Por Conrado Rodríguez (*)
Desde principios de julio de este año, la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda de la Cámara de Representantes viene tratando el proyecto de Ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal del gobierno.
Las rendiciones de cuentas son instancias para analizar los planes ejecutados en el ejercicio anterior por parte de los organismos públicos que integran el Presupuesto Nacional, desde un punto de vista de ejecución financiera y de cumplimiento de metas de políticas públicas.
También es una instancia para estudiar los contextos económicos regionales y mundiales que muchas veces condicionan las posibilidades de las economías más pequeñas, y de observar el comportamiento doméstico y sus perspectivas y proyecciones de cara al futuro.
Teniendo en cuenta estas condiciones, es que nuestra Constitución permite realizar modificaciones presupuestales para los subsiguientes ejercicios, sobre aquellos que fueron elaborados en la Ley de Presupuesto Nacional que se discute en el primer año de gobierno.
Es que la realidad es dinámica y las variables pueden ir cambiando. Por eso es muy importante ser cautelosos cuando se confecciona una norma que implica darle previsión al aparato estatal para cumplir con los cometidos que les señala la Constitución y la ley a los distintos organismos, pero que tiene vocación para durar cinco años.
El equipo económico encabezado por los economistas Azucena Arbeleche desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), e Isaac Alfie de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), elaboraron una planificación económica y un ordenamiento financiero que le permitió al Uruguay superar la grave crisis que implicó el impacto de una pandemia mundial que azotó tanto en materia sanitaria como económica y social. Al mismo tiempo, posibilitó sortear las dificultades financieras que se heredaron de la anterior administración con un déficit fiscal de los más altos en 30 años.
La Ley de Presupuesto sentó las bases para el futuro crecimiento económico, que ya en el 2021 se empezó a vislumbrar. Las proyecciones del equipo económico se vienen cumpliendo, y eso ha transmitido mucha confianza en las políticas desarrolladas, tanto a nivel nacional como internacional.
Esto le permitió al país poder recuperar rápidamente la inversión y con ella el empleo. En 2020, fruto de la pandemia, se habían perdido 60.000 empleos. En 2021 se recuperaron 58.500, y se estima en esta Rendición de Cuentas que para este año se crearán 40.000 empleos más.
El desempleo pasó del 10,5% en febrero de 2020 a 7,3% en febrero de 2022.
En la Ley de Presupuesto se había proyectado para el 2021 un crecimiento del orden del 4,3% del PIB, llegando efectivamente a un 4,4% del mismo.
Para el 2022 el país crecerá un 4,8% según los estudios del MEF, lo que le permitirá a Uruguay un mayor desarrollo con más equidad.
La mesura, prudencia y solvencia de este equipo económico dista mucho de las políticas desarrolladas por sus antecesores. En la Ley de Presupuesto de 2015, en la segunda administración del expresidente Tabaré Vázquez, las proyecciones no tenían asiento en la realidad, y así lo advertimos oportunamente. Tan es así que se proyectaba un crecimiento acumulativo para el quinquenio del orden del 14,6% del PIB, cuando finalmente no pudo superar el 6,5%. A esto se le sumó la irresponsabilidad de aumentar el gasto en el orden de los 280 millones de dólares en 2016 y 190 millones para el 2017 sin un financiamiento claro, lo que llevó a ese gobierno a realizar dos ajustes fiscales tanto en la Rendición de Cuentas del 2016 (ejercicio 2015), como en la del 2017 (ejercicio 2016). La vía fue la suba de impuestos, sobre todo en las tasas del IRPF y el IASS, incumpliendo con una promesa de campaña de que no se aumentaría la carga impositiva.
Esta Rendición de Cuentas de 2022 (ejercicio 2021) nos plantea aprovechar el crecimiento para incrementar la inversión del Estado en áreas sensibles que requieren refuerzos presupuestales para poder desarrollar las transformaciones que el Uruguay necesita.
Para el 2023 el gasto incremental será de 226 millones de dólares, en un contexto totalmente distinto al del anterior gobierno. Aquí se plantea una distribución que permita recuperar salario para los trabajadores públicos, y una gran inversión en educación, ciencia, tecnología e innovación, como también en salud.
Esto es parte del compromiso que la coalición republicana asumió ante la ciudadanía en campaña electoral. Este es un esfuerzo de toda la sociedad para que el Uruguay haga la transformación educativa que tanto precisamos, y que al mismo tiempo apueste al futuro a través de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Por vez primera después de muchos años, viene la derogación de un impuesto, como es el adicional del Fondo de Solidaridad, que nosotros propusiéramos en 2017 y 2018, y que lo volvimos a hacer en abril de 2022 en conversación y acuerdo con el MEF. Este impuesto desde 2001 castiga a los profesionales universitarios, que no solo tienen que pagar su aporte a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de los Profesionales Universitarios, sino también al Fondo de Solidaridad y aparte pagar el adicional al mismo.
Este adicional tiene como finalidad financiar obras de infraestructura edilicia y no edilicia de la Universidad de la República, y no becas, cuando en realidad es el Estado a través del Presupuesto Nacional el que debería hacerlo. Lo que fue en principio transitorio, terminó siendo definitivo, lo que significó una pesada carga para muchos profesionales que lo pagan con mucho esfuerzo, aunque muchos de ellos, que no tienen ingresos fijos, han tenido que hacer declaración de no ejercicio por no poder costear estas obligaciones.
Desde el 2020 se ha venido construyendo un relato por parte del Frente Amplio de que el gobierno recorta en políticas públicas. Esto no es así. Lo desmienten los 2.249 millones de dólares destinados al Fondo Covid desde el 2020 hasta este año. Lo desmienten los aumentos otorgados en el Presupuesto Nacional para la ANEP, Udelar, UTEC, Poder Judicial, ASSE, Mides, entre otros.
Lo desmiente la fuerte apuesta del gobierno en primera infancia y en la erradicación de asentamientos irregulares en la Rendición de Cuentas del año pasado, y nuevamente lo desmiente la inversión que se realizará el año que viene a través de este incremento de 226 millones de dólares.
Los datos siempre se abren paso ante los relatos que pretenden pintar un Uruguay gris, que se desalienta ante la prédica de grupos que están más interesados en ver cómo vuelven al poder, que al bienestar de los uruguayos.
Una vez más, la coalición de gobierno demostrará que esta Rendición de Cuentas está focalizada en el mejoramiento de la gente, en el desarrollo y en la distribución con equidad.
Esta Rendición de Cuentas es un punto de inflexión, por el volumen de los recursos asignados y por el destino de los mismos. Se sigue poniendo el foco en las personas con el objetivo claro de que el crecimiento traiga empleo, salario y prosperidad, apuntalando sobre todo a quienes más lo necesitan. Esto se hace con trabajo y esfuerzo del gobierno y la sociedad, para seguir logrando que el impulso y el desarrollo sea una política nacional.
(*) Diputado del Batllismo – Batllistas – Partido Colorado.
