Licandro: “Las acciones del gobierno pueden tener efectos colaterales adversos en el futuro y no muy lejano”

Gustavo Licandro, economista y socio director del estudio Licandro Díaz

En una extensa entrevista con CRÓNICAS, el economista y asesor Gustavo Licandro abordó el actual panorama económico de Uruguay. Señaló que la baja de la inflación y el aumento del salario real “se presentan públicamente como logros” del gobierno, pero advirtió sobre posibles efectos negativos hacia el futuro. A su vez, analizó la política monetaria y su impacto en el tipo de cambio y la competitividad. En otro orden, el especialista lamentó la existente rigidez del gasto público, que adjudicó a la indexación, y criticó la falta de medidas para reducir el elevado déficit fiscal.

Por Magdalena Raffo | @MaleRaffo

-Transitamos el segundo semestre de 2024, último año del gobierno. ¿Cómo ve la situación del país y qué podemos esperar para el próximo año, ya con un cambio de administración?

-El escenario se mantiene incambiado respecto a lo que esperábamos desde hace un par de años. Veamos primero cómo se ve el 2024 y luego analicemos qué se puede esperar para el próximo año.

Hay resultados como la reducción de la inflación y el incremento del salario real promedio que se presentan públicamente como logros de la administración. Ambos resultados van de la mano y no toda la explicación es sostenible o, dicho de otra manera, parte de las acciones del gobierno pueden tener efectos colaterales adversos en el futuro y no muy lejano.

La menor inflación, o para ser más preciso, el comportamiento del IPC (Índice de Precios del Consumo), tiene, entre otros motivos, el impacto sobre el tipo de cambio de la política monetaria del Banco Central y el exceso de oferta de dólares motivado por la deteriorada situación fiscal y el endeudamiento público. Eso impacta sobre el precio de aproximadamente un tercio de la canasta de bienes y servicios del IPC, que son bienes transables. Sumado a una moderación importante de la inflación internacional, los bienes transables explican plenamente la caída de la inflación local. No hay otra acción de gobierno en ese sentido, toda va por esta senda.

-Pero, luego de muchos meses estable o a la baja, el tipo de cambio se movió al alza en los últimos dos meses. ¿Eso no permite reducir el atraso del tipo de cambio?

-Pero al mismo tiempo los precios de commodities y de productos exportables de Uruguay han bajado, compensando o más que compensando ese leve aumento del tipo de cambio. A su vez, la inflación internacional ha bajado sensiblemente este año. Desde el punto de vista de la competitividad del país, la situación es similar o peor a la del año pasado.

-Entonces, en su criterio, ¿no hubo otras medidas para bajar la inflación?

-Ciertamente, no. Observando el comportamiento del IPC que, repito, es una medición de la inflación, pero no significa lo mismo, se ve con claridad que el comportamiento de precios de los bienes y servicios no transables están por encima del promedio. Y entre los factores explicativos del precio de los no transables se encuentra en primer lugar el comportamiento de los salarios que, por el funcionamiento de los Consejos de Salarios y la política del gobierno, han crecido en términos reales y, por el rezago del tipo de cambio, han crecido significativamente medidos en dólares.

En otras palabras, la inflación ha bajado pese al comportamiento del 70% de los precios del IPC que son no transables y se explican en buena medida por los salarios. Los salarios están indexados desde 2005 cuando se reinstalaron los Consejos de Salarios. De esta manera, se asegura que los ajustes salariales serán en función de inflación pasada y, en caso de que la inflación real fuera superior, se aplican cláusulas gatillo que corrigen esa diferencia entre el IPC previsto y el realmente verificado. Entonces, el IPC tiene un piso que es la evolución de los no transables que en buena medida están indexados a la inflación pasada por el propio peso de los salarios. Entonces, para poder bajar la inflación, no hay dudas de que todo el esfuerzo lo hicieron quienes exportan o compiten con el exterior, que no solo enfrentan menores precios internacionales y menor tipo de cambio, sino que sus costos internos, por los no transables, aumentan en una línea asociada con la inflación pasada. Todo por la indexación.

-Días atrás el economista Gabriel Oddone propuso desindexar la economía y flexibilizar el funcionamiento de los Consejos de Salarios, manteniendo su existencia. ¿Cómo ve esa propuesta?

-El proceso de desindexación más importante de las últimas décadas sucedió en el gobierno de Lacalle Herrera, a principios de los 90. Se liberalizaron mercados, se abrió la economía y se eliminaron precios regulados administrativamente. En materia laboral se permitió la negociación libre, desindexando el mercado de trabajo. Si las partes preferían indexar, allá ellos, pero el Estado no convalidaba con tipo de cambio los aumentos salariales acordados privadamente. Veníamos de niveles de inflación muy altos y la indexación implicaba un riesgo de desempleo muy alto, ya que con la inflación bajando, implicaba aumentos de salario real que la economía no soportaba.

