El Directorio del Banco Central del Uruguay (BCU) resolvió intervenir preventivamente a Grupo Bursátil Uruguayo (GBU) Sociedad de Bolsa S.A., con suspensión de las actividades y sustitución total de sus autoridades estatutarias. Se entiende que la firma y su presidente “no cumplen con los estándares de conducta, aptitud y rectitud comercial y profesional requeridos”. Asimismo, se advierte que estos hechos se pondrán en conocimiento de Fiscalía “ante la eventualidad de que ciertas conductas pudiesen ser tipificadas como delitos».
El Directorio del BCU resolvió el miércoles 8 de enero intervenir preventivamente al corredor de bolsa GBU, con suspensión de las actividades y sustitución de sus autoridades estatutarias, así como del contador Álvaro Correa -expresidente de la Caja de Profesionales- de sus atribuciones de personal superior. Asimismo, designó como interventora a la contadora Ana Chaves y dispuso inmovilizar todos los activos propios y de clientes en cuentas a nombre del intermediario.
La resolución instruye a GBU a notificar en forma inmediata a cada uno de sus clientes y a las entidades con las que opera, lo resuelto por el BCU, así como a entregar de forma inmediata a la SSF el detalle de los saldos de efectivo y valores de las cuentas de cada uno de sus clientes y detalle de los saldos de todas las cuentas en bancos, brokers, intermediarios de valores y toda otra entidad financiera con la cual mantenga contratos vigentes, indicando especialmente aquellas en las cuales mantenga efectivo y valores propios o de terceros.
Por último, se encomienda al superintendente de Servicios Financieros la determinación de las operaciones que deban ir quedando exceptuadas de la suspensión de actividades dispuesta, para que estas “no afecten la finalidad de protección de los intereses de los clientes, que persigue la medida adoptada”.
Los hechos
Según narra el BCU en su resolución del Directorio, GBU es una sociedad anónima inscripta como corredor de bolsa desde diciembre de 2005, cuyo paquete accionario pertenece en un 58,33% a Álvaro Correa.
En noviembre, el BCU tomó conocimiento de hechos vinculados a este grupo, solicitando la verificación de determinadas inversiones realizadas por la sociedad para una persona declarada incapaz y luego fallecida. Esta persona era la beneficiaria final de una empresa, que, a su vez, era titular de acciones de otra empresa, respecto de la cual en 2018 se otorgó la venia judicial para proceder a la venta de sus acciones. De lo obtenido de dicha venta se disponía la inversión en instrumentos específicos de deuda uruguaya, como bonos globales o bonos del Tesoro, optando entre ellos, según criterios de mayor rentabilidad y seguridad para el patrimonio de la persona incapaz. El último curador judicial designado de esta persona había solicitado, y así fue dispuesto por el juez, la designación de asesores, entre los que se encontraban el contador Correa y GBU para la inversión en Uruguay de los fondos provenientes del negocio.
Según constató la SSF, en mayo de 2022, sin contar con venia judicial y con orden expresa de sus directores, GBU procedió a la venta de valores de la empresa realizando la compra de un producto estructurado, que tiene como subyacente las acciones de una sociedad de las Islas Vírgenes Británicas, denominada Forestal International Limited, la cual tiene inversiones en el 100% de su capital de una SA uruguaya Portfolio Forestal Uruguay.
De acuerdo con los certificados de accionistas de Forestal International Limited, el contador Correa es titular de cuatro acciones de “management” de dicha empresa y figura como su administrador. Además, Forestal International Limited es el único miembro del directorio de Portfolio Forestal Uruguay, por lo cual Correa es en los hechos la única persona física integrante del directorio de ambas entidades.
La resolución del BCU da cuenta que además de las operaciones del 11 de mayo de 2022, desde el año 2019 a la fecha se realizaron diversas compras y ventas de valores de la empresa cuya beneficiaria final es la persona declarada incapaz sin contar con la venia judicial correspondiente.
El BCU agrega que en 2023, con posterioridad a la inversión realizada en 2022, GBU envió una nota y correo electrónico al curador y director de la empresa, proponiendo un cambio de perfil inversor, pasando a ser “agresivo”. Según el BCU, no surge la existencia de una estrategia de inversión notificada al cliente ni la existencia de venia judicial que lo autorice.
Tampoco hay constancia de que GBU hubiese notificado a la empresa ni a la sede judicial sobre el conflicto de interés existente; al ser el contador Correa el presidente y único integrante del directorio de GBU, director y administrador de Forestal International Limited, y director de Portfolio Forestal Uruguay.
Para el BCU «la gravedad de estos incumplimientos se ve incrementada por el hecho de que la beneficiaria final de la empresa era una persona declarada incapaz». Por eso, afirma que «en función de los hechos reseñados, se entiende que GBU y su presidente no cumplen con los estándares de conducta, aptitud y rectitud comercial y profesional requeridos (…), lo cual se ve agravado por los montos involucrados en las inversiones realizadas y la imposibilidad de verificar el destino de parte de las mismas».
«Los hechos relevados ameritan ponerlos en conocimiento de la Fiscalía competente ante la eventualidad de que ciertas conductas pudiesen ser tipificadas como delitos», concluye.
