Gustavo Licandro, economista y exsubsecretario de Economía
La rebaja del IRPF y del IASS que fue aprobada por el Parlamento esta semana no estuvo exenta de críticas por parte de diversos economistas. Es el caso de Licandro, quien entrevistado por CRÓNICAS advirtió que las cuentas públicas de los últimos meses han comenzado a mostrar un leve deterioro, por lo cual se preguntó: “¿Qué pasará cuando la situación fiscal se deteriore? ¿Volveremos a aumentar el IRPF o el IASS?”. Por otro lado, explicó por qué entiende que el mercado laboral debería ser más flexible y que el tamaño del Estado tendría que reducirse.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
-¿Qué expectativas maneja para la economía este año?
-Todo indica que será un año de crecimiento económico leve, de entre 2 y 2,5%. Venimos de la recuperación pospandemia y eso explica el comportamiento de 2022 con un crecimiento promedio superior al 5%, aunque declinando hacia el último trimestre. Esto implica que la Administración deberá ser particularmente prudente con las finanzas públicas ya que el crecimiento de recaudación vinculado a la actividad se frenará. También habrá que observar el comportamiento del empleo que, con bajo crecimiento, seguramente frenará su expansión anterior. Y cuidado con una caída de puestos de trabajo.
Respecto a otras variables como la inflación, seguramente será un año más tranquilo que los anteriores. En el resto del mundo los niveles inflacionarios están cediendo, el impacto sobre precios de la guerra en Ucrania también está cediendo, por lo que la inflación importada seguramente será menor a 2022.
-Usted ha cuestionado la rigidez del mercado laboral. ¿Sigue pensando que sería necesario eliminar los Consejos de Salarios y el Salario Mínimo Nacional? ¿Por qué?
-Sin dudas sería positivo para el país. Más libertad en las negociaciones laborales permite subas o bajas del salario real dependiendo del mercado, actividad, precios, y evita que el empleo sea la variable de ajuste. Cuando el sector público o el gobierno aseguran la evolución del salario real no se preocupan por el nivel de empleo. Cuando hay crecimiento y la actividad económica crea puestos de trabajo, estamos todos contentos y pasa inadvertido. Lo que nadie dice es que, con o sin Consejos de Salarios, en esa coyuntura seguramente los salarios habrían subido de cualquier manera. Pero cuando la economía se enlentece o cae, los Consejos de Salarios son ciegos a la cantidad de personas empleadas. Los Consejos de Salarios solo protegen a quienes tienen empleo. Los desocupados miran con la ñata contra el vidrio. Y sus familias la pasan mal.
Respecto al Salario Mínimo Nacional, máxima expresión del paternalismo, no hay dudas de que su principal resultado es la destrucción de empleo o la promoción de las changas y el trabajo informal. Pero no me pregunten a mí, pregunten a cualquier desempleado, no accede a un trabajo formal simplemente porque existe una barrera tan alta que no la puede saltar.
-¿No queda el trabajador asalariado —principalmente los menos calificados y de menores ingresos— en una situación de vulnerabilidad, en la que factiblemente vaya perdiendo poder adquisitivo?
-Más vulnerables quedan las personas cuando no pueden tener un trabajo formal. Quien está desempleado tiene derecho a poder trabajar y a resolver por qué salario hacerlo. Un burócrata o un sindicalista que fija niveles salariales provocando que personas queden desempleadas me resulta un tremendo acto de soberbia.
-¿No se produciría una convulsión social por el rechazo a esa medida, generando más perjuicios que beneficios?
-No creo. En los 90 y en un proceso bien diseñado y exitoso, se limitó primero y se eliminaron después las negociaciones tripartitas y los Consejos de Salarios. Se mantuvo la suscripción de convenios colectivos, cuando las partes privadas así lo disponían. El resultado en aquellos años fue claro: el salario real subió acompañando el comportamiento de la economía, el desempleo cayó sustancialmente por igual razón y la conflictividad se redujo a niveles mínimos. Los trabajadores y los empresarios se preocuparon por sus intereses y sus familias, sin depender de ningún paternalismo.
