recordó que, además del derrumbe provocado por la caída de los precios, se generó una gran oferta con números más competitivos en países como Italia, España, Sudáfrica, Luxemburgo y Portugal, que nuclean producciones de todo el mundo. “Allí se trabaja el producto a nivel regulatorio, para que entren en el marco legal y las distribuyen en Suiza”, explicó.
Salvar el negocio
Las fuentes consultadas coincidieron en que muchos legisladores tienen el tema en agenda, pero no así el Poder Ejecutivo. “Es urgente que lo tome en cuenta porque es un sector que da valor agregado y logra ser apreciado en Suiza; no puede terminar colapsando por exceso de regulaciones. Es urgente una revisión del marco legal”, reclamó uno de los entrevistados
Asimismo, según informó el presidente de Cecam, tanto en cannabis medicinal como en cáñamo industrial el mercado está frenado. Para revertirlo, coincidió, hay que revisar algunas normativas, buscando las trabas que impiden el desarrollo de las empresas. Además, consideró que es fundamental que se comience a hacer investigación científica de forma mancomunada entre públicos y privados ya que uno de los argumentos es que no se pueden registrar los medicamentos si no hay evidencia científica que los avale.
“El agente referente es el Instituto de Regulación y Control de Cannabis (IRCA), que debería contemplar más la parte comercial. Si se hace un paralelismo entre este instituto y otros, como el Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi), el Instituto Nacional de Carnes (INAC), el Instituto Nacional de la Leche (Inale), todos tienen una visión comercial, fundamentalmente”, recalcó Macchi.
Cabe recordar que dentro de la normativa que funda al IRCA se da origen a una comisión nacional de trabajo, integrada por un representante de los clubes de consumidores, uno de las empresas productoras y uno de los autocultivadores, que sesionaría al mismo momento que la junta. Esto nunca se conformó, y tampoco se seleccionaron los representantes.
