Por Edward Holfman (*) | @EdwardHolfman
El crimen organizado transnacional en América Latina es un fenómeno complejo que involucra un amplio portafolio de actividades ilícitas, como el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando de armas, el lavado de dinero y la corrupción. Esta región ha sido durante mucho tiempo un punto de foco para diversas organizaciones criminales debido a una combinación de factores, que incluyen la debilidad institucional, la pobreza, la desigualdad económica, la falta de oportunidades legítimas y la geografía favorable para el contrabando.
El narcotráfico es una de las actividades más prominentes del crimen organizado en América Latina, con países como Colombia, México y Perú siendo importantes productores y rutas de tráfico de drogas hacia los mercados internacionales, principalmente en Estados Unidos y Europa. La trata de personas es otro problema grave en la región, con víctimas a menudo explotadas en la industria del sexo, la servidumbre doméstica, el trabajo forzado y otras formas de explotación.
El contrabando de armas es otra actividad del crimen organizado transnacional en América Latina, con armas ilegales provenientes de países con industrias armamentísticas desarrolladas que ingresan a la región y alimentan la violencia en muchos países. El lavado de dinero es una práctica común entre las organizaciones criminales para legitimar sus ganancias ilícitas, utilizando una variedad de métodos, como la inversión en bienes raíces, empresas legítimas y el sistema financiero formal. La corrupción política y policial también facilita las actividades del crimen organizado en América Latina, ya que los grupos criminales a menudo sobornan a funcionarios gubernamentales para asegurar la impunidad de sus operaciones o para obtener información privilegiada que les permita evadir la acción policial.
El crimen organizado transnacional tiene un impacto significativo en la seguridad interior de cada país de América Latina con referencia a: 1) La violencia y amenazas a la seguridad ciudadana: los grupos criminales a menudo recurren a la violencia para mantener el control sobre territorios y actividades ilícitas. Esto puede generar altos niveles de violencia en comunidades locales, afectando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. 2) La corrupción: el crimen organizado a menudo corrompe a funcionarios públicos, agentes de la ley y líderes políticos para garantizar la impunidad de sus operaciones. La corrupción debilita las instituciones estatales y socava la confianza pública en el gobierno, lo que socava aún más la seguridad interior. 3) El tráfico de drogas, armas y personas: los grupos criminales transnacionales suelen estar involucrados en el tráfico de drogas, armas y personas a través de las fronteras internacionales. Esto puede alimentar la violencia, la adicción y el crimen en los países de origen y tránsito, así como contribuir a la inestabilidad regional. 4) El lavado de dinero: el crimen organizado utiliza sofisticadas redes financieras para lavar el dinero obtenido ilegalmente, lo que dificulta la detección y el rastreo de sus actividades. Esto puede debilitar la integridad del sistema financiero de un país y facilitar la infiltración de capitales ilícitos en la economía legal. 5) La desestabilización política: los grupos criminales a menudo buscan influir en la política y socavar el Estado de derecho para proteger sus intereses. Esto puede conducir a la desestabilización política, el debilitamiento de las instituciones democráticas y el aumento de la polarización social, lo que afecta la seguridad interior y la cohesión nacional. 6) Las amenazas a la ciberseguridad: el crimen organizado también ha ampliado sus actividades al ámbito cibernético, participando en actividades como el fraude, la extorsión y el robo de datos. Estas amenazas pueden comprometer la infraestructura crítica, la privacidad de los ciudadanos y la estabilidad económica, afectando la seguridad interior de los países.
Combatir el crimen organizado transnacional es un desafío complejo que requiere una estrategia integral y colaboración internacional. Las medidas que pueden ayudar a abordar este flagelo son: 1) Cooperación internacional: incluye intercambio de información, coordinación de operaciones conjuntas y armonización de leyes y regulaciones para facilitar la extradición y el enjuiciamiento de criminales. 2) Fortalecimiento de las instituciones: mejorar la capacidad de las fuerzas del orden y del sistema judicial para investigar, procesar y condenar a los delincuentes es fundamental. 3) Legislación robusta: adoptar leyes sólidas que penalizan el crimen organizado y sus actividades asociadas, como el lavado de dinero, el tráfico de drogas, armas y personas es esencial. Además, las leyes deben permitir la confiscación de activos y la persecución de los líderes criminales. 4) Uso de tecnología: la tecnología puede ser una herramienta poderosa en la lucha contra el crimen organizado. Esto incluye vigilancia electrónica, análisis de datos, inteligencia artificial y blockchain para rastrear transacciones financieras. 5) Empoderamiento de la sociedad civil: involucrar a la sociedad civil en la lucha contra el crimen organizado puede fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia. Esto puede incluir campañas de sensibilización, programas de prevención y apoyo a las víctimas.
La combinación de estas medidas, adaptadas a las condiciones específicas de cada país o región, puede contribuir significativamente a la reducción y eventual erradicación del crimen organizado.
Uruguay continúa siendo considerado uno de los países más seguros de la región, la presencia del crimen organizado es una preocupación creciente, especialmente en áreas urbanas como Montevideo y en la frontera con Brasil. El gobierno continúa enfrentando el desafío de equilibrar las medidas de seguridad con el respeto por los derechos humanos y el Estado de derecho, buscando estrategias integrales que aborden las causas subyacentes del crimen organizado, como la pobreza y la exclusión social.
(*) Especialista y consultor senior en seguridad. Director de The Guardian Group. Director fundador de IFD Delta – Instituto de Formación en Seguridad.