Perdieron los sindicalistas y las cámaras empresariales, cuyo poder cayó como un piano desde un piso 10 al no reunirse para resolver desde el Olimpo los salarios, condiciones de trabajos y otros beneficios de los trabajadores. También perdieron los burócratas que manejaban desde el Estado toda esta maraña regulatoria y también perdieron los políticos que no pudieron prometer aumento de salario real para después quedar rehenes de sus dichos.
-¿Qué opinión le merece la decisión del presidente Lacalle Pou de bajar la tributación de IASS e IRPF? ¿No debería buscarse algún alivio tributario que impacte en sectores de la sociedad que realmente lo necesiten, como han dicho algunos economistas?
-Yo siempre fui crítico de la reforma tributaria que instaló el IRPF. En 2009 y sin éxito promoví su eliminación, cuando la recaudación aún era muy baja y el impacto negativo del impuesto era innegable. Hoy, casi 15 años después, el IRPF y el IASS recaudan en el orden de 4 puntos del PIB, así que estamos lejos de aquel objetivo.
Pero para responder hay que analizar el contexto fiscal actual. El resultado fiscal de 2022 mejoró respecto al año anterior por una mayor recaudación, porque los salarios públicos en promedio aún muestran una caída en valores reales y porque la inversión pública total se mantiene en niveles contenidos. ¿Cómo será 2023? Dado que el crecimiento será menor, seguramente la recaudación se frenará respecto al 2022, los salarios públicos habrán de aumentar en promedio ya que así está comprometido en la Ley de Presupuesto y entramos en épocas electorales, por lo que la inversión pública aumentará. De hecho, las cuentas públicas de los últimos meses empiezan a mostrar un leve deterioro.
Así que el argumento del anuncio del gobierno es al menos incomprensible ya que, por el mejor resultado de un año, se anuncia una rebaja impositiva permanente. Es como ganar a la quiniela una vez y resolver asociarse al mejor club deportivo de la ciudad para siempre. Confunden gordura con hinchazón. Es muy riesgoso.
¿Qué pasará cuando la situación fiscal se deteriore? ¿Volveremos a aumentar el IRPF o el IASS? ¿Emitiremos dinero y tendremos más inflación? ¿Nos endeudaremos trasladando el impacto de la irresponsabilidad a nuestros hijos y nietos, como otras veces? Seguramente sucederá lo último.
-El gobierno definió una nueva institucionalidad fiscal buscando cuidar las cuentas públicas. ¿Es suficiente con lo establecido o al final del día el cumplimiento dependerá de la voluntad política del gobierno de turno?
-La institucionalidad aprobada es correcta. La venimos planteando sin éxito desde fines de los 90. De todos modos, no tiene la fuerza suficiente como para limitar el gasto en la fase expansiva del ciclo económico por lo que, al final, cuenta la convicción y voluntad del gobierno del momento.
-Usted ha manifestado que se requiere reducir el tamaño del Estado. Específicamente, ¿a qué se refiere? ¿Por dónde deberían venir esos recortes?
-Este tema no admite eufemismos. Hay que reducir el peso del sector público desde el entorno actual del 35% del PIB al orden del 25%, nivel en que lo encontró el Frente Amplio (FA) al llegar al gobierno. Y tengamos presente que al inicio de los 90 llegamos a un gasto público total del 22% del PIB.
A partir de 2005, años de expansión de actividad económica y el aumento de recaudación disimularon la irresponsabilidad de la política fiscal de esos 15 años, con una incontinencia fiscal notable.
Pero, volviendo a la pregunta, no hay otra vía que la reducción de funciones del sector público, de regulaciones, del número de ministerios que, en todos los casos, permitirá una disminución de la cantidad de funcionarios públicos. Nadie discute por qué Turismo, Vivienda, Industria y Ambiente tienen nivel ministerial. Seguramente no tengo la verdad revelada, pero nadie se anima a discutir y analizar estos asuntos.
