En diálogo con CRÓNICAS, Pablo Caggiani, maestro e integrante de la Comisión Directiva del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), habló acerca de lo que se observa y espera en cuanto a la reforma educativa que entrará en vigor el próximo mes. A su vez, hizo alusión a los niveles de exigencia y a las medidas adoptadas por las autoridades en cuanto a la repetición del alumnado y declaró que esta reforma es “exclusiva de este gobierno”.
Por Mateo Castells | @teocastells
En la educación, como en su momento se cambiaron las tizas por los marcadores y los cuadernos por pantallas, este año, con el inicio de los cursos, cambiarán otros aspectos y se pondrán a funcionar nuevas prácticas.
El actual gobierno, en lo que respecta a educación, asumió su mandato con un diagnóstico de carácter político en el que enmarcaba a la educación dentro de una situación crítica, a pesar de que los indicadores, tanto en lo que tiene que ver con la cobertura y la cantidad de estudiantes matriculados, eran buenos.
Para la oposición, ese diagnóstico, pese a que en ese momento persistían determinados desafíos relacionados con la finalización de la educación media superior y la inequidad de aprendizaje, era erróneo y no concordaba con los diagnósticos técnicos sustantivamente diferentes que elaboró Eduy21. A su vez, la misma organización reconoció una serie de avances en la materia, realizados en los últimos períodos de gobierno del Frente Amplio (FA).
Desencuentros entre las partes
Robert Silva, en una nota con CRÓNICAS publicada en la edición del 17 de febrero, afirmó que “la oposición se equivoca al decir que los niveles de exigencia bajaron”, aludiendo a los reiterados argumentos y posturas respecto a las medidas adoptadas en cuanto a la repetición del estudiantado.
Para Pablo Caggiani, esto no es un problema de opinión, sino algo que “está escrito así en las resoluciones”. La resolución de las autoridades lo que hace, a su entender, es generar mayores niveles de promoción a partir de bajar determinadas condiciones que tenía el reglamento de pasaje de grado.
A lo largo de estos años, la repetición era el último recurso que tenían los docentes para garantizar los aprendizajes. Según Caggiani, el hecho de eliminarla y no colocar más recursos que den más tiempo y garantías para aprender, antes de repetir, la única consecuencia que trae es la baja de los niveles de exigencia, lo que mejorará las estadísticas sin intervenir sobre los niveles de aprendizaje.
“No hay un fortalecimiento de las propuestas que permitan a los estudiantes no recursar pero sí aprender. Lo que se elimina es la repetición, pero no se trabaja sobre el problema en sí”, aseveró.
A su vez, el entrevistado puntualizó en la “lógica de antagonismo permanente” que las autoridades han adoptado con los docentes, que no solo está relacionado con la administración y al sumario a los docentes de San José. A su entender, se coloca a los docentes como parte del problema, en vez de que sean parte de la solución.
Lo que se observa desde el lugar de la oposición es que la reforma plantea cambiar los programas, pero además de querer hacerlo rápido, tiene una limitación temporal y presupuestal. Desde Eduy21, a principios de 2019, manifestaron que para blindar el cambio educativo era necesario aumentar el presupuesto del área en 1% del Producto Bruto Interno (PBI), algo que hasta el momento no se ha hecho.
Las aguas divididas y una reforma exclusiva del gobierno
Uruguay tenía, hasta este gobierno, una tradición en materia de educación donde el gobierno que asumía se apoyaba sobre las bondades del anterior. Sin importar quiénes fueran los distintos actores, esta tendencia se reiteraba.
Un claro ejemplo de ello son los acuerdos multipartidarios del 2010, en los que surgieron la UTEC, la extensión del tiempo pedagógico y la necesidad de la descentralización de la educación universitaria. Hay una serie de consensos en el sistema político que no fueron utilizados para motorizar la transformación educativa.
El entrevistado afirmó que este gobierno entiende que la política educativa es una política del gobierno, lo que es un error, según su visión, porque la política educativa necesita tiempo, pero además requiere de la sostenibilidad de los cambios.
“Es una política que está asociada al período de gobierno y eso en política educativa es algo muy malo, porque eso implica que vamos a seguir teniendo tensiones cuando termine este gobierno, sobre cambios que no son viables y va a haber que trabajarlo en términos políticos, académicos y de prioridades presupuestales”, declaró Caggiani.
