El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, confirmó a CRÓNICAS que se está dando una fuerte lucha para combatir el abigeato y explicó los pormenores de la nueva normativa que regulará este delito.
Según el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL) en Uruguay hay alrededor de 15.000 productores de ovejas y según un artículo del diario El País, en Uruguay se roba una oveja cada tres horas.
El abigeato es una de las principales preocupaciones para los productores ganaderos, que ven expuestas sus hectáreas a la vulnerabilidad, por la poca seguridad que pueden garantizar.
Consultado acerca del abigeato, el ministro Aguerre aseguró que “a las cosas hay que llamarlas por su nombre y que el abigeato no es otra cosa que un robo”.
“El argumento de robar una oveja para comer no puede seguir siendo una excusa, y esa es la razón por la cual el año pasado anunciamos, preparamos y enviamos al Poder Legislativo un proyecto de ley que elimina el concepto de que se trata de un delito rural y lo generaliza a todo el país, de manera que es imputable el que roba el animal y también el que vende la milanesa de carne hurtada”, explicó Aguerre a CRÓNICAS.
Dicha ley impone penas más severas y como señaló Aguerre, amplia los horizontes a la hora de buscar a los que perpetuan el delito.
El acuerdo modifica los artículos 258, 259 y 259 bis del Código Rural.
En estos se mantiene la pena de tres meses de prisión y máximo de seis años de penitenciaria para quienes cometen el delito de abigeato (muerte, faena de ganados, etcétera), pero amplía el espectro en cuanto a los sujetos activos del delito.
Por otra parte estas modificaciones permiten el decomiso de toda herramienta que fuera empleada para cometer los ilícitos detallados en el proyecto y por lo tanto, se someten a remate todos los insumos utilizados para llevar a cabo el delito.
“La nueva ley también obliga a decomisar los bienes de los involucrados. Ahora estará en juego el almacén también. Quisimos avanzar con la eliminación de la comercialización, porque de esa forma se elimina el delito”, reconoció Aguerre.
Asimismo, se prevé una pena mínima de dos años y máxima de ocho años para aquellos que transforman este delito puntual en una organización criminal.
“También se elimina la discrecionalidad del juez para fijar la pena, que podía ser cambiada por horas de trabajo comunitario. Ahora no, hay penas de penitenciaría que se deben cumplir”, confirmó Aguerre a CRÓNICAS.
El ministro se refirió además a los daños provocados por las jaurías de perros. “Con el foco puesto en tenencia responsable y bienestar animal, avanzamos en la creación de una Comisión Interministerial, la Cotryba (Comisión Nacional Honoraria de Tenencia Responsable y Bienestar Animal), liderada por el MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca), pero integrada por los ministerios de Salud, Interior y el Congreso de Intendentes”, dijo Aguerre.
En este sentido, el ministro hizo referencia a la diferencia que existe en la ciudad y en el campo en cuanto a la concepción de la tenencia animal: “Yo sé que nos compramos un problema con el Uruguay urbano porque suele pensarse desde lo urbano, con cabeza de mascota y no con cabeza de animal productivo. Por eso apuntamos también a la tenencia responsable”, concluyó.
