Para dialogar acerca de la nueva institucionalidad fiscal implementada por el actual gobierno, CRÓNICAS consultó al economista Martín Vallcorba y al gerente de CPA Ferrere, Nicolás Cichevsky. Vallcorba criticó el diseño y la implementación de la regla fiscal, criticando que hay gastos que “se registran por fuera del perímetro fiscal”. Por su parte, Cichevsky resaltó que hay cosas que la regla fiscal “no registra y que obviamente hay que monitorear”, pero en cualquier caso, “lo central de la institucionalidad fiscal es que el tema esté arriba de la mesa”.
Por Mateo Castells
En marzo de 2020, cuando el actual gobierno dispuso sobre los escritorios del Parlamento y la Torre Ejecutiva sus principales cometidos y su hoja de ruta, planteó la necesidad de implementar una nueva institucionalidad fiscal que giraría en torno a la siguiente idea: en momentos en los que el país se encuentre creciendo por encima de su potencial, el gasto debe ser menor, y en momentos en los que el país esté creciendo por debajo de su potencial -tal es el caso de la pandemia-, el gasto debe ser mayor.
Basándose en esta idea, la regla fiscal aprobada se apoyó en tres grandes pilares. El primero de ellos fue topear el gasto real del gobierno central y del Banco de Previsión Social (BPS), que implica observar cuánto puede aumentar en términos reales el gasto público, con la lógica de que el tope es el crecimiento potencial de la economía.
El segundo pilar está vinculado al tope del endeudamiento neto del gobierno central y el BPS, lo que implica que el Parlamento habilita al gobierno a aumentar su endeudamiento en determinado nivel, que se puede dar en situaciones excepcionales, en donde el endeudamiento en el fondo es la otra cara del déficit fiscal, y ese pilar complementa el anterior.
Por último, el tercer pilar está ligado a la meta del resultado fiscal estructural.
Estas implementaciones, según Nicolas Cichevsky, lo que hicieron fue aggiornar la institucionalidad fiscal de Uruguay, que “venía bastante deteriorada”, dado que la antigua regla fiscal solamente contemplaba el endeudamiento neto y “sistemáticamente el Parlamento habilitaba a nuevos aumentos”. De esta forma, evaluó, se puso sobre la mesa un nuevo marco para discutir cuál es el estado de las cuentas públicas, y si hay margen para gastos o bajar impuestos.
Cuestionamientos a la regla
Al entender de Martín Vallcorba, la regla fiscal tiene problemas de diseño y de implementación. En cuanto a su implementación, la transparencia fue su primera observación.
“A pesar de que se le solicitó reiteradamente al Poder Ejecutivo, en particular al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en las distintas comparecencias al Parlamento y que además no solo desde la oposición se le reclamó, sino que el propio Comité Fiscal Asesor también se lo pidió, a pesar de todo, el MEF no entregó la información necesaria como para poder replicar los cálculos”, puntualizó al respecto.
Por lo que, según su explicación, algo que se basa en la estimación de variables que son inobservables, con las opciones metodológicas que se adoptan y con la definición de determinados parámetros que son claves para los resultados, es “fundamental” poder tener la posibilidad de replicar los cálculos para conocer cuáles son todos los supuestos que se hacen y verificar los resultados planteados.
Para ilustrar sus argumentos, citó la estimación de la brecha del producto -que alude a la diferencia entre el PIB potencial y el observado- realizada en 2019, que dio un guarismo de -2,7% y que significaba que la economía se ubicaba por debajo de su potencial, pero que en el transcurso de 12 meses creció, tras lo presentado en la Rendición de Cuentas de 2020, hasta alcanzar el 0,6%.
“Es un cambio muy significativo y uno debe tener los elementos para poder evaluar, porque en definitiva la política fiscal hubiera respondido de manera muy diferente en un caso o en otro, en función de cuál hubiera sido la brecha del producto”, señaló Vallcorba sobre su ejemplo. Resaltó que ese es un primer cuestionamiento que hace a “la credibilidad y la confianza” que generan las estimaciones que presenta el gobierno, que se encuentran en las recomendaciones básicas de las prácticas en materia de implementaciones de reglas fiscales.
Sobre el diseño de la misma, el economista explicó que el problema central lo encuentra en los gastos que no se registran y que quedan por fuera del perímetro de la regla fiscal.
Cómo se registran los gastos, un punto de la discusión que genera tensión
La manera en la que hoy se registran los gastos y se traza el perímetro fiscal surgió luego de la crisis de 2002 y fue Isaac Alfie, ministro de Economía del gobierno de Jorge Batlle, quien la implementó.
Pero la puntualización de Vallcorba sobre este apartado apunta a que antes no existía un tope de gasto, entonces “cuando se define como uno de los pilares de la regla fiscal la determinación de un tope de gasto, si se empieza a gastar por fuera, ese tope de gasto pierde sentido”.
Para Nicolas Cichevsky, la forma en que se registran los gastos “no da lugar a suspicacias”, dado que la regla fiscal como tal y los datos del déficit que mes a mes se publican están basados en los gastos y los ingresos del gobierno central.
“Lo que se debe tener en cuenta es que, en la medida en que se ejecutan gastos con la actual metodología, eso impacta en el resultado fiscal futuro y puede perfectamente darse el intercambio en torno a si es conveniente aggiornar la regla fiscal para considerar ese tipo de impactos a futuro que generan este tipo de cosas en las cuentas públicas”, remató el economista de CPA Ferrere.
Cichevsky resumió que, en definitiva, hay cosas que la regla fiscal “no registra y que obviamente hay que monitorear”, pero en cualquier caso, “lo central de la institucionalidad fiscal es que el tema esté arriba de la mesa”.
