El gobierno de Luis Lacalle Pou se fue con un déficit del sector público global de 5,3%, pero explicado en buena medida por el adelanto de pagos correspondientes a marzo de pasividades, remuneraciones y transferencias del BPS. De excluir ese efecto, así como el de los ingresos de fondos al Fideicomiso de la Seguridad Social (FSS), el resultado deficitario habría sido de 4,3%. Sin embargo, se advierte respecto al impacto de la deuda “flotante” por facturas de proveedores ya emitidas y registradas, pero aún no pagadas, que se duplicaron respecto a un año atrás y se situaron en 0,6% del PIB.
Los números de las cuentas públicas siempre están en el debate público, pero en los últimos meses la polémica se acrecentó debido a un crítico comunicado del Consejo Fiscal Asesor, que generó también una respuesta del MEF. Además, en fase de transición, el actual ministro Gabriel Oddone había advertido que la situación fiscal era más delicada que lo que habían previsto y así lo confirmó en su presentación ante la Comisión de Hacienda del Senado (ver recuadro).
Finalmente, el MEF comunicó los resultados correspondientes al año móvil cerrado a febrero (cierre del período del gobierno), que mostraron un déficit fiscal del sector público global de 5,3% del PIB. Sin embargo, a este resultado hay que descontarle el impacto de los ingresos de fondos al FSS, así como el adelanto de pagos de pasividades, remuneraciones y transferencias del BPS, correspondientes al mes de marzo de 2025, debido al feriado de Carnaval. Depurando estos efectos, el resultado global del sector público fue de -4,3%, lo que implicó un incremento de una décima respecto al déficit del año móvil cerrado a enero (-4,2%).
Este resultado es peor al anunciado en febrero por la entonces ministra de Economía, Azucena Arbeleche, que estimó un rojo en las cuentas públicas de 4,1%, aunque lo ubica por debajo del dejado por el Frente Amplio en febrero de 2020, cuando -depurando el efecto de los ingresos al FSS- el resultado del Sector Público Global arrojó un déficit del 5%.
Luego de una mejora al inicio del período de gobierno de Luis Lacalle Pou, que llevó el déficit fiscal a su punto más bajo en setiembre de 2022 con un rojo de 2,6%, luego comenzó una tendencia al alza que lo volvió a ubicar en valores similares a los registrados a inicios del período.
Al mismo tiempo, las nuevas autoridades del MEF advierten por postergaciones en los pagos de la Tesorería por diferentes conceptos, que hubiera correspondido pagar dentro del año calendario 2024. El Observatorio de la Coyuntura Económica dirigido por el economista Javier de Haedo, señaló en su último monitor que “han trascendido estimaciones del gobierno que sitúan por encima de medio punto del PIB a la suma de todos estos ‘atrasos’”. Según se explica, la deuda “flotante” de la Tesorería (que consiste en facturas de proveedores ya emitidas y registradas, pero aún no pagadas) mostraron que al 28 de febrero se duplicó el monto adeudado en ese rubro, que se situó en 0,6% del PIB.
El comunicado del MEF
En los 12 meses cerrados a febrero, el resultado del Gobierno Central-BPS (GC-BPS) evidenció un rojo de 4,4% del PIB, aunque este resultado se ve afectado por el mencionado adelanto de pagos correspondientes al mes de marzo. Depurando este efecto, el resultado fue de -3,3% del PIB, mientras que excluyendo los ingresos de fondos al FSS, el resultado habría sido de -3,4% del PIB.
Los ingresos del GC-BPS se situaron en 27,3% del PIB permaneciendo incambiados respecto a enero de 2025, mientras que los egresos primarios se ubicaron en 29,3% del PIB. En tanto, el pago de intereses fue de 2,4% del PIB, manteniéndose estable respecto al cierre del mes anterior.
El resultado de las Empresas Públicas fue de -0,1% del PIB, mejorando 0,1% en términos del PIB respecto a la medición anterior, debido a un mejor resultado primario corriente.
El resultado del Sector Público No Monetario (SPNM) se ubicó en -4,4% del PIB, mientras que excluyendo el FSS y los adelantos realizados, ascendió a -3,4% del PIB, deteriorándose 0,1% del PIB respecto a los 12 meses cerrados a enero.
Por su parte, el resultado global del BCU se mantuvo estable en -0,9% del PIB.
Finalmente, el resultado del Sector Público Global fue de -5,3% del PIB, pero depurando el efecto del FSS y de los adelantos, se situó en -4,3% del PIB.
“Déficit hubiese sido mayor de no haberse postergado gastos o adelantado ingresos”
El ministro de Economía, Gabriel Oddone; el subsecretario, Martín Vallcorba; el director de la OPP, Rodrigo Arim; y parte del equipo económico, presentaron ante la Comisión de Hacienda del Parlamento el contexto y punto de partida para las políticas públicas del quinquenio.
En relación a la situación fiscal, el equipo económico explicó que “el déficit de 2024 hubiese sido mayor a la cifra publicada de no haberse postergado gastos o adelantado ingresos ese año”. Según las estimaciones del MEF, el déficit del GC-BPS de 2024 hubiese sido 0,5% del PIB mayor de no haberse postergado gastos hacia 2025 y adelantado el cobro de impuestos a las empresas públicas que correspondía pagar este año.
Adicionalmente, Oddone detalló que los egresos adicionales (no endógenos) para 2025 ascienden a US$ 970 millones, de los cuales US$ 360 millones corresponden a 2024 y fueron postergados, y US$ 610 millones a gastos comprometidos al 28 de febrero de 2025 a pagarse en 2025.
En su presentación, Oddone recordó los lineamientos de agenda establecidos por el presidente Yamandú Orsi y resaltó que la principal prioridad del equipo económico es atraer inversiones para impulsar el crecimiento. Para ello, se definieron dos pilares fundamentales: fortalecer la estabilidad macroeconómica y mejorar la competitividad. Asimismo, planteó como prioridades las inversiones públicas en infraestructura de agua y saneamiento y en materia de mejoras en la movilidad urbana para el área metropolitana.
En cuanto a las prioridades en la asignación de recursos, se destacó el fortalecimiento de la matriz de protección social, con foco en la infancia, y la mejora de la convivencia y la seguridad pública. Por otro lado, basándose sobre la experiencia reciente y las recomendaciones de académicos y expertos, el MEF fortalecerá la institucionalidad fiscal a través de mejoras en la regla fiscal y del fortalecimiento de los consejos externos.
