CRÓNICAS conversó con el subsecretario de Defensa Nacional e integrante del Equipo de Análisis de la Reforma de la Seguridad Social de Cabildo Abierto (CA), Rivera Elgue, quien explicó que el sistema previsional tiene seis subsistemas que presentan ciertas necesidades de asistencia financiera y transferencias del Estado.
Para el viceministro, dada la evolución de las prestaciones y todo lo que se ha implementado, “no solo alcanza con los aportes patronales y los aportes personales”. Por esta razón, se destinan otras transferencias de la sociedad como impuestos, puntos de IVA, timbres o los impuestos que recibe la Caja Bancaria. Entonces, “existen distintos subsistemas con diferentes fuentes de financiamiento y esto determina que a largo plazo se genere el aumento de la expectativa de vida y un posible incremento en el financiamiento, que ya es importante”, puntualizó.
Además, dijo que “en la sociedad hay una carga impositiva fundamental en otras áreas, lo que implica la necesidad de revisar todo”.
Desde CA
Por otra parte, sostuvo que el anteproyecto de ley de la reforma plantea una visión hacia un sistema común con parámetros comunes. En este aspecto, CA sugiere que “también existan prestaciones similares para todos los activos y pasivos, y una distribución equitativa de la fuente de financiamiento”.
Otro punto que se presentó es sobre los tiempos bonificados. En la reforma se modifican los bonificados del servicio de retiro de militares y policiales, y se mantiene el resto. En este caso, dijo que proponen que exista una comisión que analice todos los tiempos bonificados y determine cuáles son y cómo deben ser. Es decir, “visualizar desde un análisis técnico y de la seguridad social y laboral los diferentes aspectos que debe tener en cuenta una bonificación”, acotó.
Dos problemas
Consultado sobre por qué es imprescindible una reforma, dijo que hay dos problemas, uno de sostenibilidad del sistema (aportes), y la evolución de la población económica activa negativa. “Se estima para el 2070 una reducción a 2.700.000 personas”, apuntó.
Esto implica que habrá una relación activo-pasivo “inferior” a lo que existe actualmente, lo cual generará un problema de sostenibilidad del sistema, con las distintas prestaciones que se brindan al momento, dijo el jerarca.
El aumento de la edad jubilatoria
Con respecto al incremento de la edad de retiro, declaró que es un parámetro que se ha manejado en una gran cantidad de reformas realizadas en todo el mundo. Asimismo, sostuvo que “hoy en día la mayoría pospone su jubilación hasta los 63 años, por lo tanto, llevarlo a los 65 años no debería ser un tema muy traumático”, aseguró.
A su vez, dijo que CA entiende que la entrada en vigencia del nuevo régimen de aplicación no debería impactar en la mayoría de los que ya fueron afectados por la reforma de 1996. En ese sentido, aseveró: “Sugerimos que se aplique a partir del año 2034 a los que generen causal de jubilación posterior a ese año”. En este caso, “no estaríamos afectando a los mayores de 50 años”, indicó.
Lo más justo y las pensiones
Con respecto a si el aumento de la edad jubilatoria tendrá un costo en el sentido político-electoral, el entrevistado considera que “es un tema de justicia, no político, pero evidentemente que todo el retraso y cambios de las condiciones en pasividad va a generar un costo político”.
Por ende, “es importante que no solo sea justo, sino que el peso de la reforma lleve a futuras pasividades, y que el sistema de pensiones que se emplea a los cónyuges de los titulares de una jubilación, se aplique en forma gradual y no a una edad tan avanzada (como se planteó), que eran los 65 años”.
Por otro lado, mencionó que “nosotros consideramos que hoy hay derecho a una pensión vitalicia a partir de los 40 años”. Además, expresó que no puede afectar a los mayores de 50 años porque no tienen la capacidad de generar un seguro de vida si el cónyuge no tiene derecho a pensión. “A esta edad es muy difícil acceder a eso” explicó.
