La legisladora nacionalista Lourdes Rapalín manifestó a las bancadas de todos los partidos políticos la necesidad de acelerar la discusión respecto al Proyecto de Ley presentado en agosto del año pasado, que permitirá legislar sobre bullying en los centros educativos de todo el país. El proyecto plantea, entre otras cosas, que el educando víctima de acoso tenga derecho a reclamar al responsable «una indemnización por daño moral y psicológico, mínima equivalente a seis mensualidades de su matrícula mensual al colegio correspondiente, o su equivalente a seis Salarios Mínimos Nacionales en las instituciones públicas».
En diálogo con CRÓNICAS, Rapalín aclaró que la indemnización aplica para aquellos casos en que la víctima de bullying «tenga que hacer tratamiento terapéutico». Además, el artículo 4º del Proyecto de Ley, en su numeral «K», establece «la aplicación de sanciones o llamados de atención en aquellos casos en que corresponda». Según la legisladora nacionalista, esta parte está «a redactar», pero aseguró que se responsabilizará a los trabajadores de los centros educativos, tanto docentes como directores, o a los padres del victimario. Las sanciones se aplicarán también al propio estudiante hostigador, pero «no va a llevar la misma sanción un chico de ocho años que uno de 12, uno de 15 o un universitario», explicó Rapalín.
El Proyecto de Ley entiende por acoso, hostigamiento escolar o bullying «toda forma de violencia física, verbal, psicológica o social entre los alumnos, o de los docentes u otros empleados de los centros educativos hacia los alumnos, que se realicen en el ámbito educativo, generando en la persona afectada un agravio o menoscabo en su desarrollo integral, ya sea físico o psíquico, o violentando la buena convivencia escolar». Se espera que, al efectivizarse el proyecto, se establezca un protocolo antibullying para todos los centros educativos del país, tanto públicos como privados, en todos los niveles.
El protocolo, según Rapalín, debería basarse en el método Kiva, que actualmente es aplicado con éxito en Finlandia. El primer paso es enseñar qué es bullying y qué no, para que no ocurran abusos y falsas denuncias. El protocolo brindaría herramientas al docente, a los padres o a otros estudiantes acerca de cómo actuar frente a un caso de acoso u hostigamiento en un ámbito educativo.
Como antecedente a esta iniciativa, en el año 2008, el diputado Gonzalo Novales presentó un Proyecto de Ley, que fue aprobado en 2011 en la Cámara de Diputados y, dos años más tarde, en la Cámara de Senadores. El proyecto consistía en la elaboración de un protocolo para prevenir la violencia escolar. No hablaba exclusivamente de bullying, pero comprendía casos similares. Sin embargo, ese protocolo aún no ha sido redactado. Según Rapalín, el protocolo que proponía en su momento Novales podría fusionarse a la perfección con el antibullying que plantea este nuevo Proyecto de Ley.
El bullying involucra a todas las personas que participan de un centro educativo, docentes, administrativos, personal de mantenimiento y, por supuesto, alumnos. Rapalín aclaró que este tipo de hostigamiento, al que se le da ese nombre, ocurre únicamente dentro de los centros educativos. Si se presenta, por ejemplo, en el ámbito laboral u otro, lleva otro nombre, pero no bullying. La legisladora opinó que no es una cuestión de valores. «Podés educar a tus hijos con los mejores valores y ellos pueden practicar bullying, pueden ser los que lastiman y los padres no estar enterados de estas conductas», advirtió.
Sin embargo, según Rapalín, los docentes «seguro que lo saben». Según las cifras en las que se basa el Proyecto de Ley, el 70% de los casos de abuso se dan en las aulas, bajo la mirada del docente. Muchas veces, quizás sin quererlo, pueden ser ellos mismos los que incentiven el hostigamiento, mediante el destaque de un alumno por su desempeño, en presencia del resto de sus compañeros.