Pasaron los años y con el Frente Amplio (FA), desde marzo de 2005 en adelante y en un proceso sistemático que dura hasta hoy, 2024, se han indexado a full los salarios y muchísimos precios que se ajustan en función de la inflación pasada. Uno de los daños mayores es en materia de gasto público, donde se han indexado los salarios públicos y muchísimas partidas de gasto en función de la inflación pasada. Entre ellos, partidas vinculadas a las políticas sociales, salud, enseñanza, todo. De esta manera, la administración comprometió el futuro en la Ley de Presupuesto, transformando el gasto público en algo prácticamente exógeno a las decisiones de los gobernantes. Atrás de una aparente medida “ordenadora” hay una política absolutamente irresponsable de las últimas administraciones, al perder progresivamente el control de las finanzas públicas.

-¿Y cómo ve esta propuesta para desindexar?

-Si está proponiendo reeditar lo que se hizo en los 90 con Lacalle Herrera, bienvenido sea. No parece ser lo que propone el FA ni nadie en todo el espectro político de Uruguay. Para traducirlo al español más llano, desindexar significa que los aumentos de salarios no deben asociarse a la inflación pasada y, si la inflación verificada entre un aumento y el próximo es diferente al incremento efectivamente otorgado, no deben aplicarse cláusulas correctivas en ningún sentido, ni en más ni en menos. Solo las partes libremente podrían hacerlo, bajo su responsabilidad. Creo que esta discusión terminará siendo una anécdota, nada más. No hay tanta madurez en la vida pública uruguaya actual como para emprender este camino.


“Uruguay es un país con pocas oportunidades porque es caro y con rigideces en todos los rincones”

-¿Cómo está viendo la situación fiscal?

-Vamos camino a terminar con un déficit fiscal similar al recibido del último gobierno del FA, quizás más alto. El gasto público es rígido, entre otras cosas, por la indexación creciente de las normas presupuestales y la nula o tímida voluntad del gobierno para reducir el peso del Estado que sigue galopando en el orden del 35% del Producto Interno Bruto (PIB). Con un crecimiento de la última década muy bajo, apenas por encima del 1% anual, el déficit fiscal tiene vida propia, nadie lo controla. Lo interesante es que todo esto ya estaba previsto en la Ley de Presupuesto cuando los ingresos se proyectaban con un optimismo tal que, al no cumplirse, el resultado se refleja en más déficit fiscal.

A partir de 2005 hubo un cambio de sintonía cuando se decía que el incremento del gasto público era correcto y estaba convalidado por un crecimiento tendencial del país del orden del 3,5% anual. Llevamos cuatro administraciones creyendo en eso, equivocadamente. El crecimiento tendencial es sensiblemente menor, menor incluso al 2,5 o 2,8% que yo mismo estimaba a principios de este milenio. Por eso el error de diagnóstico es grande.

Pero mientras el sector público uruguayo tenga capacidad para endeudarse es difícil, por no decir imposible, que la dirigencia política local piense en ajustar el gasto público. Es más, en los últimos años mediante las Rendiciones de Cuentas el gasto siguió aumentando usando un eufemismo muy simpático y peligroso cuando, al verificarse un déficit fiscal menor al previsto, aunque esporádico, los políticos creen que eso los habilita a un aumento del gasto o una reducción de impuestos puntuales como se hizo. Episodios muy aplaudidos que solo les incrementaron los impuestos a nuestros hijos y nietos al financiarlos con más deuda pública. Por definición, si tenemos déficit, una reducción de ingresos o aumento de gasto se paga con deuda pública. Y eso algún día se paga.

-Todo esto tendrá un impacto sobre la economía y los agentes económicos. ¿Qué efectos ve usted dentro de ese escenario que parece tan rígido?

-Nada que no se conozca. Baja competitividad, tipo de cambio bajo que explica varias cosas, entre ellas, salarios medidos en dólares elevados que se reflejan en una expansión del consumo privado, baja rentabilidad de las empresas que compiten en el mercado de bienes transables (exportadores o para mercado local) que se refleja en una menor inversión privada. Todo esto conduce a una baja tasa de crecimiento y a un alto riesgo de caída del empleo el día que el consumo se contraiga, por la razón que fuera. Es un país con pocas oportunidades simplemente porque es caro y con rigideces en todos los rincones. Donde usted mire, ve una regulación. Y todos los años inventan varias más que la sociedad acepta alegremente. Para los privados es como acelerar con el freno de mano puesto.

El punto es que el contexto internacional prevé alta liquidez por bastante tiempo. En estos días se reavivó la posibilidad de una baja de tasas de interés de la Reserva Federal. Y eso permite más financiamiento para el sector público y corre la arruga de la alfombra para adelante. Algún tropiezo habrá, pero por ahora lo veo lejano en el tiempo.