Desde 2006 se encuentra en los pasillos parlamentarios el proyecto conocido como “Ley de Talles”, el cual en la actualidad nuevamente ha tomado relevancia pública tras haber sido aprobado por la Comisión de Equidad y Género, instancia que le permitió pasar a plenario. La polémica surge en relación a que su posible aprobación despierta grandes dudas tanto en comerciantes como en industriales de la vestimenta, quienes alegan que su aprobación es “inviable”, teniendo en cuenta las características del mercado en el país.
En este contexto, generado por las divergencias en el tema, CRÓNICAS dialogó con Diego Yarza, quien es representante legal de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay (CCSU), parte involucrada, que a su vez ha sido crítica con el texto en cuestión. El abogado señaló que en este caso son colectivos “minoritarios” los que se encuentran como impulsores del proyecto y después de tanto tiempo lo han vuelto a promover. Posteriormente, apuntó de forma crítica a la Comisión de Equidad y Género, la cual a su entender antes de votar el proyecto no dio paso a escuchar y analizar lo que podían decir los diferentes actores que conforman los eslabones de la cadena del mercado de la vestimenta. Resaltó, en concreto, que como CCSU solicitaron en dos oportunidades ser recibidos, sin obtener respuesta.
CRÓNICAS también se puso en contacto con el representante colorado e integrante de la Comisión de Equidad y Género, Walter Cervini. Consultado por la falta de diálogo con los actores del mercado antes del paso a plenario del proyecto, comentó que en lo personal, concretamente, hace aproximadamente dos años se reunió con la CCSU, instancia donde los representantes presentes se comprometieron a seguir brindando información. Esto, finalmente, no sucedió, y por lo tanto continuó el proceso de revisión del texto tal cual se venía manejando de legislaturas anteriores.
Según recordó el diputado, justo un día antes de la aprobación del proyecto en Comisión llegó a la misma una nota de la CCSU. La presidencia de este ámbito entendió que la llegada del documento se había dado muy sobre la fecha de votación de la iniciativa, por lo cual desestimó la posibilidad de coordinar para su recepción. De forma particular, Cervini detalló que no todos los integrantes estaban enterados de tal solicitud, por lo cual, al enterarse, al otro día gestionó junto a la también representante colorada, Maria Eugenia Roselló, una instancia de diálogo con la mencionada cámara.
Las dificultades del proyecto
En relación al texto del proyecto de ley, Yarza detalló su carácter represivo y sancionatorio, el cual, según consideró, tiene una visión asociada a “temas ideológicos” que no tratan en sí de solucionar el tema de fondo. Son estas peculiaridades las que destacó tendrán implicancias no solo en grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, sino también en los consumidores de vestimenta.
En el caso de los comercios e importadores, deben cumplir con garantizar todos los talles para todos los productos que vendan y distribuyan, sin importar cuáles sean sus características. El representante de la CCSU comentó que esto es algo muy difícil para el mercado uruguayo, ya que el mismo es “tomador de moda”, lo que significa que los importadores, más que imponer condiciones, “traen lo que pueden”. En esa línea, concluyó que “no le van a estar fabricando a medida de lo que diga un estudio antropométrico a un país de tres millones de habitantes”. Concluyó al respecto que se trata de un texto “copiado” de lo que es la ya aprobada “Ley de Talles” argentina, que fue aprobada en 2019, y según agregó, todavía hoy es “inaplicable”.
Por último, profundizó en que la Ley de Talles posee aspectos de inconstitucionalidad, ya que va en contra de los que se entiende por el concepto de “libertad de empresa”. A partir de este se entiende que cada empresa posee, por derecho adquirido a través de sus aportes formales, la posibilidad de incursionar libremente en las decisiones particulares de venta.
Pensando en el futuro
Cervini valoró que una vez que salió de Comisión, el proyecto tomó más conocimiento público y los actores involucrados pasaron a estar más pendientes, lo que facilitó un trabajo de intercambio. En ese escenario, señaló que su idea es que pueda volver a ese espacio, procurando así que se puedan hacer las modificaciones necesarias para que se apruebe, ya que se trata de una iniciativa en la que han puesto su compromiso todos los partidos.
El diputado aclaró que le resta reunirse con los demás diputados integrantes de la Comisión para ver si hay acuerdo en retomar nuevamente el proyecto en esa esfera. Esto permitiría, ahora sí, dada la repercusión que ha tomado, contar con la participación de los más diversos actores.
Consultado si en este nuevo tratamiento, desde su postura personal, seguirá sosteniendo la obligatoriedad que caracteriza a la iniciativa, el representante agregó que entiende que se “le puede dar otra perspectiva”. En relación a esto trajo a colación las posibilidades que se pueden extender a través de exoneraciones y fomento, manteniendo la idea de obtener información sobre las corporalidades de la población, cuestión ya presente en el texto existente. Estos elementos pueden significar un “primer paso” a su entender, sin tener que llegar al escenario actual que plantea la obligatoriedad. El legislador colorado reconoció que esto último implicaría problemas para determinado tipo de comercio y en determinadas partes tanto de la importación como de la fabricación. En estos términos, destacó que estará intercambiando y trabajando en un texto alternativo dada la circunstancia de que vuelva a Comisión.
Finalmente, Yarza, por su parte, reflexionó que no se necesita exclusivamente una ley para solucionar lo que tiene que ver con el acceso a la vestimenta. En esta línea, el representante de CCSU propuso el hecho de trabajar en la liberalización de la comercialización de ese tipo de talles en el campo internacional, permitiendo que no se tengan que pagar los gravámenes propios de la importación.
