Por Alfredo Asti (*) | @AlfredoAsti
Este año las discusiones sobre la Rendición de Cuentas comenzaron en las primeras semanas de enero, de manera muy anticipada si tenemos en cuenta que el plazo constitucional para su presentación es el 30 de junio.
Quizá no resulte tan extraño si tenemos en cuenta que este año, como todos los años del medio del período de gobierno, constituye un año “bisagra”, además del hecho que en el Presupuesto Quinquenal, debido a la gran incertidumbre que existía por aquel entonces cuando se iniciaba el segundo semestre de 2015, se previó el desarrollo presupuestal sólo para los años 2016 y 2017, manteniendo las demás previsiones para los años 2018 y siguientes, salvo lo referido a las transferencias a los Gobiernos Departamentales (GGDD) y Municipios, que completaban el crecimiento durante los 5 años. Obviamente también se consideraban los crecimientos de asignaciones provenientes de Leyes ya vigentes o normas Constitucionales que ya implican mayores asignaciones no discrecionales sino endógenas.
A esta circunstancia se sumaron dos acontecimientos relevantes en esos días. En primer lugar, el propio Presidente Vázquez le pide a su Fuerza Política que le envíe un listado de prioridades para atender en esta próxima instancia Presupuestal y, en segundo término, la evidencia de la pérdida de la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados que la ciudadanía, por efecto de la representación proporcional integral, le había concedido por tercera vez consecutiva al Frente Amplio en las elecciones de octubre de 2014.
A partir de este escenario periodistas y actores políticos comenzaron a especular sobre el famoso voto 50, sin entender que el voto 50 como todos los restantes, se van a discutir y emitir sobre un proyecto global y luego sobre la totalidad o parte de los artículos que incluya el mismo, lo que recién se conocerá en el segundo semestre del año. Resulta pues poco serio adelantar que se votará o no un proyecto del cual aún no conocemos contenido.
Algunos negaban anticipadamente el voto 50 y otros le ponían nombre a ese voto 50. Esto es no entender la corresponsabilidad de los dos poderes del Estado en la elaboración y discusión del texto final del proyecto presupuestal y la complejidad de los procesos parlamentarios y legislativos.
Cabe recordar que aún falta conocer el desempeño de la actividad económica del 4° trimestre de 2016, que desconocemos a la hora de escribir esta columna, y por lo tanto el PIB del año pasado y su efecto “arrastre” para este año. También falta tener información detallada de los porcentajes de ejecución de los créditos presupuestales de todos los proyectos, unidades ejecutoras, incisos y áreas programáticas, que son insumos fundamentales para proyectar nuevas distribuciones de asignaciones presupuestales.
En este contexto también se omite muchas veces la particular situación de incertidumbre que vive el país, la región y el mundo. Esa situación comenzó a intuirse ya en el segundo semestre de 2015 cuando se presentó el Presupuesto Quinquenal y lamentablemente se confirmó aún con mayor intensidad en la última Rendición de Cuentas 2015 que se presentó finalizando el primer semestre de 2016. Los procesos recesivos de nuestros dos principales socios del Mercosur, la crisis de Venezuela, las dificultades de Rusia y la Unión Europea y hasta cierta inestabilidad de China, que llegó a tener una crisis bursátil, constituyen un preocupante escenario internacional ya que involucran a nuestros principales socios en el intercambio comercial. Todas esas incertidumbres permanecen y si a esto agregamos la nueva incógnita que constituyen las posiciones proteccionistas del nuevo presidente de los Estados Unidos, vemos que enfrentamos este nuevo escenario aún con mayores desafíos.
En esta oportunidad entendemos que en ésta nueva instancia presupuestal se debería priorizar en primer lugar la necesidad de consolidar los importantes logros obtenidos en estos 12 años de gobierno, asegurar que, como en todos estos años en los cuales también tuvimos dificultades, éstas no afecten a los sectores más vulnerables, y fundamentalmente, preparar al país para recuperar el dinamismo de mayores tasas del crecimiento que tuvimos hasta 2014, con equidad e inclusión. Para ello, se debe reconocer la situación fiscal del país y su relación con el difícil escenario regional e internacional y equilibrarlo con prudencia con los avances en el cumplimiento del programa de Gobierno como objetivo fundamental e irrenunciable.
Creemos que el Comunicado que el Consejo de Ministros emitió sobre el tema el 30 de Enero pasado, luego de la reunión de Anchorena donde se comenzó a analizar el tema es una buena base para el dialogo respetuoso y de cercanía con la Sociedad en su conjunto y el sistema político en particular, para profundizar y consolidar entre todos los caminos de mejoramiento de “manera sostenida y sostenible la calidad de vida de los uruguayos”.
