El Frente Amplio ganó las elecciones por tercer período consecutivo, se declaró la esencialidad de la educación, Ancap experimentó un déficit de más de US$ 800 millones, Pacheco y Recoba anunciaron su retiro y los Rolling Stones se presentaron en el Centenario. Estos son tan solo algunos de los hechos que en el 2015 dejaron huella en los uruguayos. Sin embargo, una conferencia que parecía ser una más de tantas y que para algunos quedó en el olvido, continúa generando impactos económicos hasta el día de hoy.
Es 2015 y en Uruguay se acerca el invierno, llenando el ambiente de gris. No obstante, en la Torre Ejecutiva se respiran aires de esperanza. El presidente Tabaré Vázquez, acompañado por el entonces vicepresidente Raúl Sendic, anunciaba en conferencia de prensa que Uruguay había establecido un acuerdo por productos alimenticios con la Venezuela de Nicolás Maduro. Este determinaba que el Estado uruguayo intercambiaría 265.000 toneladas de alimentos con la nación bolivariana. Entre otros productos, se incluían 44.000 toneladas de leche en polvo y 12.000 de queso, provistos por la empresa Conaprole. Como contraparte, Ancap se liberaba de deudas que tenía con Petróleos de Venezuela SA.
“Oxígeno puro para el país”, dijo ese 6 de junio el expresidente frenteamplista.
Con el diario del lunes
El correr de los años hizo que aquellas palabras tomaran direcciones totalmente contrarias. El oxígeno que había prometido la anterior administración finalmente tomó más forma de dióxido de carbono, tornándose en una pesada carga que hasta el día de hoy alcanza al sector lácteo y amenaza económicamente al gobierno actual.
Los pagos, que estaban previstos que se hicieran por medio de un fideicomiso, comenzaron a escasear en menos de un año y a pesar de que Conaprole asegura que los productos fueron enviados, nunca terminó de cobrar todo lo que le correspondía.
Además, aunque se había establecido que el dinero llegara a la sucursal uruguaya de Bandes, el fideicomiso no se creó en esta institución financiera, sino que, a pedido de Venezuela, se hizo a través de un banco de origen chino.
Los alcances
Pasaron siete años de aquella conferencia, que mirando en retrospectiva parece tan distante, sin embargo las consecuencias de lo anunciado continúan generando impactos.
En los últimos días, Conaprole demandó al Estado, entre otros actores que participaron de las negociaciones, por un total de US$ 62 millones; US$ 32 de estos por razón de embarques de leche en polvo exportados a Venezuela, y US$ 30 por daños y perjuicios.
Ahora, en la Torre Ejecutiva se respiran aires de tensión. “Una vez más, lamentablemente, los errores de algunos los tiene que pagar todo el pueblo uruguayo”, expresó a los medios el actual presidente Luis Lacalle Pou.
Al momento, el gobierno estudia la documentación de este acuerdo para determinar si efectivamente la administración anterior actuó como garante de esta transición. Según informó en rueda de prensa la semana pasada el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, esta causa será seguida por Presidencia, tratando de evitar roces entre esta cartera y la firma responsable del mayor porcentaje de exportaciones en el país. Pese a esto, el jerarca reconoció que la responsabilidad del gobierno hoy es defender al Estado, buscando que las consecuencias de esto no sean tan “gravosas”.
Mientras tanto, autoridades frenteamplistas argumentan que fue un acuerdo entre privados. En esta línea, el exministro de esta dependencia durante el período 2018-2020, Enzo Benech, dijo al medio internacional Bloomberg Línea que según lo que él sabe “no hay garantías del Estado” y que en ese momento era difícil colocar en el exterior productos lácteos. “Yo no sé si está escrito, pero se le avisó a Conaprole las dificultades que había antes de embarcar”, sentenció.
¿El Estado finalmente deberá hacerse cargo de pagar esta deuda? ¿Esto impactará de alguna manera a los uruguayos? ¿Será el 2022 un año recordado por el término este conflicto? Estas son solo algunas de las dudas que aquel lejano 6 de junio de 2015 dejó.
¿Qué pasaba en Venezuela en 2015?
El 2015 fue un año duro para el país caribeño. Con una inflación de 180,9% y una caída del 5,7% del PBI- según cifras del Banco Central de Venezuela-, la nación aquejaba ser la de peor rendimiento económico en la región.
La caída que el precio del petróleo había experimentado no lograba una significativa recuperación. Además, el precio del dólar paralelo se había disparado.
Los videos de supermercados en los que era evidente la escasez de artículos de primera necesidad comenzaban a hacerse virales y recorrían el planeta.
La población empezaba a mostrar su descontento, y la conflictividad amenazaba con volverse una moneda corriente. A tres años de la muerte de Chávez y de la llegada al poder de Nicolás Maduro, inestabilidad era la palabra que mejor definía la situación de la población venezolana en aquel momento, que empezaba a ver como una de las salidas más certeras el emigrar hacia otros países de la región, entre ellos Uruguay.
