Por Miguel Pastorino (*) | @MiguelPastorino
Próximamente se votará (en Diputados) el nuevo proyecto unificado de ley de eutanasia. Como sucede con muchas leyes, son pocos los que las leen y analizan detalladamente. Si bien ya hemos escrito sobre la amplia confusión que existe en la población sobre el tema —incluso entre legisladores—, porque todavía hay quienes creen que la sedación paliativa es una forma de eutanasia, o confunden la negativa a prolongar la vida con eutanasia, y la lista de mitos es bastante larga, en esta oportunidad nos detendremos solamente en presentar los principales problemas que tiene el proyecto, más allá de que no estoy de acuerdo con la legalización de la eutanasia. Porque lo que un país debe hacer con su gente es cuidarla y combatir su sufrimiento, proteger a los más vulnerables, no abandonarlos u ofrecerles la muerte como salida.
Se ampliaron los candidatos a eutanasia
Antes se pensaba en enfermos terminales, pero ya no. Ahora los candidatos que pueden pedir eutanasia (que les provoquen la muerte) son un abanico muy amplio de personas, alcanzando a todos aquellos “que padezcan una patología o condición de salud crónica, incurable e irreversible”, que consideren causa de un sufrimiento insoportable. La lista sería interminable: enfermedades vasculares, la mayoría de las enfermedades oncológicas, enfermedades respiratorias, diabetes, reumatismos, enfermedades autoinmunes, enfermedades inflamatorias intestinales, enfermedades renales, cirrosis hepática, enfermedades neurodegenerativas, entre otras. Pero puede alguien no tener una enfermedad incurable y también podría pedir eutanasia, porque el nuevo proyecto refiere a que pueda tener “condiciones de salud” que afecten la calidad de vida, lo cual es muy amplio y podría incluir cualquier discapacidad, una vejez con limitaciones o depresión crónica, entre otras causas.
En realidad, a cualquiera que quiera acabar con su vida, si cumple con estas condiciones tan amplias, en lugar de ayudarle a aliviar su sufrimiento, se le concederá la muerte argumentando que era su deseo, su decisión.
Menos garantías para el paciente
Este nuevo proyecto le ofrece al médico el poder de decidir que una persona debe morir (si lo solicita), la protección legal para causarle la muerte u ordenar a otro que se la cause, y luego la supervisión legal para informar la muerte a las autoridades, siendo juez y parte porque es el mismo que practica la eutanasia quien hace el informe. Se le brinda la cobertura legal sin excepción, ya que la única otra persona que sabría si ha infringido la ley, es la persona que murió. Sin embargo, la falta de garantías para el paciente es notoria. Varias instituciones han planteado con preocupación este asunto en la Comisión de Salud de Diputados (Sociedad Uruguaya de Medicina y Cuidados Paliativos, Federación Médica del Interior, Academia Nacional de Medicina), que el proyecto no da garantías al paciente.
Además, no hay psiquiatra, ni psicólogo, ni especialista en cuidados paliativos, ni comité de bioética previo, ni asistente social, sino que el discernimiento de algo tan grave podría recaer en solo dos médicos generales.
Entre los promotores se enfatiza la importancia de la libre elección, pero la mitad de la población no accede al alivio necesario, ni a una atención de calidad, por lo que solo podrá elegir la eutanasia. Y en una situación marcada por el sufrimiento y las presiones emocionales, episodios depresivos y desorientación existencial, que le hacen menos libre de tomar una decisión tan radical como acabar con la propia vida, la autonomía del paciente está siempre gravemente afectada. Muchos paliativistas confirman que de cada 10 pacientes que desean morir por su sufrimiento, nueve cambian de opinión cuando son aliviados, bien tratados y cuidados. En muchos casos esto sucede en el 100% de los pacientes. ¿Qué pasaría con todos los que desean morir porque no han recibido la atención adecuada? ¿Se les dirá que fueron libres y que era su única salida?
No hay controles previos
El nuevo proyecto prevé un único control por parte del Ministerio de Salud Pública (MSP) que se hace luego de que la persona ha fallecido, cuando no se puede dar marcha atrás.
Durante el tratamiento de los proyectos anteriores en la Comisión de Salud, el Instituto de Derecho Civil de la Udelar, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, la Cátedra de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Unidad Académica de Bioética de la Facultad de Medicina de la Udelar, la Comisión de Bioética de la Academia Nacional de Medicina, el Colegio Médico del Uruguay, la Federación Médica del Interior, todos manifestaron de forma unánime que el control del procedimiento debe ser antes de que se realice la eutanasia, para que exista una vigilancia preventiva que detecte posibles errores.
El acceso a cuidados paliativos no es condición previa
Se afirma que se apoyan los cuidados paliativos desde quienes promueven la eutanasia, pero no aparecen como requisito previo, porque no está garantizado. Es decir, los más desprotegidos y abandonados solo tendrán la eutanasia a disposición. Los cinco informes del MSP —que no fueron recibidos en la Comisión de Salud de Diputados, sino publicados en la prensa—, han sido contundentes en este sentido considerando que legalizar la eutanasia sería de un grave impacto negativo sobre la población más vulnerable y desprotegida, que vería en la muerte provocada una salida rápida a sufrimientos que en realidad demandan una respuesta sanitaria y social, humana y solidaria, a la que hoy no todos acceden. Dichos informes manifiestan una fuerte preocupación por la falta de garantías y por las previsibles nefastas consecuencias sobre la población más vulnerable en adultos mayores, en personas con discapacidad, en el área de salud mental, y también debido a la carencia de cuidados paliativos de calidad.
Por estas razones legalizar la eutanasia provocaría una grave injusticia para los uruguayos más desfavorecidos y no sería una cuestión de libertad, por la falta de equidad en el acceso a cuidados paliativos. No se trata solo de apoyar los cuidados paliativos, se trata de asegurarlos.
¿Cuál sería la mejor opción?
La legislación vigente de voluntades anticipadas y el acceso universal a cuidados paliativos de calidad, son la respuesta más humana, solidaria y justa que reconoce la dignidad y la libertad, protege la vulnerabilidad y valora a los ciudadanos, sin importar su condición o situación vital. Si nuestra legislación vigente ya defiende una muerte digna entendida como morir en paz, sin dolor y sin sufrimiento, de forma natural, sin prolongar innecesariamente la vida, ni adelantar la muerte (Ley 18.335, art. 17, Lit. D), y si además nos ocupamos de que esto sea realidad gracias a un acceso real de todos los uruguayos a cuidados paliativos cuando los necesiten, no se entiende el apuro por despenalizar una forma de homicidio que en lugar de eliminar solo el sufrimiento, elimina al que sufre y abre la puerta a mayores abusos de los que ya puedan existir.
Lo que hace falta, además de que tengamos una ley de cuidados paliativos y su efectivo acceso universal, es que se protejan los derechos de todos, no que comencemos a naturalizar que algunos puedan morir porque nos ponemos de acuerdo con ellos en que no valen la pena, bajo el único argumento de que es “su decisión”.
La responsabilidad política en un asunto tan grave, exige un discernimiento y una discusión mucho más profunda y una mayor prudencia en la toma de decisiones que afectarán a los más desprotegidos de nuestra sociedad.
(*) Doctor en Filosofía y máster en Bioética. Profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad Católica del Uruguay. Portavoz de Prudencia Uruguay.
