Por: Cr. Iván Posada (*)
El PIT-CNT ha convocado a la ciudadanía a firmar para someter a plebiscito un proyecto de reforma constitucional que establece, con ese rango, una serie de normas relativas a la seguridad social, cuya aprobación determinaría, inequívocamente, la destrucción del sistema de seguridad social.
La propuesta de reforma del PIT-CNT pretende establecer en la Constitución de la República: a) un mínimo jubilatorio equivalente al salario mínimo nacional; b) derecho a la causal jubilatoria común a los 60 años de edad y 30 años de servicios; c) derogación de las AFAP y prohibición del ahorro individual.
Por cierto, estos temas son, por supuesto, materia legal y no constitucional. Su inclusión en la Constitución de la República es de por si un retroceso en el ordenamiento jurídico porque carece de la elemental flexibilidad que deben tener las normas que regulan los regímenes de seguridad social.
Recientemente, el Foro Económico Mundial ubica a Uruguay entre los diez países del mundo con mejor sistema de protección social y mercado laboral. Ese sistema de protección social que es reconocido en el plano internacional se explica especialmente por un sólido sistema de seguridad social, cuya fortaleza determina que los niveles de pobreza de personas mayores de 65 años sea de 2%, muy por debajo del 9,9% que se observa a nivel de la población, y que contrasta especialmente, con los niveles de pobreza observados en niños menores de seis años (19,7%), de seis a 12 años (18%) y de 13 a 17 años (16,2%).
La propuesta va a contrapelo de la realidad. Los datos demográficos son categóricos: envejecimiento de nuestra población, reducción en 20 años de la población en edad de trabajar, aumento de la sobrevida esperada después de cumplir 60 años en 27 años hacia 2065-2070, reducción de la tasa de fecundidad a 1,28 hijos por mujer en edad fértil en 2023, y en consecuencia, el inicio de un proceso de reducción de la población; todos datos que determinan que la reforma de jubilaciones y pensiones aprobada en 2023 era necesaria e imprescindible para darle sostenibilidad financiera y económica al sistema de seguridad social en el largo plazo.
La propuesta del PIT-CNT es profundamente regresiva. La reforma de jubilaciones y pensiones aprobada en 2023, al darle sostenibilidad al sistema, permite topear las transferencias a la seguridad social en aproximadamente 10 puntos del PIB. En cambio, el financiamiento de la propuesta de reforma sindical necesitará transferencias adicionales incrementales a la seguridad social ya a partir del 2025. El incremento de las transferencias se torna exponencial. Solo considerando la situación del BPS, sin considerar el impacto en las cajas paraestatales y los servicios de retiro policial y de las Fuerzas Armadas que también será cuantioso, en términos de PIB, se necesitará 1,9% en 2030, 3,6% en 2040, 5% en 2050, 5,8% en 2060, 6,5% en 2070, 7,2% en 2080, 7,7% en 2090, hasta llegar a 8,1% en 2100. Consecuentemente, para financiar tales incrementos será necesario un extraordinario incremento de los impuestos y las contribuciones. Cada punto del PIB equivale a 770 millones de dólares aproximadamente según las estimaciones realizadas al cierre del año 2023.
El BPS hizo el ejercicio de cuánto sería necesario aumentar el IVA o las tasas de aporte patronal y personal para financiar el déficit incremental del BPS. En el primer caso, se necesitarían 13,4 puntos de IVA adicionales en 2050 hasta llegar a 21,5 puntos de IVA adicionales en 2100, o sea, que se necesitaría que el IVA pase del 22% actual a 35,4% en 2050 y 43,5% en 2100.
La tasa de aporte personal es actualmente del 15% y la tasa de aporte patronal es de 7,5%. Ambas se calculan sobre los salarios nominales. Para financiar la propuesta sindical se necesitaría incrementar adicionalmente, en 2050 ambas tasas en 10,69 puntos y 17,21 puntos en 2100. O sea, se necesitaría que las tasas de aporte personal y patronal se fijen respectivamente, en 25,69% y 18,19% para financiar el déficit del 2050, y para financiar el déficit del 2100, 32,21% la personal y 24,76% la patronal.
Los cálculos realizados por los servicios técnicos del BPS muestran el grado de dislate que supone la propuesta del PIT-CNT. Resulta pues, que cualquiera sea el instrumento, se necesita una andanada impositiva que recaerá sin lugar a dudas sobre los propios trabajadores. No hay forma de evitarlo.
Mientras, la relación entre la pobreza infantil y adolescente con respecto a la pobreza en los adultos mayores permanece prácticamente inalterable en los últimos años, a pesar de la reforma de la salud, la reorientación de las transferencias de asignaciones familiares o las escuelas de tiempo completo, la propuesta del PIT-CNT está claramente dirigida a consolidar la inequidad social. Es, en consecuencia, una propuesta profundamente reaccionaria.
Pero además, para colmo de males, la propuesta del PIT-CNT se apropia del Fondo de Ahorro Previsional. Un vulgar afano de los 22 mil millones de dólares que los uruguayos han ahorrado durante su vida de trabajo para gozar de una renta jubilatoria que les permita una mejor calidad de vida en el último tramo de la misma.
Es hora pues de reflexionar. Cuando la propaganda de la campaña de firmas promovida por el PIT-CNT nos convoca a “meter una”, debiera aclarar que si esta reforma resultara aprobada es un gol en contra, porque serán especialmente los trabajadores en general, pero los más jóvenes en particular, los que tendrán que hacerse cargo de financiar el déficit de un sistema de seguridad social destruido, consagrando la mayor inequidad social con niños, niñas y adolescentes en condiciones de pobreza a lo largo de nuestra historia. Ni más ni menos.
(*) Diputado del Partido Independiente
