Opaco es la palabra que utiliza Juan Pablo Luna para describir el financiamiento de la política en Uruguay, sobre la que no descarta que exista una “significativa” infiltración del crimen organizado. Pese a ello, el especialista, en entrevista con CRÓNICAS, destacó que el país cuenta con una política “aún sin fragmentar” y sin outsiders, como la política latinoamericana promedio, lo que son ventajas para negociar un “gran acuerdo nacional” para enfrentar problemas de seguridad y crimen organizado.
-¿Cómo ve a Uruguay posicionado en la región en lo que tiene que ver con el crimen organizado?
-El crimen organizado está cambiando en toda la región. Un fenómeno general de América Latina es que se ha trasladado hacia el sur, sobre todo cuando se trata de narcotráfico, algo que es un movimiento relevante de los últimos años. Luego de la pandemia se abrieron nuevos mercados de crimen organizado, que tienen que ver con el control territorial, extorsión y tráfico de migrantes, que se han expandido a lo largo del continente. En este contexto, Uruguay tiene menos inserción que otros países en lo que respecta al crimen organizado que mencioné anteriormente, pero tiene un rol más consolidado en lo que refiere al narcotráfico. Uruguay se ha vuelto cada vez más un lugar no solo de tráfico y de salida de grandes cargamentos, sino de acopio de grandes cantidades de droga. A su vez, tiene una situación en las zonas periféricas de la capital y de determinados departamentos como Rivera, Durazno y Maldonado, donde ha perdurado un nivel de violencia homicida fuera de la norma para las condiciones generales del país, que tiene casi el triple de homicidios cada 100.000 habitantes que países como Argentina, que no necesariamente tienen menos crimen organizado que Uruguay.
-¿En qué medida el hecho de que Uruguay históricamente haya sido plaza de lavado de dinero influye en esta escalada?
-Uruguay siempre tuvo la característica de ser una plaza financiera y una plaza de lavado para capitales, lo que lo convierte en un lugar atractivo para personas que quieren operar esa faceta del negocio. Y también ha sido tradicionalmente lugar de refugio de grandes jugadores del mercado del crimen organizado que llegan a residir. Uruguay tiene muy cerca a las bandas brasileras, que son grupos con mucha inserción en el resto de países, como en Paraguay y Bolivia. Mi impresión es que estos actores tienen a Uruguay como un lugar para hacer operaciones financieras de lavado, para eventualmente mover grandes cargamentos, pero que no han entrado a jugar fuerte en términos de control territorial, como sí lo han hecho en Paraguay.
-El financiamiento de la política en Uruguay ha estado sobre la mesa a nivel parlamentario, pero el último proyecto de ley al respecto no prosperó. ¿Cree que el narcotráfico está infiltrado en la política? ¿A qué conclusiones ha llegado?
-La política y sus campañas son cada vez más caras, y los sectores empresariales, por los escándalos de corrupción y el desgaste que les genera estar involucrados en la política, han dejado de financiar o financian menos la política, lo que responde a una dinámica regional. A su vez, el crimen organizado tiene intereses en infiltrarse, dado que no existe sin grados de infiltración en la política y el Estado. Para poder operar en este tipo de mercados, lo que requiere es tranquilidad, y esa tranquilidad se obtiene mediante esta infiltración. Dado que Uruguay tiene un sistema de financiamiento de los partidos políticos opaco, no descartaría que exista un potencial financiamiento del crimen organizado bastante significativo en el país. Esto no quiere decir que estén todos los partidos comprados, pero sí que existan listas, candidatos locales y distintos interfaces entre actores del crimen organizado y el financiamiento de la política.
-Recientemente se conocieron los números de pobreza del país. ¿Considera que es un factor determinante en la escalada del crimen organizado?
-Más que la pobreza, yo diría que parte de lo que estamos viendo a nivel regional, donde Uruguay no es una excepción, es que estos mercados ilegales de alguna forma suplen y llenan el espacio que no logra llenar la economía formal. Hay sociedades con mucha marginalidad social, donde las vías tradicionales de movilidad social, como la educación, están fuertemente cuestionadas y son ineficientes en términos de generar movilidad social. En este contexto y en una realidad de expansión de los mercados ilegales, estas actividades se vuelven atractivas para personas que no tienen otras opciones de alcanzar sus aspiraciones. Ahora, el narcotráfico más grande y relevante lo operan los ricos, no los pobres. Es una actividad económica que, en los sectores marginales, no genera tanta renta como en otro tipo de actividades como el tráfico internacional o el lavado de activos. Hay que evitar criminalizar la pobreza, que es un estrato social que le genera a este tipo de actividades un gran grupo de gente que muchas veces no tiene otras alternativas que involucrarse en estas actividades para satisfacer las necesidades básicas. Pero la plata y los grandes márgenes están en otro lado.
