Por Alfredo Asti | @AlfredoAsti
El Sr. presidente de la República anunció ante la Asamblea General su prometida rebaja tributaria del IRPF y el IASS.
Un escenario con grandes expectativas se generó previo a la comunicación de estas medidas, para luego dar paso a importantes divergencias en cuanto a su valoración.
Oportunidad, alcance, sustentabilidad, priorización, insuficiencia, primera vez que se bajan tributos, etc. estuvieron rondando los comentarios de analistas, actores políticos y simples usuarios de las redes sociales.
En definitiva: ¿cómo se puede considerar, desde la posición como ciudadano integrante de la oposición, estas medidas?
Lo decíamos antes, la promesa de bajar impuestos (IASS e IRPF) fue un compromiso de campaña. Su alcance y oportunidad no estaban precisamente definidos, aunque el presidente el año pasado había comprometido para este año una baja si el PIB crecía por encima del 3,5%, lo que efectivamente pasará cuando se cierren los números de 2022, pese a una notoria disminución del crecimiento en la segunda parte del año y el primer trimestre actual. Es entonces esta la primera discusión sobre la oportunidad. No parece poder asegurarse un crecimiento futuro más allá de la tendencia potencial del país en el entorno del 2%. Esto ha sido señalado por economistas de todos los signos. Los efectos de la actual sequía podrían incluso empeorar estos registros. Esto podría afectar los equilibrios fiscales y retacear recursos para áreas y políticas públicas más priorizadas. Respecto a la oportunidad también podemos decir la incongruencia de estar debatiendo una reforma jubilatoria (que no es de seguridad social) por una declarada necesidad de controlar los egresos por pasividades por la insuficiencia de ingresos propios para sostener el pago de estas y, además de no plantear ninguna nueva fuente de mayores ingresos, se renuncia a varias decenas de millones de dólares de un tributo destinado exclusivamente a asistir a la seguridad social.
Nosotros podríamos concluir que la oportunidad está más estrechamente vinculada a la necesidad de tratar de revertir una situación política desfavorable por acontecimientos de pública notoriedad (casos Marset y Astesiano, inflación, pérdida de valor real de salarios y pasividades, etc.), medidos a través de las últimas encuestas.
Un segundo punto de estas reflexiones es el universo de beneficiarios de las medidas. Seguramente, el despliegue mediático oculta que es una minoría de la población la beneficiada por estas “rebajas”. Si partimos de que la gran mayoría de los trabajadores y pasivos ya no pagan estos impuestos, es obvio que quedan fuera del beneficio. Pero cuando se dice que esto le deja “más plata en el bolsillo de la gente”, se lo está identificando con toda la gente y no solo con un cuarto de la población, que es a quienes les beneficiarían en algo estas modificaciones. Cabe acotar que el total de cotizantes a la seguridad social es de 1,5 millones de personas.
Para actuar sobre estos dos impuestos se tomaron caminos distintos.
Para el IRPF se optó por ampliar las deducciones por hijos y costo de vivienda, aumentando el monto y el tope para determinados salarios (los más bajos). En lo personal, reconozco que, de las soluciones posibles para bajar la tasa efectiva del IRPF, esta resulta más justa, ya que atiende la diferente capacidad contributiva de quienes tienen más hijos. Se discute aún el alcance en cantidad de contribuyentes que tendrá esta medida, pero se anunció que en principio implicará que 63 mil trabajadores (los de menores ingresos y más deducciones) dejarán de pagar el impuesto (con rebajas de menos del 1%). Muchos de ellos comenzaron a pagar el impuesto por el cambio de criterio de ajuste de las BPC (por IMS en lugar del IPC), que disminuyó los topes de montos no imponibles y franjas.
