Lic. Carlos Díaz, ex director antilavado
En una entrevista inédita que Carlos Díaz concedió a CRÓNICAS pocos meses antes de fallecer, se refirió positivamente a la lucha contra el lavado de activos dada en el sistema parlamentario, en conjunto con la Secretaría que él dirigía. En esa charla, destacó: “Las discusiones en el Parlamento por el lavado de activos nunca responden a un tema partidario”. También habló acerca del problema del sector informal en el rubro inmobiliario.
Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo
El Lic. Carlos Díaz Fraga era titular de la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo (Senaclaft). Fue encontrado muerto el pasado sábado 25 de febrero, en la piscina de su casa de Punta del Este. Al día siguiente, la autopsia reveló que la causa de muerte había sido “ahogamiento”. Tenía 69 años.
Díaz asumió el cargo en 2010, bajo el mandato del expresidente José Mujica. Según figura en el sitio web de la Senaclaft, fue en 1967 que comenzó la que sería su larga trayectoria en la Administración Pública, dentro de la cual se destaca que entre 2005 y 2007 fue director de la División de Fiscalización de la DGI (Dirección General Impositiva), en 2013 fue presidente pro Témpore del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y, durante 2014 y 2015, presidió el Grupo de Expertos contra el Lavado de Activos de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (Cicad) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El exjerarca era una de las principales figuras con las que contaba el Estado para el combate contra el lavado de activos. De hecho, peleó hasta sus últimos días para aumentar la cantidad de sujetos obligados a reportar operaciones financieras sospechosas, lo que generó gran resistencia por parte de algunos sectores profesionales.
Excelente trabajo
Díaz venía trabajando desde hacía muchos años con el Parlamento en la lucha contra el lavado de dinero, según señaló en diálogo con CRÓNICAS. Aseguró que la tarea en el ámbito legislativo era “excelente”. “Para nosotros, que venimos trabajando desde hace mucho tiempo con ellos e incluso formaron parte del grupo de trabajo que confeccionó el borrador del proyecto de ley, es un placer. La coordinación es excelente con todos los partidos, lo cual no quiere decir que siempre estemos de acuerdo, pero es un gusto”, destacó.
A su vez, remarcó que si bien quedaban “muchas batallas” por dar, todas las normas en materia de lavado de activos siempre fueron aprobadas por unanimidad de todos los partidos. “Es un tema que ha sido visto siempre como un problema de Estado, nunca como un tema partidario, y creo que eso le hace mucho bien al país. Cuando se plantean discusiones, que se han planteado incluso en la Comisión, yo te diría que en ningún caso responden a temas partidarios”, aseguró en esa entrevista.
El problema de los informales
Por otro lado, consultado acerca de las declaraciones que había realizado a CRÓNICAS el presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Gabriel Conde, de que la falta de regulación en el mercado inmobiliario facilita el lavado de activos, el entonces director antilavado sostuvo que el hecho de ser formal o informal no tiene diferencia.
“No dice la ley que incluye a aquellos que intervienen en las transacciones inmobiliarias, que deban estar inscriptos en la DGI. El sector informal también es objeto de fiscalización. Lo que no puedo decir es que esa afirmación sea inexacta. Obviamente el estar escondido –porque no registrarse es estar escondido-, hace más difícil la detección, y podemos convenir con él en que podría facilitar el lavado”, argumentó.
En la misma línea, explicó que no hay diferencia en cuanto a estar o no registrado, dado que la Senaclaft plantea el tema desde el punto de vista normativo. “Pero una cosa es lo normativo y otra cosa es la realidad”, puntualizó.
“Tampoco tenemos claro que a través de una regulación pueda ser incluido el sector informal. No nos olvidemos que de acuerdo a las normas tributarias tienen que estar inscriptos todos, y allí hay una regulación fuerte que hay gente que no la cumple. No es un tema fácil la informalidad, no solo en este sector, sino en general”, concluyó en esa oportunidad.
Una preocupación continua que todavía genera resistencia
En una entrevista publicada por CRÓNICAS en octubre pasado, Díaz había mostrado preocupación por el hecho de que “algunos sectores profesionales no visualizan la dimensión del problema del lavado de activos”. Se refería a aquellos sectores vinculados a actividades profesionales que al día de hoy todavía se resisten a formar parte del sistema preventivo contra el lavado, entre ellos, abogados y contadores.
Fue a través del Presupuesto Nacional del año 2015, que el Poder Ejecutivo otorgó a la Senaclaft el cometido de controlar el sector no financiero, que comprende a inmobiliarias, casinos, escribanos, rematadores, constructoras, entre otros rubros.
Ese cambio, según dijo Díaz en esa instancia, se decidió porque en función de las nuevas recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) del año 2012, Uruguay estaba “con controles muy débiles”, y el objetivo era cumplir con lo que establecían las recomendaciones.
“Además de eso, necesitábamos un sistema preventivo eficiente, pero resultaba que el sector no financiero no estaba contribuyendo a que lo fuera, dada la inexistencia prácticamente de reportes de operaciones sospechosas, y la carencia de controles. La conclusión a la que se llegó fue que la tarea del control de este sector no se le podía adjudicar a ningún organismo que lo viera como algo accesorio, es decir, era imprescindible que estuviera en manos de un organismo que lo tuviera como tarea sustantiva. Se decidió que lo tomara la [ex] Secretaría Antilavado [actual Senaclaft], con la atribución de tener autonomía técnica absoluta, sin injerencias políticas de ninguna naturaleza ni de ningún sector”, explicó el ex secretario nacional.
En la misma charla, Díaz se manifestó a favor de la inclusión del delito fiscal como delito precedente del lavado, dado que “lo exige el GAFI –esa es una de las cosas que más incide en la decisión-, pero también porque el delito fiscal juega un rol muy importante en el cierre del circuito de control de todo el sistema antilavado”.
Una vez incluido, señaló, “vamos a andar mucho mejor y no vamos a tener más observaciones en materia de cooperación internacional, que hoy las estamos teniendo. No va a ser tarea fácil incorporar a la cultura de todos los que hoy actuamos en esto, un régimen de mayor cumplimiento”.
Por último, comentó que “un organismo de esta entidad”, en alusión a la Secretaría que combate el lavado de dinero, “algún día tendrá que tener una estructura que no sea fundada exclusivamente en los pases en comisión”.
