Hace unos días se dio a conocer que se habrían alcanzado las firmas para llevar a plebiscito la reforma constitucional propuesta por el PIT-CNT, consistente en modificar aspectos sustantivos del actual sistema de seguridad social del país, que no sólo desandan la reciente reforma de mayo de 2023, sino la propia reforma clave de 1995, vigente desde 1996.
Temas de forma
Establecer en la Constitución, con la rigidez que ello implica, temas tan dinámicos como los relacionados con la demografía y la seguridad social, es realmente desaconsejable. Son materia de ley y ese es el ámbito donde se deben tratar.
Se argumenta que no existió suficiente diálogo e intercambio de visiones para la aprobación de la reforma de 2023.
Sin embargo, los hechos contradicen esta afirmación. Este diálogo se dio durante un lapso más que aceptable, en el marco del funcionamiento de la Comisión de Expertos en Seguridad Social.
Veamos algunos datos:
| COMISIÓN DE EXPERTOS EN SEGURIDAD SOCIAL | |
| INSTALADA | Nov-20 |
| TÉCNICOS | 15 |
| SECRETARIOS TÉCNICOS | 17 |
| AUDIENCIAS CON SOCIEDAD CIVIL | 84 |
| PARTICIPANTES EN AUDIENCIAS | 280 |
| UNIVERSIDADES INVITADAS | 6 |
| CENTROS DE PENSAMIENTO INVITADOS | 4 |
| SESIONES DOCUMENTADAS EN ACTAS | 51 |
| EVENTOS PÚBLICOS | 34 |
| NOTAS DE PRENSA | 377 |
| INFORME FINAL CON PROPUESTAS | Nov-21 |
| APROBACIÓN DE REFORMA EN EL PARLAMENTO | May-23 |
Fuente: https://cess.gub.uy
Como se puede apreciar, el tema tuvo más de dos años de discusión, con amplia difusión, tanto por parte de técnicos y representantes de la sociedad civil, como posteriormente por parte del Parlamento.
Temas de contenido
Diversos expertos se han referido a la inconveniencia de que se apruebe la propuesta de reforma impulsada por el PIT-CNT.
Esta oposición ha trascendido los partidos políticos y así, técnicos del Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio y Partido Independiente, han expresado en diferentes notas y publicaciones, su parecer. Se destacan documentos de los propios asesores y centros de pensamiento de los sindicatos, que advierten los peligros de la reforma constitucional propuesta por el PIT-CNT.[i]
En particular, el martes 16 de abril, en el Auditorio de la Torre 2 del WTC, cuatro de los más prestigiosos centros de pensamiento nacionales fueron convocados por la Academia Nacional de Economía, para compartir sus reflexiones sobre el tema.
Hernán Bonilla, presidente del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), Ignacio Munyo, director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social (Ceres), Gonzalo Zunino, Director del Centro de Investigaciones Económicas (Cinve) y Bárbara Mainzer, directiva de la Academia Nacional de Economía (Pharos), coincidieron en señalar la importancia del tema, la innecesaria e inconveniente rigidez que implica regular el sistema previsional en la Constitución, así como las consecuencias negativas de corto, mediano y largo plazo que tendría la aprobación de la reforma propuesta por el PIT-CNT.
Bonilla se centró en el cambio radical en las políticas públicas del país que implicaría, marcando un claro retroceso con la construcción realizada a lo largo de las últimas décadas por los distintos gobiernos. En particular, consideró que la señalada reforma implica importantes perjuicios en cuanto a reputación, cambio de reglas de juego, exposición a juicios e incremento insostenible del gasto público. Entiende que la misma representa una bomba populista lejana a las políticas públicas que han planteado los principales partidos políticos del país y constituye un enorme riesgo del que se debe cobrar conciencia.
Munyo reflexionó que exponer a la población a una tentación tan fuerte como “trabajar menos y ganar más” y con eso cobrar la factura histórica de eliminar las AFAP (que tiene desde que existen un segmento del espectro ideológico en contra), es un riesgo que Uruguay no debería correr. Al respecto, señaló el claro antecedente cercano de la reforma de Cristina Fernández en Argentina, que eliminó el ahorro individual y dejó a su país con el peor sistema previsional del mundo, según rankings internacionales. Destacó, también, los efectos regresivos en la distribución del ingreso y el riesgo de perder el grado de inversión.
Zunino expresó que la propuesta genera problemas de reputación al país, dado que es un cambio de reglas de juego e incrementa el riesgo de una trayectoria expansiva del gasto público, en la medida en que se pretendan utilizar los recursos hoy acumulados en las cuentas individuales. Entiende que la eliminación del Pilar de Ahorro individual (AFAP) limitaría la cantidad de instrumentos disponibles para diseñar un sistema justo, que cumpla con sus principales objetivos.
Mainzer repasó las preguntas que hay que hacerse a la hora de considerar votar a favor de la citada propuesta. Entre ellas, si se está dispuesto a asignar fondos de la población más vulnerable y que concentra los mayores índices de pobreza en favor de la población con menor índice de pobreza; si se está dispuesto a hipotecar la sostenibilidad fiscal del país y el grado inversor, que posibilita que el país se financie a tasas bajas y que, al pagar menos intereses, libera recursos para políticas sociales, escuelas, carreteras e inversiones que fomentan el crecimiento económico, generación de empleo y bienestar social; si se está dispuesto a poner en riesgo la estabilidad y el respeto a las reglas de juego que caracterizan al país; si se está dispuesto a ir a un sistema que desincentiva fuertemente la contratación de personal, lo que atenta contra la sustentabilidad misma del sistema.
Un camino peligroso
Los análisis señalados son contundentes. Uruguay creía estar libre de la tentación de propuestas populistas tan comentada y lamentable que se aprecia en otros países. Sin embargo, la misma provino desde algunos sindicatos y beneficia a los trabajadores de mayor poder adquisitivo. En efecto, tal como señala el informe de Comuna (cooperativa que asesora al sector sindical)[ii]: “solamente el 38% de los trabajadores podrían conseguir los años de aportes para jubilarse a los 60. Quienes tienen más posibilidades de hacerlo son funcionarios públicos, hombres pertenecientes al 50% de trabajadores con más ingresos, y sobre todo al 25% de trabajadores con mayores ingresos”.
Uruguay no debe recorrer este camino. Lleva a un sistema previsional insostenible, rigidizando en la Constitución variables dinámicas, como las demográficas y condenando a las generaciones actuales y futuras a un incremento de impuestos que nuevamente redistribuye riqueza desde los más vulnerables (los niños) a los adultos y desde los trabajadores de menores ingresos a los de mayores ingresos.
El domingo 27 de octubre es de esperar que la población actúe racionalmente y con información adecuada y no vote esta propuesta de reforma constitucional.
Referencias:
[i] Ver documento de Cooperativa Comuna: CONSIDERACIONES REFERENTES A LA RESOLUCIÓN DE LA MNR DEL PIT-CNT DEL 7/09/23. Y Documento de AEBU: https://www.aebu.org.uy/sites/default/files/2023-09/Resolucio%CC%81n%20Consejo%20Central%2006.09.2023.pdf
[ii] Cooperativa Comuna op cit, página 8.
