A medida que los países reconocen la amenaza que el cambio climático podría representar para sus economías y sistemas financieros debido a pérdidas financieras inducidas por eventos climáticos e impactos en las valoraciones financieras de una transición necesaria fuera de los sectores de alta emisión, varios bancos centrales y organismos de supervisión han incluido los riesgos relacionados con el clima en su agenda de investigación, centrándose en identificar los riesgos relacionados con el clima, evaluar su importancia y medir los posibles impactos en sus economías.
Además, algunos de ellos ya han introducido marcos bien definidos para definir y regular los riesgos relacionados con el clima. Por ejemplo, el Banco de Inglaterra (BoE, por sus siglas en inglés) desarrolló un enfoque de dos pilares para evaluar el papel de la banca central para gestionar los riesgos relacionados con el clima. A su vez, el gobierno francés introdujo el artículo 173 en la Ley de Transición de Energía de 2015, un requisito obligatorio sobre la divulgación de carbono para todas las empresas que cotizan en bolsa e inversionistas institucionales con el objetivo de mejorar la transparencia con respecto a la exposición de las empresas a los riesgos de transición climática.
Además, la Unión Europea adoptó la nueva Directiva IORP II en diciembre de 2016 que exige a los proveedores de pensiones que establezcan y divulguen su proceso para evaluar y gestionar los riesgos ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) en sus informes de inversión y llevar a cabo su propia evaluación de riesgos, incluyendo los riesgos relacionados con el cambio climático, así como riesgos causados por el uso de recursos y aquellos relacionados con la depreciación de activos debido a cambios regulatorios. Otro ejemplo es el del Banco Popular de China, que ha establecido un marco nacional y directrices sectoriales para créditos verdes, proporcionando incentivos regulatorios para que las instituciones financieras utilicen instrumentos verdes en el mercado de capitales.
La decisión de introducir una regulación financiera para gestionar el riesgo relacionado con el clima se puede observar dentro del nuevo enfoque en la estabilidad financiera global como resultado de las secuelas de la crisis financiera en 2007 (Investigación del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2017), cuando se introdujeron medidas adicionales en la regulación financiera y la responsabilidad de las instituciones involucradas en los sistemas financieros fue reorganizada a nivel mundial.
El resultado de este cambio fue un enfoque más fuerte en los riesgos sistémicos y regulaciones macroprudenciales más fuertes, lo que ha llevado a los bancos centrales y los reguladores a considerar una gama más amplia de riesgos, con consecuencias potencialmente sistémicas, como aquellas relacionadas con el clima, en su alcance de actividades y mandato.
Específicamente, entre las medidas sugeridas para ser implementadas por los bancos centrales, así como por las autoridades regulatorias financieras, existen requisitos de divulgación sobre las exposiciones al riesgo climático, la introducción de pruebas de estrés relacionadas con el clima y la diferenciación de los requisitos de reserva y capital para los bancos con activos altamente vulnerables a riesgos climáticos.
Sin embargo, en respuesta a esto, el Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), entre otros, expresó su preocupación por los riesgos de sobre extender el papel de los bancos centrales: el BIS ve una mayor urgencia en crear conciencia sobre los riesgos relacionados con el clima, sugiriendo que “el sector utiliza su posición central para crear conciencia, incluso a través de su propia valoración de riesgo y reputación”, en lugar de implementar políticas monetarias o herramientas prudenciales.
Fuente: BID
