Por Carlos Testa (*) | @CarlosTestaCA
Hay hechos en la vida democrática de un país que por más que se los intente enterrar en el pasado porque son duros, porque no han cerrado de una manera correcta o porque son hasta vergonzosos, la realidad una y otra vez nos demuestra la necesidad de su reparación. Fundamentalmente porque hipotecan nuestro futuro al minar la credibilidad de nuestro sistema de gobierno.
Estamos refiriéndonos nada menos que al respeto a la voluntad del ciudadano emitida libremente con su voto en las urnas.
Esa voluntad no es una opinión, no es un deseo o una sugerencia, es una orden, de tal fuerza y jerarquía que en verdad cuesta creer que haya sido necesario presentar un proyecto de ley para hacerla respetar.
En abril de 1989 y octubre de 2009 se presentaron a consideración de la población un referéndum y un plebiscito respectivamente con la misma finalidad: derogar la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. 20 años separaban uno del otro, más de una generación y sin embargo el resultado fue el mismo. El pueblo uruguayo dijo categóricamente que no se derogaba.
Aunque a quien tiene la jerarquía de emitir una orden (en este caso el ciudadano), no se lo debe cuestionar ni pedirle explicaciones o justificación, de igual manera aquellos que impulsaron las recolecciones de firmas y luego las consultas en que resultaron derrotados, intentaron adjudicar intencionalidades a la decisión tomada. En 1989 se dijo que el pueblo dudoso de una república aún debilitada votó por temor a “las bayonetas”. 20 años después ya sin esa excusa que esgrimir, se dice que se votó en favor de la impunidad para quienes cometieron crímenes durante la dictadura.
Excusas que se siguieron usando para en el año 2011, dos años después del último plebiscito, el Parlamento por tan solo un voto de diferencia resolviera desobedecer el mandato ciudadano y anular la ley que había sido reafirmada dos veces por las urnas, convirtiéndola así en la ley más legitimada de nuestra historia.
¡No, señores! ¡El pueblo oriental votó sabiamente para pacificar un país que había sufrido ya demasiado por luchas ideológicas que cual tablero de ajedrez jugaron en nuestro suelo potencias extranjeras! Aquí se quiso poner al país de cara hacia el futuro pensando en las nuevas generaciones que deben hacer su camino libre de odios y venganzas, en lugar de seguir siendo arengadas hacia la intolerancia y el rencor por un pasado del que no tuvieron culpa ni parte.
Nada ni nadie puede arrogarse jerarquía superior de la decisión popular. Tan poderosa es, que no puede haber reforma constitucional sin su aprobación ni tampoco representantes o gobiernos.
No existe tinta en nuestra jurisprudencia o tratado internacional que esté por encima del voto ciudadano. Este concepto es fundamental que sea reiterado hasta que a nadie le quepa la menor duda.
Es por eso que insistimos en la reparación del quiebre efectuado a esa voluntad en 2011. Es imperativo restaurar la credibilidad en la herramienta primera de la democracia, el voto. Es inconcebible que hoy se expresen manifestaciones sobre la posibilidad de volver a desobedecer la decisión tomada en el último referéndum por la Ley de Urgente Consideración en caso de cambiar el gobierno en las próximas elecciones. ¡Inaudito!
Un ciudadano puede perder su credibilidad, un político, hasta un partido político entero. Pero no podemos aceptar ni permitir que la democracia la pierda. La certeza en la herramienta democrática es la primera garantía del Estado de Derecho. Pero para asegurarnos esa certeza debemos corregir esta mancha que permanece desde 2011, debemos reparar lo que se quebró. Estamos a tiempo.
El día 7 de octubre presentamos en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para derogar la Ley 18.831, interpretativa de la ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado. ¿Qué pretendemos hacer con esto? En primera instancia dar la oportunidad a todos los partidos que eran oposición en 2011 y expresaron su total y unánime rechazo al atrevimiento de que una mayoría parlamentaria circunstancial le enmendara la plana al pueblo, a que se corrija esta afrenta. Recordamos bien la posición de cada legislador de aquel entonces, no hace tanto tiempo. Incluso nuestro actual presidente demostró claramente su firme oposición en declaraciones de la época. Es este el momento, ahora somos gobierno de coalición, los que estaban entonces y los que llegamos ahora. Es nuestro deber porque la orden del ciudadano no caduca con el tiempo, solamente una contraorden por el mismo medio utilizado de las urnas puede dejarla sin efecto. Demostremos que no es más fácil ser oposición que ser gobierno, esta es la oportunidad de honrar a nuestros representados y en definitiva a nosotros mismos.
No podemos nosotros poner excusas hoy, debemos ser conscientes de que la única manera de asegurar la obediencia indiscutible al resultado de una consulta popular en el futuro, es removiendo cualquier antecedente que se haya atrevido a incumplirlo en el pasado.
Si otorgamos capital importancia a este proyecto es porque íntimamente sentimos que no se trata simplemente de desempolvar una vieja disputa ideológica referida a los derechos humanos. No dejaremos que se menosprecie ni a quienes sufrieron y sufren por haber sido víctimas ni tampoco a quienes defendemos a rajatabla el estricto cumplimiento del mandato republicano.
Se trata del respeto a la decisión verdaderamente libre del ciudadano y particularmente en este caso, la de los representantes a quienes apelo a tomar una decisión basándose en su más íntimo sentido de libertad. No permitamos que las ramificaciones de la política con minúscula nos impidan ver los más firmes principios de nuestra democracia. No dejemos que los costos políticos bastardeen lo más valioso.
Se pueden dar tres posiciones. Apoyar el proyecto de derogación de la ley interpretativa por entender que el voto ciudadano nunca debió ser desobedecido; no apoyar porque se piensa sinceramente que no fue así y que fue correcto anular la ley de caducidad, aunque el pueblo haya decidido lo contrario; y existe una tercera opción la cual personalmente me alarma y sobre la que hoy se hace imprescindible advertir con todas las fuerzas: votar negativamente la derogación de la ley que le enmendó la plana al pueblo uruguayo para no enfrentarse al descontento y posibles represalias de un sector de la población encabezado por los partidos de izquierda, el movimiento sindical y algunas organizaciones sociales, aunque sepan muy bien que la ley que deciden no derogar avasalla la autoridad del soberano.
Si permitimos que se imponga la premisa de elegir una falsa paz social o tregua moderada condicionada al renunciamiento de los principios y valores republicanos más puros, habremos resignado lo más importante de todo, habremos perdido la libertad.
(*) Diputado de Cabildo Abierto.
