Mediante un comunicado, el organismo cuestionó la ley de faena artesanal predial y exhortó a comprar carne en locales habilitados. Además, agregó que la Ley promulgada y su reglamentación ha generado “más inconvenientes que soluciones”.
El Instituto Nacional de Carnes (INAC) emitió un comunicado cuestionando la ley de faena artesanal predial, en el que exhorta a comprar carne en los locales habilitados y manifiesta inquietud ante la real capacidad de fiscalización de todos los requisitos que exige la normativa.
En 2024, el Poder Ejecutivo reglamentó la faena predial, que fue aprobada por la Ley N° 20.097, que busca regular la habilitación de pequeños productores para la faena de animales de granja, sobre lo que INCA manifestó su preocupación de que esta implementación podría traer problemas.
“Entendemos que, la Ley N° 20.097 del 28 de diciembre de 2022, su modificativa -la Ley N° 20.230 del 19 de diciembre de 2023- y su respectivo decreto, complejizan aún más la situación de la faena predial, en demérito de los productores y los consumidores”, reza el comunicado al respecto.
En este sentido, el comunicado hace hincapié en que el problema del abigeato y el traslado de carne proveniente de la faena predial implica que ni productores ni sus empleados estén habilitados a transportar carne legalmente, sin correr el riesgo de ser detenidos por presunción de faena clandestina o abigeato.
Para ello, INAC propuso utilizar una herramienta digital que elaboró en conjunto con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) en noviembre de 2022, la cual contemplaba a todos los productores y se orientaba a atender las dificultades del traslado de la faena predial.
Posteriormente se implementó la ley N° 20.097, que data de diciembre de 2022 y fue modificada posteriormente en 2023, que desconoció dicha herramienta y puso el foco únicamente en habilitar la faena a pequeños productores artesanales, “sin abordar el problema de fondo”, tal como expresa el comunicado de INAC.
Por último, el comunicado concluye que la ley promulgada y su decreto reglamentario, en lugar de aportar soluciones, “ha generado más inconvenientes”.
