Ramos dialogó con CRÓNICAS al respecto de la nueva plataforma Gestión Humana del Estado y las repercusiones en Uruguay Concursa. Además, hizo referencia a las posibilidades de las personas con discapacidades en los cargos públicos y opinó sobre las eventuales remuneraciones. “Tenemos que brindar servicios, simplificar trámites y diseñar la política de gestión humana”, afirmó acerca de las tareas del organismo.
-¿En qué consiste la plataforma Gestión Humana del Estado?
-Es una plataforma que integra los distintos sistemas de información que hay sobre gestión humana. Son sistemas vinculados al ingreso de las personas, el registro de vínculos con el Estado. También se sabe cuándo entraron, con quién trabajan y qué funciones cumplen; además de saber en qué lugares trabajó, qué evaluaciones tiene y todo lo vinculado al legajo del funcionario hay que tenerlo digitalizado. Esa información debe estar integrada con la que maneja el Ministerio de Economía y la habilitación de créditos presupuestales, que habiliten cuando se modifica el salario de las personas. Es decir que en una misma plataforma, el Servicio Civil incorpora la carrera del funcionario, la contaduría de la liquidación de sueldos y las evaluaciones.
-¿Cómo se está trabajando con Uruguay Concursa?
-Las modificaciones son varias. Por un lado, el primer producto de la digitalización cuenta con dos partes que tienen que ver con Uruguay Concursa; la gente que concursa puede completar de manera digital su currículum y una vez autenticado no hay que volver a entregar el formulario. Por otro lado, para las personas con discapacidad se incluyeron campos para completar el tipo de discapacidad, principalmente para la infraestructura que necesitan. Otra modificación en cuanto a los ingresos es que simplificamos y digitalizamos los trámites. Los expedientes van y vienen, se pide mínima información muchas veces, no están bien estandarizados y, por lo tanto, demora mucho.
-¿Considera correcto que el ingreso a un empleo público sea mediante sorteo?
-Hoy en día es la norma y no lo creo correcto porque eso no te asegura tener a los mejores. Lo que nosotros queremos mediante las modificaciones es que la norma sea de oposición y méritos. Uno tiene que estudiar para dar examen e implica un esfuerzo del que se va a presentar, no es simplemente presentarse por méritos a ver si queda. En ese caso, se presenta una cantidad de gente, a excepción de que sea un cargo de mucho conocimiento aplicado. Cuando se pone un concurso de oposición disminuye la cantidad de gente y no se acude al sorteo.
-En ese sentido, ¿cree que las remuneraciones van acorde con el puesto?
-En absoluto, es un descalabro total y no tiene nada que ver la remuneración con el puesto. Por un lado, no está bien definida la ocupación a desempeñar, es el esfuerzo que hicimos que va a ir conjunto con la carrera administrativa y es identificar qué hacen las personas. Estamos hablando de dos ministerios de administración central, que es competencia del Servicio Civil, lo que no quiere decir que no haya otros organismos que estén mirando con interés el sistema de carreras que tenemos, por ejemplo, ASSE.
Con la modificación inmediata empezamos por los ministerios, porque las empresas públicas tienen sus regímenes y estatutos. Identificamos ocupaciones y las valoramos con puntaje, al que se le indica una línea salarial. Los salarios van a estar alineados al valor que tiene la ocupación, no como ahora que el salario está tributado a cuántas compensaciones tiene el lugar de trabajo más que al valor que agrega a la sociedad. También puede estar asociada a un montón de compensaciones como tickets de alimentación caros, porque se hacía una tarea especial, viáticos y demás, se fue desvirtuando completamente.
-¿Qué valoraciones hacen hacia el cierre del año?
-Nos hemos planteado cambiar de paradigma; ser una oficina cerrada a la ciudadanía que no se conoce y el esfuerzo que estamos haciendo es abrirnos. La idea es que los ciudadanos y funcionarios sientan que estamos cerca, trabajando para hacerles la vida más fácil. Tenemos que brindar servicios, simplificar trámites y diseñar la política de gestión humana. No se sabe si están faltando mujeres en materia de tecnología e información, entonces, para planificar y tener mejores políticas hay que tener buenas plataformas de información. Hay que evaluar mejor a los funcionarios, hoy es un desastre. Se debe capacitar y modernizar, no solo controlar cuando algo es legal o no. Para eso generamos tres grandes productos: la carrera, el sistema de digitalización y un sistema de evaluación de las personas que tenga sentido. Son proyectos que están en marcha, en algunos ya se están implementando planes pilotos.
“Una modificación legal arriesgada y fuerte”
-¿Cómo se acompaña el ingreso de las personas con discapacidad?
-Existen cuotas en las que nosotros hicimos una modificación legal arriesgada y fuerte pero nos parecía la única forma de poder avanzar en esta materia. Lo que hicimos fue adquirir la potestad de bloquear a los organismos que incumplen flagrantemente con las cuotas. Eso lo hicimos en la última Rendición de Cuentas. Además, en cuanto a los operadores laborales, preparamos a las personas con discapacidad de la mano de la Universidad de la República en convenio con el Mides para que logren integrarse a su ámbito de trabajo. También capacitamos a los tribunales para que sepan manejar el tema con sensibilidad y que estén atentos para respetar las cuotas.