La legisladora Rapalín se ha puesto al hombro el tema desde hace varios años, y se considera una especialista. Ha estado en contacto con psicólogos, abogados y víctimas de bullying en la realización de su investigación y en la redacción del Proyecto de Ley. Según ella, la violencia en los centros educativos «está cada vez más naturalizada», y varios suicidios responden a esta causa. En Uruguay, un 19% de los suicidios registrados en jóvenes ocurre en casos de víctimas de bullying. Esta cifra viene en aumento, y la legisladora considera necesario regularizar el tema pronto, sobre todo, porque el Proyecto de Ley pone énfasis en la prevención.
«A todo le ponemos ‘bullying’, para cualquier cosa que pasa usamos esa palabra. Está muy banalizada, y no, no todo es bullying», opinó Rapalín. Según ella, el hostigamiento o acoso escolar es un tema serio, que encierra mucho dolor y sufrimiento, pero que se lo está banalizando por desconocimiento. El Proyecto de Ley expone que el acoso en los centros educativos se da porque los adultos, quienes están a cargo de estos, banalizan, naturalizan, niegan y silencian estas conductas. Desde ese lugar, están siendo cómplices de estos actos.
Más del 50 % de los alumnos latinoamericanos de 6º año de primaria sufre acoso escolar, según un informe que se cita en el Proyecto de Ley, en base a datos de la Unesco. En Uruguay, más del 30 % de los alumnos afirma haber sido maltratado de forma verbal por algún compañero, lo que ubica al país en cuarto lugar del estudio, por detrás de Argentina, Perú y Costa Rica. En la exposición de motivos del proyecto, se hace mención, además, a un estudio de expertos chilenos y españoles, según el cual más de la mitad de los alumnos de sexto grado de educación primaria, de la mayoría de los países latinoamericanos, confiesan haber sido víctimas de robos, insultos, amenazas o golpes por parte de sus compañeros.
En el país no se han realizado estudios de prevalencia referidos al bullying, pero el Proyecto de Ley, en su exposición de motivos, destaca algunos trabajos llevados a cabo en distintos centros educativos. Según la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), el 91% del alumnado de los liceos refieren peleas entre compañeros, 71% refirió haber sufrido agresiones verbales y 61% afirmó haber agredido verbalmente a otros. Se destaca también la necesidad planteada por los alumnos de abordar la temática, así como métodos de resolución de conflictos.
En abril del presente año, en la Comisión de Educación y Cultura, la legisladora Rapalín había calificado a los niños que hacen bullying como «psicópatas». Consultada por CRÓNICAS, dijo: «No lo considero yo, está en el Proyecto de Ley, y son los datos mundiales de los especialistas. Lo dice Silvana Giachero, que es la licenciada en psicología especialista en el tema, quien trabajó junto conmigo en la elaboración del proyecto».
Para Rapalín, los hostigadores en el ámbito educativo son «chicos que son un poquito diferentes», y que deberían ser tratados por especialistas. En base a dichos de psicólogos que colaboraron en la redacción del Proyecto de Ley, la legisladora contó que hay algo que todos los niños que hacen bullying tienen en común: no sienten culpa.
Según datos aportados a la elaboración del Proyecto de Ley por la licenciada en Psicología Silvana Giachero, publicados en la revista Internacional Magisterio en mayo de 2015, la franja de mayor vulnerabilidad es entre los siete y los 15 años, y más específicamente entre los 11 y los 12, cuando pasan a nivel secundario. Al comienzo de la adolescencia hay un factor de mayor vulnerabilidad, ya que los cambios profundos que operan psíquicamente a esa edad, no solo pueden dar lugar a «conductas psicopáticas» que pueden desarrollarse y perdurar, sino que el hecho de que hay cambios de instituciones, de grupos sumado al deseo y necesidad de pertenencia, les deja más indefensos y es más doloroso aun el quedar excluido de los grupos.
El bullying suele empezar justo a principios de curso, ya que coincide con la generación de grupos, y es en ese momento donde muchos alumnos no consiguen integrarse en ninguno de ellos. «Si además coincide con el paso de educación primaria a secundaria, y un cambio de colegio, estos chicos y chicas llevan pintada una diana gigantesca», detalla el Proyecto de Ley en su exposición de motivos. «A su vez, van a demostrar de forma mucho más evidente sus carencias psicológicas, momentos de depresión, frustración, confusión, etc., hecho que los convierte en mucho más vulnerables, por las necesidades propias de la edad de pertenecer a los grupos de mayor poder», agrega.
