La regla fiscal implementada por la actual administración de gobierno “fue un avance significativo para la institucionalidad fiscal”, y si bien los incumplimientos de 2024 son “preocupantes”, estos “no invalidan esos avances y reafirman la necesidad de continuar mejorando dicho marco”. Así concluye el informe sobre el cálculo del Resultado Fiscal Estructural al cierre de 2024, realizado por el Consejo Fiscal Asesor (CFA), conformado por los economistas Alfonso Capurro, Ana Fostel y Jorge Roldós.
“Por primera vez desde la creación de la nueva institucionalidad fiscal en 2020, se observó en 2024, simultáneamente, un incumplimiento en las metas indicativas de los pilares 1 y 2, y la activación de la cláusula de salvaguarda del pilar 3 de la regla fiscal”, advirtió el CFA en su informe. En particular, se mencionan los “errores de pronóstico en la estimación de la inflación” (más baja de lo esperado) que impactaron sobre la recaudación de la DGI. Si bien el gasto nominal se mantuvo, el consejo advierte que “la política fiscal se mantuvo pasiva a los desvíos” y evidenció “una mayor rigidez y menor capacidad de reacción en el año electoral”.
Respecto a la activación de la cláusula de salvaguarda para elevar el tope de endeudamiento neto, el CFA manifiesto su desacuerdo con la decisión, interpretando que “la ambigüedad asociada a su justificación (“sustanciales cambios en precios relativos”) podría llevar, en el futuro, a invocaciones arbitrarias y frecuentes de la cláusula, lo que potencialmente desvirtuaría la naturaleza de un instrumento valioso como lo es una cláusula de escape para una regla fiscal”.
En este sentido, “el CFA advierte que el incumplimiento de las metas fiscales en 2024 constituye una señal de preocupación ya que la posición fiscal estructural se mantiene alejada de un nivel consistente con la sostenibilidad intertemporal del cociente de deuda bruta sobre PIB”.
Pensando a futuro, los integrantes del CFA interpretan que la política fiscal del Presupuesto Nacional 2025-2029 requiere no solo de apuntalar el enfoque estructural de las finanzas públicas, sino también de adoptar un criterio de prudencia a la hora de evaluar medidas de política económica con impacto permanente al alza en el gasto y/o a la baja en los ingresos.
Balance y desafíos
Respecto al balance de la nueva institucionalidad, el CFA destaca que “el nuevo marco fiscal contribuyó positivamente a reforzar la institucionalidad fiscal, con mejoras en términos de transparencia, rendición de cuentas, calidad del debate y diseño de la regla fiscal”. Además, “superó un período inicial de debate público sobre su existencia, avanzando hacia un debate sobre la necesidad de su fortalecimiento y consolidación”.
Respecto a los resultados, se valora que en términos netos fueron positivos, en particular entre 2020 y 2023, etapa en la que se cumplieron las metas fiscales, dando lugar “a menores riesgos de insostenibilidad y prociclicidad”. Sin embargo, también se alerta que el año pasado esto tendió a revertirse parcialmente a partir del incumplimiento de las metas fiscales, dejándolas “sin superar totalmente la prueba de madurez que implicaba la vigencia de un nuevo marco fiscal en el año electoral, el cual históricamente estuvo caracterizado por una mayor discrecionalidad y rigidez de las finanzas públicas”.
De todas formas, el CFA insiste en que “ese incumplimiento no invalida la importancia y la contribución que implica contar con un nuevo marco institucional que refuerza la transparencia, limita la prociclicidad y la discrecionalidad y promueve la sostenibilidad de las finanzas públicas”.
En cuanto a los desafíos y oportunidades a futuro para el nuevo marco fiscal, el CFA considera que el proyecto de Ley de Presupuesto constituye una ventana de oportunidad para introducir cambios que consoliden el marco institucional vigente. En materia operativa se recomienda incorporar un nivel “prudente” de deuda sobre PIB como ancla de sostenibilidad de mediano y largo plazo; establecer que las metas anuales de los pilares de la regla sean estables y estén explícita y analíticamente vinculadas a ese nivel de deuda; incorporar mecanismos de corrección ante desvíos de las metas; y explicitar más claramente los motivos que permiten activar la cláusula de salvaguarda. “Estas mejoras fortalecerían el enfoque estructural de las finanzas públicas y evitarían cambios discrecionales en las metas fiscales”.