Brasil y Argentina tienen nuevos planes de estímulos a la inversión, Paraguay se ha convertido en un “boom” y seguramente EEUU, a través de las políticas de aumento de tasas de interés, fortalecimiento del dólar y proteccionismos de Trump, atraerá a gran parte de las inversiones que antes buscaban países emergentes. Por lo tanto, en estos momentos en que las condiciones de la región y el mundo se hacen mucho más competitivas para atraer inversiones, se debe también reforzar aquellos rasgos distintivos del país como la confianza, coherencia, consistencia, la generación de certezas, la estabilidad política y social, el respeto al ordenamiento jurídico y a los compromisos contractuales a nivel nacional e internacional, que fueron principal atractivo para la concreción de inversiones tanto nacionales como extranjeras.
Internamente tenemos un déficit fiscal importante, que si bien es manejable en el corto plazo, de persistir con bajos niveles de crecimiento puede cuestionar la sustentabilidad de los 12 años de logros de estos últimos Gobiernos y el cumplimiento del programa que apoyó la mayoría de la ciudadanía, afectando la calidad de vida y derechos de los sectores más vulnerables.
Por ello se debe partir del reconocimiento de los avances anteriores y de las actuales restricciones fiscales, producto fundamentalmente del abrupto y profundo cambio del escenario internacional y sobretodo regional, a partir del 2015; del mantenimiento y en algún caso de incremento de la incertidumbre del rumbo del comercio, la economía y las finanzas internacionales que se proyectaron en 2015 y 2016 y de la propia dinámica presupuestal, que sin modificar ni incorporar nuevos incrementos el gasto público, igual crece por disposiciones legales anteriores o constitucionales como por ejemplo la incorporación plena de nuevos colectivos al FONASA (últimos pasivos y sus cónyuges e hijos a cargo incorporados en julio 2016 y que en 2017 ya estarán todo el año) o los aumentos reales -por encima de la inflación- de salarios y pasividades en cumplimiento de nuestro programa y de lo reclamado por el bloque social de los cambios. A todo esto, también debemos agregar el acuerdo con los judiciales.
Se debe analizar profundamente la realidad y salvaguardar los equilibrios macro económicos, ya que afectarlos repercutiría gravemente en las posibilidades del país de seguir creciendo con equidad e inclusión y castigaría al bloque social de los cambios y en particular a las personas y sectores más vulnerables. También deberemos cuidar los incentivos a la generación de oportunidades de inversiones que a su vez generen empleos de calidad y evitar propuestas de aumento del gasto y por lo tanto del déficit, que más temprano que tarde sumarán más deuda pública y por consiguiente más intereses que aumentará el gasto o competirá con las propias prioridades que hemos definido, arriesgando perder el Grado Inversor que tanto costó obtener.
También podemos afirmar que la forma más genuina y sostenible de generar más ingresos fiscales para financiar más gasto social proviene de mejorar los niveles de actividad tanto en exportaciones, formación bruta de capital y consumo interno.Los últimos datos económicos sociales nos indican que hay una moderada mejora en las proyecciones internas realizadas para 2016 y 2017, aumentando el nivel de actividad -medido por varios indicadores – una sensible disminución de la inflación y un importante aumento del salario real y pasividades. Sin embargo, a estas “buenas noticias” se contrapone un deterioro también moderado del mercado de empleo por lo que entendemos que se convierte en primera prioridad social luchar por mejorar tanto el nivel de empleo como la tasa de actividad. Ya hemos expresado que la forma más genuina de generar empleo son las inversiones.
Con esta visión entendemos que ante esta nueva instancia de eventuales modificaciones presupuestales, debe establecerse claramente este marco conceptual y solamente ratificar lo que son las prioridades de nuestro programa de Gobierno: Educación, Sistema de Cuidados, Vivienda y Seguridad y Convivencia, sin profundizar en infinidad de Programas ni Proyectos hasta tener disponible la información del año 2016, referida a crecimiento y nivel de Ejecución presupuestal, y dialogar con el Ejecutivo sobre el alcance y contenido de su propuesta de modificaciones presupuestales y luego buscar y negociar consensos y apoyos necesarios en el sistema político para obtener las mayorías exigidas para su aprobación.
Citando a nuestro presidente: “El país que soñamos y estamos realizando implica un sistema de políticas con rumbo cierto, fundamento técnico, sustento institucional y político, consenso social y resultados concretos y tangibles en la vida cotidiana de todos nosotros”.
(*) Diputado de Asamblea Uruguay – Frente Amplio