Para el IASS, la solución fue distinta y abarca al total del universo de contribuyentes (que son alrededor del 25% del total de pasivos). La solución aquí fue aumentar el mínimo no imponible (la principal deducción) de 8 a 9 BPC mensuales y también aumentar el tope deducible por costo de vivienda (alquiler o cuotas de compra) de 6 a 8%. Según lo anunciado por el Poder Ejecutivo, esta medida dejará fuera del tributo a unos 20 mil pasivos (de un total de 750 mil) y beneficiará por igual con $ 566 tanto a los que perciben pasividades de $ 60.000 como de $ 300.000 o más (de estas hay más de 2.000 y algunas con conocidos nombres propios). Se puede agregar que esta rebaja alcanza a pasividades que cobran más que lo aportado y por lo tanto aumenta el subsidio a las mismas y ninguna puede ser considerada pobre.
Aquí la capacidad contributiva no se tomó para nada en cuenta, ya que la población de más de 65 años es la que tiene menores índices de pobreza, aproximadamente, 2%.
Si hablamos claramente y con los números sobre la mesa, podemos decir que la rebaja impositiva de ambos tributos es acotada, pues solo beneficia a un conjunto reducido de la población que precisamente no es la más vulnerable ni sufre las condiciones de pobreza. También podemos agregar que la eliminación de la devolución de 2 puntos adicionales de IVA a compras con débito en abril de 2020 y el ajuste de la BPC por IMS en 2021 y 2022, financian esta rebaja.
La priorización del gasto tributario (por resignación fiscal) es más que discutible cuando hay sectores como los menores de edad que vieron aumentados sus porcentajes de pobreza del 16 a más del 22% en las últimas mediciones. Si efectivamente hubiera un margen para una reducción tributaria que significara un menor ingreso equivalente a un mayor gasto, este debió atender a otros sectores.
Posibilidades hay y varias.
Si se quería afirmar la baja en la presión tributaria se podría ir a tributos al consumo que afectan a la mayoría de la población. Se podía haber revertido la medida que tomó este gobierno al comienzo de su mandato, de la baja de 4 a 2 puntos de la devolución del IVA (o sea, aumento) a las compras menores con débito, medio de pago ahora generalizado y que es preferido por el 84% de las personas -según encuesta de 2021 publicada en El País- y no con las cifras de 2017 cuando recién comenzaba a exigirse el pago con transferencia. Además, dado el grado de informatización y datos sobre ingresos disponibles en el BPS, se podría ir a un IVA diferenciado según capacidad contributiva.
Pero se podía ser más directo, dejando de lado las promesas tributarias, utilizando ese monto significativo equivalente de renuncia fiscal en apoyo directo a los sectores más vulnerables de la población (con Asignaciones Familiares o el Sistema de Cuidados, etc.); sectores estos con índices de pobreza que superan largamente la media del 10,5%.
Una última consideración. Como opositor a este gobierno y habiendo sido parte activa como legislador de la discusión y aprobación de la reforma tributaria de 2006, es una satisfacción que estas medidas tributarias solo toquen algunos parámetros del sistema sin tocar su estructura, consolidando así esa reforma tributaria que ha sido tan demonizada por la actual coalición de gobierno.
Aquella reforma eliminó casi 20 tributos, bajó entre 5 y 7 puntos las tasas de los tributos al consumo (IVA+Cofis) que gravan por igual a todas los consumidores sin tener en cuenta su capacidad contributiva, sustituyó a un injusto impuesto a las retribuciones (IRP) que alcanzaba a la mayoría de la población, sin mínimo no imponible, ni deducciones, ni tasas progresionales (se pagaba igual tasa por todo el ingreso nominal), por el IRPF y IASS, que atienden a la capacidad contributiva de cada uno y dejan afuera del tributo a la gran mayoría de la población (además de extender la base imponible a otras rentas de capital y trabajo que injustamente escapaban a la tributación).
Resumiendo, pese a que el Frente Amplio votó en el Parlamento esta ley por ser un leve alivio tributario, seguimos considerando que no es oportuno desde el punto de vista fiscal, es muy inequitativo desde el punto de vista social y parece solo buscar réditos electorales.
(*) Representante del Frente Amplio en el Directorio de CND.
