Las tarifas de OSE aumentaron a comienzo del año a lo que se sumó la suba de costos variables y fijos. Se entiende que dicho aumento se debe a que OSE busca efectuar más inversiones para el tratamiento de aguas, que según se estima, costarán 120 millones de dólares. Por su parte, la oposición considera que los fondos deben buscarse de otros orígenes y no a través del consumo.
Por Joaquín Requena | @ReqJ
El 15 de diciembre de 2016 el ministro de Economía, Danilo Astori, anunció que habría una suba de las tarifas públicas. El año 2017 comenzó con aumentos en el precio de Ancap, UTE, Antel y OSE; este último con un incremento del 8,2%. La suba en cuestión correspondía al costo variable de la tarifa de agua, es decir, un costo asociado a la cantidad usada. Agregado a ello, OSE tuvo una suba complementaria del 7,3% en su cargo fijo, entendido como las conexiones de agua, y que depende del diámetro de las cañerías instaladas.
La polémica que se abrió esta semana fue porque el aumento del cargo fijo de menos de dos cifras es visto a nivel general, pero en casos no comerciales el aumento es del 42,8%.
El costo del cargo fijo también varía acorde al tipo de instalación, ya sea comercial, residencial o industrial. En términos de promedio, esta suba se traduce en el aumento de su cargo fijo del 18% para casas de familia y para comercios alrededor de un 16%. Según explicó el presidente de OSE, Milton Machado a Subrayado, esto consiste en “un aumento adicional de $ 40 en el cargo fijo al 90% de los hogares en todo el país”.
Obras
El diputado del Partido Colorado, Tabaré Viera, habló con CRÓNICAS sobre los motivos tras la suba en la tarifa del agua. “La necesidad viene de hacer más inversiones”, dijo Viera, quien considera que “OSE es la empresa pública que está necesitando más inversiones”.
Las nuevas obras que planea desarrollar OSE buscarán mejorar la calidad del agua potable, y le insumirá una inversión de alrededor de 120 millones de dólares. “Según el informe que nos hizo el director de oposición el último aporte fue de 24 millones de dólares”, explicó Viera. Cabe recordar que a fines del 2016 se decidió emplear recursos del Fondo de Estabilización Energética de UTE para hacer un aporte adicional a Rentas Generales.
“Hoy pesa 1,2%, o sea que por cada 10% de aumento de OSE, es 0,12% de aumento del IPC.” – Isaac Alfie.
“En todos los casos fue excesivo el aumento a las reales necesidades de los organismos”, así describió la suba de tarifas a CRÓNICAS el integrante del Directorio de OSE por la oposición, Vilibaldo Rodríguez. El jerarca votó contra la suba y, según detalló, lo hizo porque “no había recibido la información para poder estudiarla”, y porque ve el agua como “un derecho esencial” y por ende los recursos para proveerla “los tienen que dar el Ministerio de Economía y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto”. Si bien Rodríguez reconoce la situación adversa de OSE, le parece que el empuje inversor “lo está pagando el consumidor y no rentas generales”.
A su vez, el diputado Viera sostuvo que la inversión de OSE “tiene que ser contemplada dentro del presupuesto nacional”, basándose en la situación deficitaria del organismo de 32 millones de dólares. Agregó, a su vez, que las políticas sociales le resultan muy difíciles de atender porque “una empresa tiene que cerrar sus números”.
“OSE es la empresa pública que está necesitando más inversiones”
Con aprecio
Recordando los posibles efectos de la suba tarifaria de comienzos del año, la competitividad era de los aspectos comerciales más perjudicados, así lo veía el presidente de la Cámara de Industrias del Uruguay Washington Corallo. Al subir el precio de un servicio público, se puede trasladar a los costos de los demás bienes y servicios, y quizás generar presiones inflacionarias.
El ex ministro de Economía, Isaac Alfie dijo a CRÒNICAS acerca de las presiones inflacionarias que podrían producir estas subas, que “en realidad OSE pesa muy poquito en el IPC”. “Hoy pesa 1,2%, o sea que por cada 10% de aumento de OSE, es 0,12% de aumento del IPC.” Este aspecto entonces no resulta tan contraproducente para una variable económica que el gobierno ha trabajado para controlar desde que cruzó la barrera de los dos dígitos a principios de 2016.