-En campaña electoral, distintas propuestas se han puesto sobre la mesa para abordar este tema y la cuestión de emplear a militares para el control de “zonas rojas” ha sido de las más resonadas. ¿Qué opinión tiene al respecto?
-La evidencia internacional muestra, sin excepciones, que la militarización para el control de zonas rojas genera espirales de violencia y de corrupción. Esto ha pasado en México, Brasil y Colombia y básicamente se trata de una solución “parche”, que genera adhesión en la opinión pública y, por tanto, los políticos recurren a ella para ganar votos, pero la evidencia de cómo se ha desarrollado esta medida es que es algo que no funciona y genera más perjuicios que beneficios. Este problema no se soluciona en cinco años, sino que requiere de 15 a 25 años, y para eso la única opción disponible es que los distintos sectores políticos puedan acordar ciertas políticas de Estado orientadas en el largo plazo, sin competir en torno a eslóganes que ganan votos pero que terminan siendo ineficientes en términos de política pública.
-¿Uruguay va camino a convertirse en un narcoestado?
-Uruguay tiene una política que todavía no está tan fragmentada y llena de outsiders como la política latinoamericana promedio, y en ese sentido tiene bases para negociar un gran acuerdo nacional para enfrentar estos temas. Aún tiene una oportunidad, el problema es sumamente complejo y no hay soluciones fáciles. Ninguna de las soluciones que se venden como soluciones efectivas terminan funcionando y sosteniéndose a largo plazo. Lo que se necesita es capacidad de adaptación y de articular políticas consistentes en el tiempo. Uruguay tiene la oportunidad de llevar esto a cabo y es el país que está en mejores condiciones de realizarlo en América Latina, pero también tiene condiciones que se han deteriorado en los últimos años y que hacen que, eventualmente, este tema pueda complicarse aún más. Uruguay está en una ventana donde todavía puede tratar de hacer algo, pero es una ventana que se cierra pronto, porque buena parte de las condiciones son derivadas de factores externos que Uruguay no domina y no puede controlar.
-¿Qué consideraciones hay que tener en cuenta del caso Marset y Astesiano?
-Lo que muestran estos casos es la capacidad de infiltración, la cercanía de los mercados legales con los mercados ilegales y la política, y la capacidad de que los operadores de estos mercados empiecen a poner condiciones y a querer comprar la política. Me parece que lo que muestran es una serie de vulnerabilidades que Uruguay tiene y que muchas veces sus sectores políticos y sus élites empresariales no reconocen como tales. Entonces, yo creo que la mejor forma de procesar estos casos es como un llamado a reaccionar. La posición de la política y del empresariado uruguayo con respecto del crimen organizado me hace acordar a la que veía en el primer tiempo de la pandemia, donde existía la idea de que la pandemia a Uruguay no iba a llegar y que existía algún tipo de inmunidad, y cuando finalmente llegó el covid-19, lo pasó por arriba al país. Las reacciones del sistema político y judicial, que están muy convencidos de que en Uruguay no hay crimen organizado, me parecen sumamente peligrosas.
“Ningún partido puede asegurar que sus militantes y sus líderes no están en contacto con estas estructuras”
-Se ha apuntado al gobierno actual por estas polémicas. ¿Es algo de este período de gobierno o considera que es un problema que abarca a todo el sistema político?
-Existe un problema en el sistema político. Puede existir mayor cercanía de algunos sectores que de otros, pero si no entendemos esto como un problema país donde todos los actores políticos están potencialmente vulnerables a ser parte de esto, no estamos entendiendo el problema que estamos enfrentando. Entiendo que es muy fácil y tentador usar este tema para competir políticamente, pero es una estrategia que puede rendir a corto plazo, pero en el largo plazo le va a explotar en las manos a quien la utilice. Esto es por plata, acá hay mucha plata en juego. Ningún partido puede asegurar que sus militantes y sus líderes no están en contacto con estas estructuras.
