En el mes de marzo, los comerciantes que integran la Confederación Empresarial del Uruguay (CEDU) ratificaron su apoyo a la iniciativa de presentar un plebiscito para que se derogue la Ley de Inclusión Financiera en las próximas elecciones. Para ello, deberían recoger las firmas del 10% del padrón electoral. En diálogo con CRÓNICAS, Miguel Feris, presidente de la CEDU, dijo que «no va a haber problema» para alcanzar ese porcentaje.
Feris aseguró que la CEDU está de acuerdo con la Ley de Inclusión Financiera y que la cree conveniente, pero han detectado varios errores en su elaboración e implementación. «Esto se ha hecho de forma compulsiva», opinó el presidente de la CEDU, alegando que no se ha «preparado el terreno» para la implementación de la Ley. Muchos pequeños empresarios, sobre todo el interior del país, aún no utilizan sistemas de pagos electrónicos ni sistemas informáticos de administración, por lo que no estarían preparados para esta Ley. Feris considera que esas realidades no han sido contempladas. «No se hizo una preparación, no se hizo un censo, no se buscó la información, y por eso estamos pagando las consecuencias», dijo.
Además, resaltó el caso de los pensionistas y jubilados, o la gente que habita en los pueblos más alejados de la ciudad. Según Feris, en Salto, algunas personas se tienen que trasladar casi 10 kilómetros para encontrar un cajero automático donde retirar dinero, o un comercio que les permita pagar con su tarjeta. Para los comerciantes del Interior, la distribución de los cajeros no es justa, ya que se concentran todos en un mismo centro urbano.
Feris mostró preocupación también por el funcionamiento y disponibilidad de los cajeros, que deben ser recargados por personal humano. Comentó que muchas veces, un cajero se vacía un viernes y por todo el fin de semana queda sin dinero, porque «no están preparados».
Otro aspecto que advierte CEDU es que aún existe un mercado negro, y mucho informalismo. Este mercado no es contemplado por la Inclusión Financiera. Para Feris, es necesario «ajustar las tuercas y empezar a apretar desde el gobierno nacional, apretar desde la DGI para que esto realmente comience a funcionar».
Los pequeños comerciantes, en la actualidad, pagan un arancel de dos puntos más IVA en el caso de las tarjetas de débito y 4.5 más IVA por las de crédito. La CEDU propone un proyecto de ley que regule esos aranceles, así como las promociones y beneficios existentes para el pago con diferentes tarjetas. Según Feris, existe una competencia desleal, ya que las empresas más grandes tienen mejores aranceles que los comercios pequeños.
A su vez, las promociones brindan beneficios a los que más tienen, y no a los que menos. El presidente de la CEDU advirtió que los que acceden a mayores beneficios son los que tienen la posibilidad de acceder a tarjetas de tipo Oro o Black, que se brindan a las personas que tienen mayores ingresos o capital en los bancos.
Con este proyecto de ley, la CEDU busca que se regulen las tarjetas, así como los cheques o los vales. El objetivo es que el dinero no quede librado a la voluntad de un operador bancario que en cualquier momento puede cerrar su casa. «Estamos pidiendo una regulación como cualquier mercado», aclaró Feris.
