China busca apuntalar su economía con una expansión del gasto fiscal en 2024

Perspectivas están ensombrecidas por espiral deflacionario y la fragilidad del mercado inmobiliario

Las autoridades de China planean incrementar el gasto fiscal durante este año, buscando apuntalar el crecimiento económico y disipar las incertidumbres sobre el futuro del gigante asiático. El nuevo ministro de Finanzas, Lan Foan, aseguró que en este año fiscal se va a establecer un objetivo de déficit y se transferirán fondos para garantizar que el gasto fiscal aumente y «desempeñe un papel más destacado a la hora de estimular la demanda nacional».

El gobierno chino no va a escatimar en esfuerzos para lograr apuntalar su economía de cara al año que comienza, y disipar la elevada incertidumbre que existe sobre su futuro.

El nuevo ministro de Finanzas, Lan Foan, aseguró en declaraciones en el Diario del Pueblo, consignadas por el portal web especializado El Economista, que en 2024 elevarán el gasto fiscal para lograr consolidar el crecimiento de la actividad, que viene golpeada duramente tras el estallido de la pandemia de covid-19, y la aplicación de una estricta política de “covid cero” por parte de las autoridades hasta fines del año 2022.

El funcionario aseguró que en este año fiscal se va a establecer un objetivo de déficit y se transferirán fondos para garantizar que el gasto fiscal aumente y «desempeñe un papel más destacado a la hora de estimular la demanda nacional».

“Dar más peso al desarrollo”

Si bien no brindó números concretos, sí explicó que el Gobierno va a combinar los bonos especiales, bonos nacionales y otras herramientas de política fiscal como los incentivos y los subsidios para expandir de manera moderada ese gasto.

El anuncio del nuevo titular de Finanzas se produjo luego de una reunión política, encabezada por el presidente chino, Xi Jinping, en la cual los principales dirigentes del gigante asiático se comprometieron a «dar más peso al desarrollo», ya que parecen estar «cada vez más impacientes» con el estancamiento de la economía del país y el crecimiento tan lento que está experimentando.

El FMI, que corrigió al alza sus estimaciones de crecimiento de China al cierre del 2023, espera que el año pasado haya cerrado con una expansión del PIB de 5,4%. En 2024 se desaceleraría al 4,6%. Por su parte, un informe del Foro Económico Mundial advierte que las perspectivas del gigante asiático están ensombrecidas por esta espiral deflacionaria y un mercado inmobiliario con grandes signos de fragilidad. «Los volúmenes comerciales también se han desplomado, con un descenso de las importaciones del 12,4%y de las exportaciones del 14,5% en el año hasta julio de 2023», explican los expertos consultados por el foro.

Por tanto, se habla de un contexto en el que los dirigentes están luchando contra dos de las grandes crisis en el país: la del mercado inmobiliario y la de la deuda local.

En el caso del rubro inmobiliario, las ventas de las cien grandes principales promotoras inmobiliarias de China cayeron un 16,5% interanual en 2023 según la consultora especializada CRIC (ver CRÓNICAS del 5 de enero, Pág. 26). Todo esto a pesar de los esfuerzos de los gestores políticos de las grandes ciudades del país para rebajar los porcentajes para la entrada de vivienda o ampliar la definición de «viviendas que no son de lujo», con el objetivo de que más compradores puedan entrar en estos beneficios.

Se advierte que esto supone un problema que puede lastrar la economía de China, donde la construcción y las industrias relacionadas representaron alrededor del 13% al 14% del PIB del país en 2022.

Por su parte, en materia local, Lan aseguró que Pekín va a seguir transfiriendo fondos a las autoridades «para ayudarles a satisfacer las necesidades básicas de gasto», dando preferencia a las zonas más pobres.

El problema de la crisis de las administraciones locales chinas es que han acumulado una enorme cantidad de deuda oculta. Según el FMI y los bancos de Wall Street, el monto fuera del balance oficial está entre los 6 y los 10 billones de euros. Además, advierten que entre casi 400.000 y 800.000 millones de euros son deuda «particularmente problemática» y corre un alto riesgo de impago.