Por Gustavo Penadés (*) | @GustavoPenades
En una reciente entrevista sostuve que los diputados hicieron un trabajo muy positivo en el tratamiento de la Rendición de Cuentas porque, sin alejarse de los objetivos del equipo económico y del gobierno, lograron llevar adelante una serie de reasignaciones que han atendido la mayoría de los reclamos que se podía tener.
Ahora quiero destacar, entre esos logros, los aumentos diferenciales para soldados y policías de menores ingresos.
Según el texto que fue aprobado en Diputados, los policías recibirán un refuerzo extra de $ 520 millones anuales. De esta manera, el salario básico de los agentes pasará de los $ 44.800 nominales actuales a más de $ 50.000, lo que implica una suba de unos 36.000 a casi 40.000 líquidos a partir de enero de 2023.
Desde que este gobierno asumiera en marzo de 2020, los funcionarios policiales fueron respaldados en lo moral, lo político y lo jurídico y ahora se les brinda una importante mejora salarial. La policía cumplió con la sociedad, y ahora la coalición gobernante cumple con la policía.
En cuanto a los militares, el incremento diferencial es de $ 400 millones —que se suman a otros $ 520 millones que estaban incorporados en la iniciativa original—, lo que implica una suba de 7,8% para el personal del escalafón más bajo y de 2,6% para los oficiales que se encuentran en el inicio de su carrera.
Merece mención especial el hecho de que esos logros se alcanzaron por la unidad de acción y pensamiento que anima a la coalición de gobierno.
Los cinco partidos que la forman distinguen muy claramente unidad de unanimidad, tal como destaca acertadamente Pedro Bordaberry en un reciente editorial, donde afirmó: “Se requiere unidad pero no unanimidad. Caridad pero no sometimiento. Libertad con responsabilidad, según la feliz definición del presidente Lacalle Pou. Sin pedir y reclamar nada. Hacerlo porque el interés superior de la patria siempre está primero. En lo esencial unidad, en lo que no lo es, libertad”.
Y así venimos actuando y lo seguiremos haciendo, mal que les pese a los que quieren impedir nuestra acción de gobierno de todas las maneras posibles.
Ese esfuerzo por distribuir los recursos del Estado con mayor justicia, que venimos logrando para soldados y policías, debemos extenderlo a varios sectores de nuestra sociedad, que también sufren de larga y dolorosa postergación.
En la reforma de la seguridad social tenemos una oportunidad para mejorar las pasividades más bajas, además de tratar de resolver un problema estructural que amenaza con destruir las bases de la atención más justa posible de pensionistas y jubilados.
Por eso, creo que la reforma debe ser votada en este período de gobierno, o al menos tenemos que hacer los más grandes esfuerzos para eso.
Me he ido convenciendo de ello a partir de escuchar las explicaciones del Dr. Rodolfo Saldain —pieza fundamental en el proyecto—, de otros actores trascendentes del gobierno y del propio presidente Lacalle Pou.
Es una buena reforma y es necesario tener el coraje de votarla durante este gobierno.
Y si el Frente Amplio no la vota, más razón para votarla nosotros. Se perderán una gran oportunidad de hacer algo bueno para el país, como en tantas otras oportunidades. Máxime cuando sabemos que el proyecto contempla una serie de aumentos para las jubilaciones mínimas, lo que está alineado con nuestro espíritu de atender muy especialmente a los más desprotegidos, cosa de la que otros solo hablan, mientras nosotros logramos.
Tenemos bien claro que esos aumentos no solo están demasiado lejos en el tiempo, sino que son insuficientes, por lo que buscaremos diferentes mecanismos que nos permitan aumentar las pasividades más bajas lo mejor y más rápidamente posible.
En mayo pasado, el presidente Lacalle Pou convocó a la coalición de gobierno en la residencia de Suárez y Reyes, para comenzar a tratar el tema de la reforma de la seguridad social.
El anteproyecto no se conocía y se encaró fundamentalmente la necesidad de aprobar una ley que reforme el sistema actual.
Uno de los aspectos en el que insistió el presidente fue que sería ideal que se aprobara por todos los partidos políticos, es decir, que se contara con el apoyo del Frente Amplio.
Pero, después de que Lacalle Pou se ocupara de acercar el anteproyecto al presidente del Frente, Fernando Pereira, y al PIT-CNT, lo único que se obtuvo fueron críticas anticipadas a cualquier lectura seria del mismo.
Este rechazo intempestivo hace notar que la dupla opositora político-sindical privilegiará su permanente enfrentamiento con el gobierno antes que el interés nacional, por lo que se enviará, sí o sí, el proyecto de ley de la reforma al Parlamento en setiembre.
El presidente se convenció de que la oposición critica sin leer y eso da la pauta de que será muy difícil lograr un acuerdo, por más esfuerzos que se hagan y más buena voluntad que se ponga de parte del gobierno para aceptar aportes.
Afortunadamente, una vez más, los partidos de la coalición ya acordaron acompañar con seriedad y entusiasmo, por más que se pueda pensar en algún cambio que proponga alguno de los socios.
En el Partido Nacional ya todos los legisladores se mostraron a favor de lo planteado en el anteproyecto.
Pero se considera muy importante ilustrar y escuchar a la ciudadanía en sus diferentes manifestaciones, para lo que se organizarán instancias informativas, debates y diferentes encuentros de difusión y discusión.
Hay dos frases del documento elaborado por la Comisión de Expertos designada para elaborar las bases de la reforma que definen perfectamente los motivos que me conducen personalmente y, felizmente, a todos los que integramos la coalición de gobierno, a apoyar decididamente esta ley:
-“Nuestro país es reconocido como líder en protección social en la región. La seguridad social, derecho humano fundamental, ha sido un instrumento central de integración y cohesión de nuestra sociedad. Este logro resulta del esfuerzo de muchas generaciones y descansa sobre las espaldas de las futuras. El desafío de preservarlo y adecuarlo a las nuevas realidades requiere la certeza de que las promesas se puedan cumplir y que todos tengan en forma justa un acceso adecuado a los beneficios”.
-“Ingresamos en la tercera década del siglo XXI con la convicción de que es necesario revisar diversos aspectos del sistema previsional uruguayo, tal como lo han expresado múltiples gobernantes en los últimos años, para que siga siendo una gran herramienta de protección y cohesión social”.
(*) Senador del Partido Nacional – Lista 71.