Giachero hace fuerte hincapié en que se debe desterrar de una vez por todas el mito del perfil de víctima, ya que está comprobado científicamente que no existe, por lo que cualquiera puede ser víctima de bullying. Esto genera resistencias, dado que rompe con el paradigma de que el mundo es seguro, y que si uno hace lo que está bien, entonces está a salvo, y quien sufre de bullying es, entonces, porque se lo merece. Este mito es el que sostiene y perpetúa esta dinámica, dejando a la víctima en una dolorosa soledad que va contra la propia naturaleza del ser humano, que es un ser social.
«Ser víctima no es una vergüenza, debemos cambiar el errado concepto social colectivo que tenemos de esta figura y rol», dice Giachero en la exposición de motivos del proyecto. «Parece que creemos estar tranquilos, porque mientras le pasa a otro no me pasa a mí, olvidando que luego van a ir por otros chivos expiatorios, ya que su accionar es depredador en la medida que se van especializando, siendo vistos desde el punto de vista criminológico, verdaderos asesinos seriales», expone.
Según el modelo circular del daño, creado por la Giachero y presentado en la exposición del 26 de julio de 2016 en la Antesala de la Cámara de Representantes, lo primero que afecta la violencia psicológica es el psiquismo, estrés postraumático. Luego se ve afectado el organismo por el estrés al que se ve sometido la víctima, luego la economía de la familia por los gastos en salud física y psicológica, luego por el desgaste ya que «esta violencia es como una bacteria invisible que va contaminando toda la vida de la persona», según Giachero.
El bullying afecta los vínculos sociales, pero principalmente los familiares, con riesgo a la ruptura de la célula familiar, generando graves consecuencias sociales. A nivel social, niños que desertan del sistema educativo, niños enfermos. Un 30% de los niños en Uruguay son medicados con psicofármacos, existiendo aumento de los suicidios, familias rotas, costos en juicios y en salud.
Cyberbullying u hostigamiento a través de las redes
Un caso actual y frecuente de bullying es el que se da a través de las redes sociales, entre niños, adolescentes, e incluso jóvenes universitarios. Según Rapalín, este tipo de bullying solo existe a raíz del bullying en el centro educativo. «Es el mismo contexto de chicos, no existe cyberbullying entre dos extraños, son todos integrantes del mismo centro educativo», opinó.
La legisladora distinguió cyberbullying de cyberacoso. Este segundo flagelo no está contemplado en el Proyecto de Ley. El cyberacoso responde a otros tipos de violencia en redes sociales, independientes de lo que ocurre en un centro educativo. Pero, en el caso del cyberbullying, el alumno sale del centro educativo y la tortura continúa en su casa.
Las redes sociales permiten detectar varios casos ocultos de bullying en centros educativos, ya que, muchas veces, los alumnos lo mantienen en silencio. Determinadas publicaciones, conversaciones entre niños, adolescentes o jóvenes que concurren a un mismo centro pueden alertar sobre casos de bullying que se transforman en cyberbullying. Para Rapalín, al erradicar el bullying se lograría erradicar también el cyberbullying.
Según Silvana Giachero, los casos de cyberbullying se dan cuando el bullying pasa a las redes sociales, invadiendo toda la vida de la víctima, siendo en estos casos el pasaje al suicidio lo más peligroso, ya que solo una de cada diez víctimas lo cuentan. Giachero advierte que la violación de derechos humanos se da en todos los contextos socioeconómicos y que cualquiera puede ser víctima.
La psicóloga recomienda evitar la naturalización y banalización de la violencia, romper el silencio del acosado, hacerlo visible, sacarlo de la clandestinidad, involucrar a los testigos y proteger a la víctima. Además, sugiere brindar herramientas para actuar, información, capacitación, límites y normas claras, y protocolos de actuación. El rol del docente debe ser activo, y reivindicar su función de líder. Se debe involucrar a la familia y propiciar el diálogo, trabajar en prevención y capacitación.
