Luego de diversas tratativas entre estudiantes, autores y trabajadores, la bancada del Frente Amplio (FA) de la Cámara Baja del Parlamento, decidió días pasados apoyar un proyecto de ley que modifica la normativa existente hasta el momento en materia de Derechos de Autor. Para el diputado frenteamplista José Carlos Mahía, el apoyo del oficialismo “no intenta hacer un seguidismo de ninguna corporación” sino que, por el contrario, se orienta a respaldar un acuerdo que tiene intereses múltiples. La normativa será tratada luego del receso parlamentario y en caso de que haya modificaciones, las mismas tendrán que ir en la línea de los objetivos de las partes involucradas, señaló el legislador.
Por Anahí Acevedo | @PapovAnahi
En 2013, la Fundación de Cultura Universitaria (FCU) realizó una denuncia que culminó con el procesamiento de 14 personas tras el allanamiento de 15 locales de fotocopiado. Luego de este incidente, la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU) impulsó una iniciativa para cambiar la normativa de la Ley de Derechos de Autor, impulsada hacia el acceso de materiales educativos. Por su parte, el Consejo de Derechos de Autor del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) presentó un proyecto, que proponía modificaciones a los artículos propuestos por la FEUU.
Durante los meses pasados, la Comisión de Educación y Cultura del Senado aprobó realizar modificaciones a la Ley de Derechos de Autor, contemplando las sugerencias realizadas por el Consejo de Derechos de Autor y manteniendo el artículo propuesto por la FEUU que indicaba que fuera lícita la realización de copias siempre y cuando fuera para uso personal y sin fines de lucro.
Finalmente, en abril del año pasado la Cámara de Senadores aprobó el texto. Un mes después, y con motivo del Día Nacional del Libro, se firmó un acuerdo a instancias de un diálogo propiciado por el PIT–CNT y que involucró a la FEUU, la Cámara Uruguaya del Libro (CUL), la Asociación General de Autores de Uruguay (Agadu) y la central gremial.
El resultado de este consenso fue un proyecto de ley denominado “Derechos de Autor – Limitaciones y Excepciones” que fue remitido a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Diputados, donde se trató la temática recibiendo a diversos expertos de esta área.
En las últimas semanas la bancada del FA comunicó formalmente su respaldo al acuerdo. Luego del receso parlamentario se prevé que esta normativa se trate en la Comisión de Educación y Cultura para que sea aprobada y derivada a la Cámara Baja, donde ya se cuenta con la mayoría de apoyo.
Hugo Di Carlo, asesor legal de Agadu, reconoció la importancia del apoyo que brindó el FA y aseguró a CRÓNICAS que el texto del acuerdo suscrito a consecuencia del trabajo conjunto realizado entre la FEUU, Agadu, CUL y la central obrera durante varios meses contempla los intereses de los sectores más involucrados.
Además, formuló que “hay cambios sustanciales” entre el documento original aprobado en la Cámara de Senadores, el cual entendía que significaba “un claro perjuicio contra los autores”, por lo que el mismo podría ser declarado inconstitucional “lo cual traería un perjuicio a la justificada reivindicación de los estudiantes de tener acceso legítimo a las fotocopias” sin perjudicar el derecho de los creadores.
Treinta páginas
La nueva normativa contempla como lícita la inclusión, en una obra propia, de fragmentos de obras ajenas siempre que se trate de creaciones ya divulgadas y su introducción se realice a título de cita o para su análisis, comentario o juicio crítico.
Además, prevé que las citas solo podrán realizarse en la medida justificada por el fin perseguido e indicando el nombre de autor de la obra utilizada y su origen. Asimismo, sostiene que son lícitas las reproducciones reprográficas o digitales sin fines de lucro realizadas por instituciones docentes públicas y cuyas copias no excedan a una por cada estudiante o profesor. Se entiende por texto u obra breve aquella extensión que no supere las 30 páginas. Asimismo, sostiene que las reproducciones que realicen las bibliotecas, archivos y museos, sin fines de lucro, deben ser “porciones razonables”, es decir que no debe exceder a una obra breve.
De igual forma, indica la creación de una Comisión de Seguimiento, integrada por delegados de Agadu, FEUU, CUL, Asociación de Bibliotecólogos del Uruguay (ABU) y del Consejo de Derechos de Autor, que podrá estar integrada, además, por legisladores designados por las Comisiones de Educación y Cultura de ambas cámaras, con la finalidad de realizar un seguimiento y una evaluación de la aplicación de la normativa.
No obstante, Di Carlo manifestó que el escenario ideal para la institución a la que representa sería que las copias se realizaran bajo un canon compensatorio a favor del autor, es decir que al momento de realizar una fotocopia se abone un importe que esté dirigido a remunerar al titular de la obra intelectual reproducida.
Sin seguidismo
Por su parte, el diputado José Carlos Mahía, vicepresidente del FA y delegado de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara Baja, dijo a CRÓNICAS que el apoyo que decidieron brindar a este proyecto se debe a que creen que “tiene la virtud de resumir los intereses contrapuestos -o supuestamente contrapuestos- de distintos colectivos”.
Empero, el legislador subrayó la importancia de la compensación de los derechos vulnerados de los autores. “Siempre que hay un trabajo hecho por alguien, esa persona es el titular y eso es inalienable”, recordó y afirmó que la normativa marca señales a la sociedad.
Igualmente, dijo que “desde la izquierda no se intenta hacer un seguidismo de ninguna corporación, sino respaldar un acuerdo que tiene componentes técnicos y que es delicado”. Añadió que en nuestro país no se puede desarrollar el acceso a la cultura y el conocimiento sin contemplar los derechos de los trabajadores y de los creadores de la cultura.
De todas formas, aseveró que el proyecto original del Senado “tenía buenas intenciones pero aspectos de inconstitucionalidad”. A la vez, indicó que el acuerdo de las distintas partes mejoró la situación y “le dio oxígeno” a todos los colectivos. En esta línea expresó que desde el FA “siempre sostuvieron” que la prioridad era trabajar por un acuerdo que respetara intereses múltiples y, a veces, contrapuestos.
Respecto a las expectativas, Mahía declaró que esperan que el proyecto se apruebe y, en caso de realizar cambios, que estos sean apoyados por los firmantes. “No es que vayas atrás de un gremio o una colectividad y que después, por encima de ellos, vos tengas intereses generales”, advirtió.
