La Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas, junto con la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, dio inicio al ciclo “Diálogo con Protagonistas”, en el que se trató el Decreto 371/2022 que entró en vigor el día 1º de marzo. Estuvo presente el inspector General de Trabajo y Seguridad Social, Tomás Teijeiro, quien expuso distintos lineamientos y opiniones acerca de la nueva normativa.
En el salón de actos de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay, el pasado miércoles 1º de marzo, se llevó a cabo la primera instancia del ciclo impulsado por la Sociedad de Gestión de Personas.
Fernando Carotta, director ejecutivo de la Red de Empresas Inclusivas, estuvo presente en la conferencia junto a Tomás Teijeiro, y en su oratoria destacó que “la sociedad a lo largo de estos años ha tratado de poner en la agenda los temas que entendemos y que recibimos como inquietudes desde los funcionarios de recursos humanos”.
En la misma línea, Carotta declaró que, en cuanto al decreto existe un “consenso desde un punto de vista general” entre los especialistas del Derecho. “Esto viene a ordenar y a marcar nuevas reglas de juego, en función de la realidad del país y de 2023”, remarcó.
A propósito de la entrada en vigencia del decreto 371/2022, que el Poder Ejecutivo dictó el 16 de noviembre de 2022 y que viene a actualizar la normativa del año 1977, Teijeiro declaró que el decreto marca la reorganización de la Inspección General del Trabajo y significa una actualización en las normas que controlan el procedimiento administrativo en materia laboral.
El funcionario, a su vez, recalcó los “procedimientos claros” que se especifican en la norma, que reunifican las normas ya existentes en materia laboral y de regulación -dejando sin efecto algunas de ellas-, y simplificando y aclarando determinados aspectos. También dijo que el nuevo decreto aporta “modernidad” y establece la posibilidad de moverse con “mayor dinamismo” al utilizar la tecnología como herramienta fundamental.
Además, puso énfasis en que es “un gran avance”, dado que es un decreto que otorga “certeza” tanto a los administrados como a los trabajadores y empresas, y marca una hoja de ruta por donde se deberá transitar en los próximos años en lo que refiere a los procedimientos administrativos que regulan el ámbito laboral.
La nueva norma, según entiende Tomás Teijeiro, buscará proteger los derechos de los implicados, contemplando al empleado y al empleador, para así otorgar “mayor certeza jurídica”.
