Las repercusiones en los mercados internacionales de la carne no se hicieron esperar luego de conocerse las maniobras ilegales que cometieran dos de los principales frigoríficos en varias de sus plantas, en diversas zonas de Brasil. Diariamente los diferentes países importadores de carne, eliminan temporalmente, a este país como proveedor de esta materia prima. En esta semana, también Uruguay decidió cerrar temporalmente el ingreso de carnes brasileñas.
Una vez más, la realidad supera a la ficción. Mientras se siguen conociendo las derivaciones, tanto a nivel de Brasil como en el exterior, de la ya famosa “operación lavajato”, involucrando cada vez a más personas, salió a la luz una nueva operación.
En esta oportunidad la corrupción involucra -por ahora- a frigoríficos y funcionarios pertenecientes al Ministerio de Ganadería brasileño, encargados de controlar la producción e inocuidad de la carne. El gobierno de Brasil salió a minimizar la situación en forma inmediata a través de su propio presidente Temer, pero la realidad lo tapó como un tsunami.
Importadores mundiales de peso como China, la Unión Europea, Corea del Sur, Hong Kong, Estados Unidos, Egipto y Chile, han decidido suspender temporalmente las compras de carne en este país. La decisión de diferentes países de suspender las importaciones está aumentando día a día; ante esto la industria cárnica brasileña, ante un incremento de cierres de mercados, redujo en un 75% las compras de ganado. La especulación, en materia de precios, está a la orden del día y los frigoríficos que adquieren ganados, ante una caída del consumo interno, sumado a esta crisis, ofrecen valores a la baja.
Cabe recordar que Brasil es el mayor exportador de carne vacuna y de pollo, el cuarto en materia de carne porcina, representando las ventas externas de estos productos un monto de US$ 11.600 millones.
Esta situación tomó por sorpresa a los empresarios de la carne locales. La brecha comercial que se abre ante la forzosa salida del mercado de Brasil, más allá de poder considerar una gran alternativa, los está haciendo reflexionar porque saben que ante la magnitud de estos hechos, los mercados tienden a retraerse en el consumo de carne. Pero lo que consideran más importante es lograr resaltar la situación diametralmente opuesta a la del país vecino.
La trazabilidad que está impuesta desde hace algún tiempo en el país, debe ser relevante a la hora de marcar el diferencial, consideran. Algo de esto ya se está manejando en la Unión Europea para exigir a la región, donde sí Uruguay tiene ya un recorrido exitoso.
En las próximas semanas se conocerán con mayor conocimiento el rigor de las medidas de los países importadores y las consecuencias económicas y políticas en Brasil.
Uruguay
Ante la situación planteada, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), de nuestro país, a través del ministro de la cartera, Tabaré Aguerre, realizó una conferencia de prensa esta semana donde el titular de la cartera afirmó que los consumidores de nuestro país “no corrieron ningún riesgo”, por la importación de productos cárnicos brasileños implicados en la operación “Carne Fraca”, al no registrarse importación de productos desde ninguna de las plantas involucradas.
El ministro destacó que son 21 las plantas sancionadas por las autoridades sanitarias brasileñas debido a dicho episodio, de las cuales seis se encuentran habilitadas para exportar. De estas, tan solo tres pueden hacerlo hacia Uruguay, pero ninguna lo ha hecho.
Aguerre subrayó que no se tomó ninguna medida contra Brasil como país, pero sí fueron suspendidas las plantas involucradas en el hecho (autorizadas por nuestro país para exportar), quedando habilitadas las restantes.
¿Qué desencadenó esta crisis?
La Policía Federal brasileña desarticuló una gigantesca organización delictiva en ese país que se dedicaba a la venta en el mercado interno y externo de carne que, por diversas razones no era apta para el consumo humano.
La operación la llevaron adelante 1.100 agentes policiales en siete estados de ese país. En los operativos se detuvieron a decenas de personas sospechosas de participar en la organización, entre ellas, ejecutivos de los frigoríficos BRF y JBS, dos de los principales exportadores mundiales de carne.
Si bien se desconoce hasta ahora cómo funcionaba la organización, sí se sabe que participaban del mismo, empresarios y funcionarios encargados del cuidado sanitario de la carne que flexibilizaban u omitían totalmente los mismos.
“Los agentes públicos, valiéndose de fiscalización de sus cargos, mediante el pago de sobornos, facilitaban la producción de alimentos adulterados y emitían certificados sanitarios sin cualquier fiscalización efectiva de los alimentos”, señaló el comunicado de la Policía Federal, que acusa a los funcionarios de proteger a empresarios corruptos a costas del interés público.
Entre las irregularidades constatadas se supo que -en los dos años en que se llevaron las investigaciones, incluyendo escuchas telefónicas- , se destaca la venta de carne no apta para el consumo humano al ser adulterada con productos químicos para colorear la llamada “carne gris”, la comercialización de productos con exceso de agua o almacenada de manera impropia en las cámaras de los frigoríficos, y el empaque de cortes en nuevos embalajes al estar vencida su validez (cambio de tarjetas con nuevas fechas de producción y vencimiento).
