El Presidente argentino, Javier Milei, presentó el pasado miércoles una “ley ómnibus” que incluye una gran multiplicidad de temas, desde economía hasta cultura, pasando por política. El proyecto será discutido en el Congreso hasta el 31 de enero, y a diferencia del Decreto de Necesidad de Urgencia (DNU) que ya lanzó el presidente, será votado por partes.
Los proyectos a bordo de la Ley Ómnibus de Milei son muchos y variados. Con un total de 664 artículos, la ley busca regular (y desregular) aspectos económicos, políticos, sociales y culturales de todo tipo.
A nivel económico, incluye propuestas como la sustracción del control de precios de combustibles por parte del Estado, el comienzo del camino a la privatización de las empresas públicas, y la habilitación del ingreso de productos para uso personal libres de impuestos. Además, propone ponerle un tope de 15% a las tasas de retención de exportación para la mayoría de los sectores económicos, y la desregulación de tarifas de la luz y del gas.
En el ámbito social, propone varias medidas educativas, como el establecimiento de un examen obligatorio para quienes finalicen la secundaria, el monitoreo periódico de los conocimientos de los docentes, y el cobro de una cuota universitaria para los extranjeros que no residan en territorio argentino. Además, busca regularizar relaciones laborales en el sector privado, y modificar la fórmula de movilidad jubilatoria.
En materia de defensa, plantea un artículo que establecería como pena de uno a tres años y seis meses de prisión para quien “impidiere, estorbare o entorpeciere el normal funcionamiento de los transportes por tierra, agua o aire”.
Para el sistema electoral, formula la eliminación de las elecciones PASO (Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias), punto en el que cuenta con el apoyo de varios sectores parlamentarios. Aun así, La Libertad Avanza solo tiene siete de 72 senadores, y 38 de 257 diputados, por lo que necesitará del apoyo de fuerzas extrapartidarias para llevar a cabo estos artículos.