Como ya está dicho, para reducir el Estado es necesario estar convencido, estar decidido a implementar una reforma de este tipo y, finalmente, estar dispuesto a enfrentar la tormenta política que seguramente traerá.
Y la magnitud del tema alcanza a las intendencias municipales, cuyo número se remonta a épocas con escasas comunicaciones, otra realidad. No tiene sentido alguno que haya 19 gobiernos municipales. Lo mismo sucede con las empresas públicas, algunas de las cuales no deberían existir, y otras tienen actividades empresariales que decididamente no corresponden al sector público. Y decenas y decenas de institutos y agencias para los cuales sus defensores siempre encontrarán una justificación cuando, la verdadera y principal, es generar una plantilla y llenarla de funcionarios públicos.
Con esa presión fiscal es como tratar de acelerar un auto con el freno de mano puesto, es imposible avanzar y desarrollarnos en serio.
-¿Hay perspectivas de reforma del sector público?
-Mi percepción es que no hay ninguna posibilidad en el corto plazo. Desde 2005 hasta hoy hemos tenido administraciones de centroizquierda, incluyendo al actual gobierno, por lo que todos discuten quién hace mejor las mismas cosas. No hay ningún planteo que conmueva o haga pensar y genere debate.
“El FA se opone a la reforma porque es parte del juego político, pero bien podrían haber propuesto este mismo proyecto”
-¿La reforma de la seguridad social va en el camino correcto?
-Algunos ingredientes del proyecto van en sentido correcto como el aumento de la edad y la homogeneización de los regímenes particulares. Pero no es una reforma que toque aspectos fundamentales que permitan darle sustentabilidad al sistema mixto de capitalización y reparto. Y el impacto positivo está muy diferido en el tiempo. Por otro lado, el impacto inicial de este proyecto será el aumento de egresos públicos por la instalación inmediata de los complementos solidarios, por lo que de entrada la situación fiscal empeora, en vez de mejorar. El FA se opone a esta reforma porque es parte del juego político, pero bien podrían haber propuesto este mismo proyecto.
Creo, ojalá me equivoque, que habrá otra reforma al sistema de seguridad social antes de ver los efectos positivos que esta tendrá sobre las cuentas públicas.
“La política del BCU exacerbó el atraso cambiario, pero no es la principal causa”
-¿Cómo evalúa la política monetaria adoptada por el Banco Central (BCU), que ha sido muy criticada por diversos economistas, pero también por algunos sectores productivos, por entender que la suba de tasas ha llevado a la baja del dólar?
-Estoy dentro de quienes han criticado la política del BCU y las tasas de interés. Esa decisión exacerbó el atraso cambiario. Pero no es la principal causa. El atraso cambiario también tiene una explicación en el déficit fiscal, por el exceso de gasto, que se financia con deuda pública. Ello implica ingreso de capitales, mayor oferta de dólares y la consiguiente presión a la baja del tipo de cambio. Si, además, hay ingreso por mayores exportaciones de bienes y servicios, entonces el resultado es bastante obvio. Entonces, hay exceso de pesos y el BCU sube sus tasas para esterilizar, pero lo que realmente provoca es más ingreso de dólares al mercado.
El problema es que esta situación de pérdida de competitividad está resuelta por el gobierno desde la propia elaboración y aprobación de la Ley de Presupuesto en 2020. Allí quedaron escritos y con fuerza de ley los compromisos salariales con los funcionarios públicos, la creación de un ministerio, de nuevas oficinas públicas y muchos incrementos de gasto público. No previeron ni un solo instrumento que permitiera reducir la estructura estatal y, de manera estructural, el déficit fiscal. Así que al momento de largar ya sabíamos que el camino era crecimiento de deuda pública y más atraso cambiario. Y nada hace prever un cambio en los próximos años.
Seguramente nadie se lo explicó al presidente de la República, aunque todos sabían perfectamente que así funcionarían las cosas.
