Por Luis Almagro (*) | @Almagro_OEA2015
El actual escenario regional y mundial es complejo y cambiante, como nunca antes en la historia, caracterizado por una concurrencia de crisis tanto endógenas como exógenas que se proyectan como son: la pandemia del covid-19, la invasión rusa a Ucrania, el cambio climático, la desigualdad, la pobreza, la pérdida del empleo y la crisis alimentaria; junto con una creciente erosión del Estado de derecho, el debilitamiento institucional y la presencia del autoritarismo.
Específicamente, el autoritarismo en América Latina es un tema muy vigente en la agenda regional, que plantea enormes desafíos a la democracia, a los países, gobiernos y a todos los ciudadanos del hemisferio; incidiendo directamente en el desarrollo y estabilidad de nuestras democracias, la gobernabilidad de nuestros países, la prosperidad de nuestras economías y sobre todo el bienestar y el ejercicio de los derechos de los ciudadanos de la región.
Lamentablemente, nos ha tocado ser testigos -de forma excepcional- de cómo los regímenes autoritarios buscan amordazar a los pueblos, quebrarlos y mantenerlos en la miseria, pero, asimismo, de muchas otras diversas formas de ataques a la democracia.
Obviamente, el encarcelamiento de opositores rompe el tejido social, acrecienta y ensancha las diferencias, polariza y radicaliza las posiciones políticas, obstaculizando la existencia de acuerdos mínimos que mejoren la calidad de vida y el bienestar de los ciudadanos.
La existencia de presos políticos es una afrenta intolerable para la democracia de nuestro continente. Ignorar o tolerar este tipo de prácticas autoritarias es una infamia que no tiene espacio en este momento de nuestra historia. Las dictaduras no son compatibles con los valores y principios de la Carta Democrática Interamericana. Denunciar estas violaciones es un deber democrático al que no podemos abdicar.
Es evidente ante la región y el mundo cuando se mantiene secuestrada la democracia, cuando no existe respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales; si el acceso al poder y su ejercicio no se ajustan a derecho; si se oprime a los partidos y organizaciones políticas; cuando no hay separación e independencia de los poderes públicos; si existe una institucionalidad capturada y maniatada con la intencionalidad de perennizarse en el poder de forma arbitraria, todas variables que buscan consolidar un Estado criminal y dictatorial.
Una de las características principales y esenciales de un Estado de derecho es la limitación y el control del poder, que se efectúan por medio de su división. Lord Acton decía: “El poder tiende a corromper, y el poder absoluto corrompe absolutamente”.
La limitación al poder es justamente la división de poderes, división que funciona como pesos y contrapesos políticos y jurídicos en la gobernabilidad de un país.
Los controles y contrapesos, también conocidos como controles y equilibrios y balances, –checks and balances-, son relaciones mutuas de autoridad que les permiten a los poderes controlarse unos a otros y resistir recíprocas intromisiones, limitando a todos dentro de sus propias esferas.
El autoritarismo es un cóctel peligroso que ha demolido sistemáticamente a las instituciones democráticas a través de discursos populistas, soberanistas, nacionalistas, cargados de retórica ideológica de sus gobernantes, quienes lejos de solucionar los problemas de sus naciones los han acrecentado y agudizado, lesionando gravemente la capacidad de las personas de acceder a una vida digna y en libertad en estos países.
La cooptación del poder público en cabeza del gobierno y la erosión del Estado de derecho generan un ambiente propicio para la comisión sistemática de graves violaciones de derecho humanos.
A esto se le suma en los regímenes autoritarios regionales un prolongado debilitamiento de las instituciones democráticas por la concentración del poder en el Ejecutivo, la falta de independencia del Poder Judicial y los ataques al Legislativo, la instalación del estado policial en que los opositores políticos son reprimidos por fuerzas de seguridad y grupos paramilitares afines.
La expresión más extrema de esta carencia de libertades y el colapso democrático frente al autoritarismo en estos países de América Latina es la presencia de presos políticos, con la finalidad de ocultar y acallar a las voces críticas, encarcelando a sus adversarios y opositores, como también someterlos a procesos penales carentes de garantías procesales y en los que se les imponen penas desproporcionadas e ilegítimas.
La tendencia es preocupante. Los presos políticos, en la región, quienes sufren actos de hostigamiento, persecución a través de medios de comunicación, destitución de cargos públicos a políticos disidentes, inhabilitación política, allanamientos irregulares a la propiedad privada y aquiescencia frente a actos violentos en contra de miembros de la oposición y, en general, de quienes expresan su disenso.
La presencia de los regímenes autoritarios no solo ha afectado negativamente a esos países, sino que sus efectos se han proyectado a la región en su conjunto.
Un efecto principal del autoritarismo es la generación de una ola migratoria sin precedentes en la región, en la cual los ciudadanos de esos países se han desplazado masivamente a los diversos países de la región a causa de la crisis económica, política y social en sus respectivas naciones.
Frente a esto, es necesario desarrollar mecanismos de articulación y cooperación entre los países de las Américas, que otorguen a los migrantes derechos y una vida digna, la articulación de sistemas nacionales de asilo viables y eficientes, con apoyo técnico y financiero, los cuales aseguren una migración bajo los principios de humanidad, corresponsabilidad entre los Estados, e integración socioeconómica de los migrantes en las comunidades de acogida.
El afianzamiento de la relación entre democracia y desarrollo asegura que los ciudadanos defiendan y protejan a las instituciones democráticas fundamentales y el Estado de derecho, frente a la emergencia de discursos populistas y demagógicos que esconden pretensiones autoritarias y antidemocráticas, como dijo el expresidente de República Checa y fundador de Forum 2000, Václav Havel: “La primera pequeña mentira que se contó en nombre de la verdad, la primera pequeña injusticia que se cometió en nombre de la justicia, la primera minúscula inmoralidad en nombre de la moral, siempre significarán el seguro camino del fin”.
Sin bien América Latina de manera mayoritaria es una región democrática, la resiliencia democrática regional debe orientarse no solo a la organización periódica de procesos electorales, sino al fortalecimiento del acceso y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales que aseguren una vida cívica bajo parámetros de libertad y pluralidad y a la vez la posibilidad de una vida digna y un desarrollo integral para los ciudadanos de nuestra región.
No se puede concebir una democracia resiliente que no sea dialogante en esencia. Por ello, el diálogo es un pilar fundamental del sistema democrático, constituyendo un antídoto efectivo frente a la polarización, el fanatismo y el extremismo, que busca posicionarse en América Latina.
Lo hemos dicho antes y lo ratificamos hoy, la democracia regional demanda fortalecer su esencia. Los problemas de la democracia solo pueden ser resueltos con más democracia, nunca con menos; tampoco podemos permitir que normalicen las posturas autoritarias, autocráticas y totalitarias; permitir eso sería perder nuestra dignidad como seres humanos y nuestra libertad como bien supremo.
En términos amplios, es importante considerar nuevas y más profundas formas de participación, la horizontalidad y la emergencia de nuevos derechos, el valor de lo local, la solidaridad y la cercanía en la toma de decisiones; todos estos aspectos complementan y fortalecen una democracia más plena y sustantiva.
Nuestra democracia regional necesita reforzar permanentemente la calidad y transparencia de las elecciones, como la vía idónea a través de la cual la ciudadanía expresa sus decisiones respecto a la elección de sus gobernantes y a los asuntos de interés general para una sociedad.
(*) Secretario general de la OEA.
