El Poder Ejecutivo comunicó a la Asamblea General que hará uso de la facultad de ampliación del tope de endeudamiento neto del Gobierno Central establecido para el ejercicio 2024, según anunció el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en un comunicado. El gobierno argumenta que la caída de los precios internacionales de las materias primas y la fuerte distorsión de precios respecto a Argentina determinaron un sustancial cambio de precios relativos en la economía uruguaya, lo que llevó a que el endeudamiento neto superara el tope, pese a que “el gasto nominal se ha mantenido en línea con lo previsto”.
En el comunicado, el MEF explica que “la invocación de la cláusula (de aumento del tope de endeudamiento) se deriva de los sustanciales cambios en los precios relativos ocurridos en la economía uruguaya durante 2023 y 2024”, ya que “los mismos, determinaron una fuerte merma en los ingresos tributarios con el consiguiente aumento del endeudamiento neto, aun cuando el gasto nominal se mantuvo en línea con lo previsto en el marco de la regla fiscal que implementó esta administración en 2020”.
El tope de endeudamiento para este año estaba fijado en US$ 2.300 millones, una cifra que al cierre de noviembre aún no se alcanza, pero que el Gobierno sabe que superará al cierre del mes de diciembre. Ante estos escenarios, la regla fiscal prevé una cláusula de salvaguarda que permite ampliar un 30% el monto base, pero que solo se puede activar en circunstancias extraordinarias como “situaciones de grave desaceleración económica, sustanciales cambios en precios relativos, situaciones de emergencia o desastres de escala nacional”.
Esta cláusula ya había sido invocada en la actual administración en 2021 debido a la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de covid-19, y en 2023, debido a la crisis hídrica que afrontó el país.
Todo es relativo
El comunicado explica que la decisión de activar la cláusula de salvaguarda fue comunicada al Consejo Fiscal Asesor el pasado viernes 13 de diciembre, en la cual se brindó información detallada sobre las razones para hacerlo.
El gobierno fundamenta que en los últimos años la caída de los precios internacionales de las materias primas y la fuerte distorsión de precios respecto a Argentina determinaron un sustancial cambio de precios relativos en la economía uruguaya, particularmente entre precios transables y no transables y entre precios minoristas y deflactor del PIB. Este cambio derivó en una reducción de los índices inflacionarios en el país, mayor a la ya prevista en el proyecto de Rendición de Cuentas.
“Si bien la reducción de los guarismos inflacionarios contribuyó al crecimiento económico e incrementó el poder adquisitivo de los hogares, también determinó una merma en los ingresos tributarios nominales del Gobierno Central en 2024, respecto a lo previsto en el proyecto de Rendición de Cuentas de 2022, cuando se fijaron los créditos presupuestales y el tope de endeudamiento neto del Gobierno Central para el corriente año”, describe el comunicado.
Según estimaciones del MEF, dicha resignación de ingresos se sitúa en 0,7% del PIB, equivalente a US$ 600 millones.
Como consecuencia de ello, la última medición del MEF respecto al endeudamiento neto acumulado a noviembre de 2024 está levemente por debajo del tope de US$ 2.300 millones. Al cierre de 2024 se espera, sin embargo, una cifra de endeudamiento neto superior a dicho tope. “Este resultado se daría aun cuando el gasto nominal se ha mantenido en línea con lo previsto en el marco de la regla fiscal que implementó esta administración en 2020”, defienden las autoridades económicas.
Defensa propia
Asimismo, se argumenta que la posibilidad de que el endeudamiento neto del Gobierno Central fuese mayor al tope legal propuesto por el Poder Ejecutivo al Parlamento en junio de 2023, ya había sido advertida por el MEF en junio pasado, en ocasión de la presentación del proyecto de ley de la Rendición de Cuentas. En la Exposición de Motivos, se expresaba que “considerando que la recaudación neta de la DGI viene evolucionando por debajo de lo previsto en los primeros cinco meses del año, ello constituye una fuente de desvío potencial por el lado de los ingresos fiscales, respecto a la programación actual”. En la misma línea, en dicho proyecto de ley y en la comparecencia posterior ante el Parlamento, se informó que los primeros dos pilares de la regla fiscal no se alcanzarían por las razones expuestas anteriormente.
La facultad dispuesta en el artículo 699 de la Ley 19.924 permite la ampliación del tope legal de endeudamiento neto para 2024 hasta el equivalente a US$ 2.990 millones.
Pese al aumento del tope de endeudamiento, el MEF asegura que “esta medida no altera, en modo alguno, la sostenibilidad de las finanzas públicas para los próximos años”.
Arbeleche: “No es necesario un ajuste fiscal. Que se quiera hacer, es otra cosa”
En declaraciones a medios de prensa respecto a la decisión de elevar el tope de endeudamiento, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, aseguró que en 2024 se recaudó menos de lo previsto, pero el nivel de gasto fue el que estaba estimado en la Rendición de Cuentas, razón por la cual –argumentó- no debe hablarse de un incremento como consecuencia del año electoral.
“Nosotros hacemos un monitoreo mensual de lo que es el endeudamiento neto, la cifra de noviembre pasado nos mostró que estamos cerca del tope de endeudamiento”, sostuvo Arbeleche. La ministra explicó que se trata de algo que “no es nuevo” y que el gobierno lo venía anticipando desde “hace meses”, incluso en la presentación de la Rendición de Cuentas.
“El mayor endeudamiento se debe a una menor recaudación, porque la inflación bajó más rápido de lo que preveía el equipo económico y los analistas. No hubo un aumento del gasto nominal”, afirmó. Asimismo, justificó que las proyecciones estaban contenidas en la última Rendición de Cuentas, por lo cual “no es válido que, por ser un año electoral, se gastó más”.
Por otra parte, Arbeleche aseguró que la situación fiscal “no requiere de un ajuste fiscal en la próxima administración”. “Otra cosa es cuando el gobierno se siente y diga qué es lo quiere hacer, cuánto quiere gastar y cuánto quiere recaudar y ahí tomará las medidas. Pero insisto con el punto: no se está dejando una economía en la que sea necesario un ajuste fiscal. Que se quiera hacer, es otra cosa”, finalizó.
