Por: Dr. Facundo Moreno Bentancor (*)
En una importante medida para fortalecer la protección infantil, el 7 de octubre de 2024, el Senado y la Cámara de Representantes de nuestro país sancionaron la Ley Nº 20.381, que establece un sistema nacional de alerta temprana para la localización de menores de edad desaparecidos, denominado «Alerta Amber Uruguay». Este sistema tiene como objetivo principal garantizar una respuesta rápida, coordinada y eficiente frente a la desaparición de niños, niñas y adolescentes, en especial cuando se sospeche de un acto delictivo o violento que ponga en riesgo su vida o integridad.
Propósito y justificación
La nueva legislación surge en respuesta a la creciente preocupación por la seguridad de los menores en situaciones de riesgo extremo, como secuestros o desapariciones forzadas. La «Alerta Amber Uruguay» se enfoca en la necesidad urgente de actuar con rapidez para evitar que el daño a los menores sea irreversible. De esta manera, se establece un mecanismo para asegurar la localización temprana de aquellos cuya desaparición implique potencialmente una amenaza inmediata para su vida, salud o bienestar psicológico.
Según lo estipulado en la ley, se considera «menor ausente» a cualquier niño, niña o adolescente que no haya cumplido los 18 años, cuya ubicación sea desconocida para sus responsables legales y cuyo caso dé indicios claros de que su desaparición está vinculada a un hecho delictivo o violento. Este enfoque permite priorizar aquellos casos en los que el peligro es inminente, permitiendo que la alerta se difunda de inmediato.
Estructura y funcionamiento del sistema
El Ministerio del Interior será el encargado de coordinar y supervisar el sistema de alerta, integrando el protocolo en el Departamento de Registro y Búsqueda de Personas Ausentes. El sistema de búsqueda se coordinará estrechamente con varios organismos clave como la Fiscalía General de la Nación, el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), el Poder Judicial, el Sistema Nacional de Emergencias, y otras entidades públicas que podrían colaborar según el caso.
Una de las características más destacadas de la ley es la rapidez con la que las autoridades deben actuar ante una denuncia. No se requiere esperar ningún tipo de plazo para iniciar la búsqueda; la localización debe comenzar de inmediato en cuanto se recibe la denuncia, garantizando que no haya demoras en la activación de los mecanismos de búsqueda.
Difusión de la alerta
La «Alerta Amber Uruguay» se difunde mediante diversos canales de comunicación, buscando alcanzar la mayor cantidad de personas posible en el menor tiempo. Estos incluyen medios tradicionales como radio, televisión y cable, así como plataformas digitales y redes sociales, canales de mensajería de telefonía móvil y carteles en lugares públicos como peajes, aeropuertos y puertos. Este enfoque multiplataforma asegura que la información llegue rápidamente a un público amplio.
El mensaje de alerta incluirá datos cruciales sobre el menor desaparecido: nombre, edad, características físicas, lugar y fecha de la última vez que fue visto, junto con una fotografía actualizada. Además, se proporcionarán números telefónicos y correos electrónicos para que la ciudadanía pueda aportar información valiosa sobre el paradero del niño o adolescente.
Coordinación internacional
El sistema «Alerta Amber Uruguay» no solo se limita al ámbito nacional. En el caso de que la desaparición se considere de riesgo grave, la alerta será comunicada a Interpol, permitiendo la difusión internacional de la búsqueda. Esto coloca a Uruguay en una red global de cooperación para la localización de menores, al igual que otros países que implementan este tipo de alertas. De esta forma, la ley busca un enfoque global para resolver casos de desapariciones que puedan cruzar fronteras.
Proceso de desactivación
La ley también establece claramente los procedimientos para la desactivación de la alerta, los cuales incluyen situaciones como la localización del menor o la determinación de que la alerta ya no es necesaria. La desactivación se realizará de manera oficial y será comunicada públicamente por los mismos medios que se utilizaron para emitir la alerta. Sin embargo, es fundamental destacar que la desactivación de la alerta no detiene la búsqueda, que continuará hasta que el menor sea localizado y puesto a salvo.
Herramientas tecnológicas y participación ciudadana
Uno de los puntos clave de la ley es la integración de tecnologías móviles. El Ministerio del Interior desarrollará una aplicación para sistemas operativos móviles, permitiendo a la población recibir notificaciones de manera instantánea. Además, se prevé la colaboración de las compañías de telefonía móvil para enviar alertas a sus abonados, aumentando aún más el alcance de la difusión.
La ley también otorga un papel activo a los ciudadanos, quienes podrán reportar información sobre desaparecidos a través de una línea telefónica gratuita y un correo electrónico específicos. Además, los organismos públicos deben contribuir difundiendo las alertas en sus propios canales, como sus sitios web, creando un esfuerzo colectivo para maximizar la cobertura de la alerta.
Conclusiones
La implementación de la «Alerta Amber Uruguay» es un paso significativo en el compromiso del país con la seguridad infantil. Su marco legal refuerza la necesidad de una respuesta coordinada, inmediata y eficiente ante casos de desapariciones. Expertos en seguridad y derechos humanos han expresado que esta ley no solo mejora la infraestructura de búsqueda de personas menores de edad, sino que también refleja un cambio en la mentalidad de prevención y protección del Estado uruguayo hacia los niños y adolescentes.
Con la nueva ley, Uruguay se une a un grupo selecto de países que han adoptado sistemas de alerta Amber, aumentando la probabilidad de rescatar a menores desaparecidos en situaciones de riesgo. Al proporcionar una herramienta más para la localización rápida y eficiente, se espera que la ley salve vidas y brinde a los padres, tutores, familiares un recurso vital en momentos de angustia.
En conclusión, la «Alerta Amber Uruguay» marca un avance crucial en la protección de los menores de edad, mostrando un compromiso firme por parte del Estado en garantizar su seguridad y bienestar. Con esta iniciativa, se refuerza el derecho fundamental de los niños y adolescentes a vivir en un entorno seguro, donde su integridad física y emocional esté siempre protegida.
(*) Integrante del equipo legal de GALANTE & MARTINS.
