Por María Eugenia Roselló (*) | @marurosello
La menstruación está estigmatizada en todo el mundo. En Nepal, por ejemplo, las mujeres que menstrúan son consideradas impuras por su comunidad y son desterradas a chozas durante sus ciclos.
En Uruguay, el acceso a estos productos sigue siendo un desafío.
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el miércoles 4 de octubre un proyecto de resolución de mi autoría y con la firma también del diputado Felipe Schipani, que pide al Poder Ejecutivo que las toallitas y los tampones se incluyan como artículos exonerados de impuestos en el Texto Ordenado 1996, que establece normativas tributarias.
En la actualidad, en Uruguay hay alrededor de 900.000 mujeres, adolescentes y niñas que menstrúan como parte de un proceso fisiológico natural.
La evidencia nos demuestra que nuestro país es el más caro de América Latina y el Caribe para menstruar, únicamente precedido por Bolivia. Hoy en día estos artículos (toallitas y tampones) están gravados con 22% de IVA, no estando considerados dentro de los productos exonerados de impuestos ni de primera necesidad, aunque parezca insólito, se encuentran dentro del rubro de perfumería y es por eso que están gravados con un IVA tan alto.
El costo anual estimado de menstruar en nuestro país asciende a más de $ 3.000 para el caso de quienes utilizan toallitas de higiene y más de $ 8.000 para el caso de quienes utilicen tampones.
Menstruar se trata de una situación fisiológica y de un hecho que es indiscutible y cuyo gasto no es optativo, por lo que la compra de los productos adecuados durante el período menstrual impacta directa y negativamente en los ingresos de las mujeres.
En nuestro país, según datos relevados en 2020 por el Ministerio de Desarrollo Social y el Instituto Nacional de las Mujeres, el porcentaje de hogares pobres con jefas mujeres es un 50% mayor que aquellos hogares con jefes hombres.
Si tenemos en cuenta, además, que en Uruguay las mujeres ganamos menos que los varones, tenemos mayor desempleo, tenemos mayor dependencia económica y, a su vez, como lo mencionamos anteriormente, tenemos mayor nivel de pobreza, asumir estos costos se hace aún más injusto y la menstruación se convierte en un factor más que profundiza y evidencia la desigualdad entre hombres y mujeres.
El costo de los productos de gestión menstrual, además de ser un factor económico, es un factor social.
Las políticas de recaudación impositiva del Estado deben garantizar la no discriminación y estar atentos a no acentuar aún más la desigualdad.
Garantizar el acceso a productos de gestión menstrual es una cuestión de derechos humanos y equidad de género. Todas las mujeres deberían tener la libertad de vivir su menstruación sin preocupaciones ni limitaciones. Esto implica asegurar que los productos sean accesibles, asequibles y libres de estigma. Tener acceso a productos adecuados es fundamental para mantener la higiene, la salud y el bienestar.
Como resultado, algunas mujeres recurren a soluciones improvisadas o insalubres, lo que aumenta el riesgo de infecciones y otros problemas de salud.
Además, la falta de acceso a productos de gestión menstrual también afecta la vida cotidiana y las oportunidades de las mujeres. Las niñas y mujeres jóvenes pueden verse obligadas a faltar a la escuela o al trabajo debido a la falta de recursos adecuados durante su período menstrual. Esto puede tener un impacto negativo en su educación, desarrollo personal y oportunidades futuras.
Además, abordar el acceso a los productos de gestión menstrual también implica educar y concienciar sobre la menstruación. Es importante eliminar los tabúes y estigmas asociados con la menstruación para que las mujeres puedan hablar abiertamente sobre sus necesidades y recibir el apoyo necesario.
Al eliminar los impuestos sobre estos productos, se promueve un mejor acceso a la salud menstrual, lo que es esencial para el bienestar de las personas menstruantes.
Eliminar los impuestos sobre los productos de gestión menstrual es una medida crucial para promover la igualdad de género, el acceso a la educación, la salud y el bienestar, y para reducir la estigmatización de la menstruación. Es un paso en la dirección correcta hacia una sociedad más inclusiva y equitativa. Las políticas que promueven este cambio son esenciales para garantizar que todas las personas menstruantes puedan vivir una vida digna y saludable.
Uruguay se enfrenta a un enorme desafío en los tiempos que corren y es el de derribar el tabú que recae sobre un asunto que afecta a las mujeres, niñas y adolescentes durante casi cuatro décadas de su vida. Desde el 2020 existe un proyecto de ley que presentamos en la Cámara de Diputados sobre la inclusión de una partida dineraria para los hogares más pobres del Uruguay, el cual no prosperó aún. Esto quiere decir que no se reconoce la gestión menstrual como un factor de desigualdad y, lo que es mucho peor, no se la reconoce como prioridad. Por lo tanto, el trabajo que debemos realizar no es solo presentar proyectos de ley, sino también brindar información para que se reconozca que más de la mitad de la población uruguaya paga un sobrecosto por un producto que debe utilizar a lo largo de su vida y que además hay quienes quedan excluidas por no poder acceder a los mismos como ya hemos explicado. El primer paso es normalizar la menstruación y destruir los tabúes en torno a este proceso natural. No quiero ser reiterativa en mis conceptos en un tema que me apasiona desde que asumí como representante nacional y con el cual me siento comprometida para trabajar intensamente en eliminar las barreras existentes que son muchas y de todo tipo.
“Es simple”, explicó Hannah Neumeyer, jefa de derechos humanos en WASH United, “las mujeres y las niñas tienen derechos humanos y menstrúan. Un tema no debe derrotar al otro”.
(*) Representante nacional por el Partido Colorado
