Con el fin de indagar sobre el estado de situación de Uruguay en materia de combate al lavado de activos, CRÓNICAS conversó con Ricardo Sabella, consultor internacional y experto en el tema, y director de BST Global Consulting. Además, estuvo a cargo de la organización del 12° Congreso de Lavado de Activos de las Américas, que tuvo lugar en Montevideo a comienzos de agosto de este año. Para el especialista, es importante fomentar una mayor cooperación entre los países de la región, un incremento en la inversión por parte del Estado y un compromiso por parte del sector político para perseguir y procesar este delito con mayor éxito.
Por Sofía Dri
-¿Cuál es la situación actual de Uruguay en materia de prevención y sanción al lavado de activos?
-Uruguay venía dando algunos pasos positivos y sus normas venían mejorando, aunque los avances eran dispares. En 2019, Uruguay fue evaluado por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que es el organismo internacional de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) dedicado a definir y evaluar los sistemas que los países implementan para la lucha contra estos delitos. Los resultados de la evaluación del país dejaron varios sabores. En primer lugar, tuvo una buena calificación en lo formal, es decir, en lo relacionado a las normas que rigen para el sistema antilavado. Por otro lado, en lo que respecta a la implementación y efectividad de las medidas, fue calificado en un nivel pobre, principalmente por la casi inexistencia de condenas.
-¿Cree que el Estado debería invertir más en este aspecto?
-Sin dudas. En recursos humanos, técnicos y sobre todo en iniciativa y cooperación. Muchas veces la falta de recursos se puede suplir por un tiempo con buenas ideas, pero no es eterno. Si el Estado no se esfuerza para presentar batalla a este flagelo, no se puede esperar que el privado lo haga por sí solo. Tenemos que revisar la forma que hasta ahora Uruguay planteó su sistema de prevención basado en la detección de casos por parte del sector privado y ocupándose de supervisar en el cumplimiento formal de la norma. Está demostrado por los resultados que eso no es suficiente.
-¿Cuáles son las nuevas modalidades de lavado?
-Las formas en las que estos procesos se llevan a cabo en la actualidad no han cambiado mucho. No hay tanto que inventar, lo que pasa es que van cambiando de ámbito, medio de pago, o tipos de activos, y los delitos también van mutando. Pero el proceso de lavado al final del día sigue siendo de tapa de libro: tratar de encontrar una justificación económica para que no se identifique que la riqueza es de origen ilegal. Poder responder preguntas. Hoy, al dinero en efectivo, se le suman otros activos como cripto y otros medios de transferencia e intercambio de valor. Sin duda lo que más ha colaborado con esta transformación es la tecnología, la conectividad y las redes sociales. Uno de los delitos que mayor volumen de dinero ilegal genera hoy son las estafas en el ámbito digital.
-¿Qué aplicaciones se les puede dar a las nuevas tecnologías para la prevención y combate al lavado? ¿Qué novedades existen en este sentido?
-Básicamente, se pueden implementar tanto en el ámbito estratégico como operativo, al permitir el procesamiento de grandes volúmenes de datos y automatizar tareas. Hoy hay muchas autoridades de cumplimiento que vienen utilizando la blockchain, por ejemplo, para registrar la trazabilidad de movimientos. También se utilizan las herramientas de machine learning para mejorar los sistemas de alertas. Hoy la posibilidad de aplicación es infinita, tanto en materia predictiva como de detección, y esa tecnología está al alcance de la mano. Un fiscal de cibercrimen de Argentina, Alejandro Musso, que participó recientemente en el congreso que organizamos, nos enseñó que esas herramientas no son tan complicadas de obtener con pocos recursos. Nos estamos privando de una potente oportunidad si no tenemos la iniciativa de acercarnos a esto.
-¿Cómo se puede fomentar una mayor cooperación internacional o regional a la hora de enfrentar al lavado de activos?
-Primero, es necesaria la voluntad política. También se necesita generar la articulación y convenios necesarios con los organismos intergubernamentales, analizar el marco de posible colaboración que implique el intercambio de información, y la creación de comités operativos a nivel regional en temas de control de intercambio de flujos de fondos y activos transnacionales. No es fácil, hoy las definiciones legales en los países difieren y no parece haber una justificación para esto. Por ejemplo, el umbral de participación o control para definir un beneficiario final no es el mismo en Argentina que en Uruguay, en Brasil, y menos que en Perú o en Colombia. Necesitamos estandarizar esas definiciones y comenzar con el intercambio y colaboración dentro del país para luego trabajar en materia transnacional. Pero tenemos que comenzar.
-¿Cuáles son los riesgos de que el sistema político no tome el tema con la seriedad que debería?
-Ya estamos padeciendo algunas consecuencias. Nadie puede negar el avance del crimen organizado y el aumento de delitos en la región y en nuestro país. Las condenas por lavado y la rápida detección y decomiso de activos por parte del Estado tienen un impacto directo en la motivación de los delitos financieros. También tienen una consecuencia en la imagen y oportunidades del país, que puede traer una mala evaluación del sistema antilavado por parte de organismos internacionales. A su vez, el descreimiento y percepción del sector privado, que puede hacer las cosas correctas, pero por las malas políticas puede verse involucrado en un sistema que es evaluado en forma desfavorable por sus pares. La voluntad parecería ser el recurso más barato y menos aplicado.
“El sistema antilavado no está dando resultados”
-¿Qué conclusiones o ideas se desprendieron del 12° Congreso de Lavado de Activos de las Américas?
-Principalmente, la necesidad de cambiar la configuración del sistema antilavado, dado que sabemos que no se están dando los resultados esperables, por lo que no se puede seguir en la misma. Hoy la tecnología y la experiencia de muchos actores del sistema antilavado ofrecen ventajas para trabajar en forma colaborativa y no se está aprovechando. Hay una necesidad de modificar el enfoque de cumplimiento normativo para ir a un esquema de colaboración conjunta que nos permita atacar los nuevos delitos financieros. Con recursos, tecnología, iniciativa y voluntad, la experiencia de otros países nos indica que es posible.
