Desde el inicio de la pandemia, los gobiernos de América Latina y el Caribe han adoptado diversos tipos de medidas, la mayoría emanadas del Poder Ejecutivo. Entre ellas se destacan, declaraciones de cierre y reapertura condicionada de las fronteras aéreas, terrestres, marítimas y fluviales; emergencia sanitaria o estado de excepción por catástrofe; y restricciones a la circulación de las personas y prohibición de circular (cuarentenas preventivas y obligatorias). A su vez, toques de queda; restricciones del derecho a la libertad de movimiento, del derecho de reunión o aglomeración y del derecho a la educación mediante la suspensión de las actividades educativas, el dictado de clases virtuales y la reapertura progresiva; distanciamiento físico; teletrabajo, y fronteras o cordones sanitarios internos. En el ámbito económico, los gobiernos de la región también han adoptado medidas destinadas a fomentar la oferta, como créditos con tasas de interés bajas e incluso nulas para dar liquidez a las empresas, financiamiento dirigido a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), y asesorías, capacitaciones u otras herramientas destinadas a reactivar la actividad de estas últimas. Asimismo, con el objeto de promover la demanda, se han aplicado políticas encaminadas a asegurar el ingreso de los asalariados o a otorgar subsidios y seguros de desempleo, entre otras medidas.
En este proceso, los parlamentos han desempeñado un papel importante, pues se han debido presentar y aprobar proyectos de ley y recursos destinados a implementar estas medidas. Por ejemplo, leyes específicas en materia laboral mediante las cuales se flexibilizan temporalmente las relaciones contractuales en el sector privado para garantizar el empleo, se protege a los trabajadores desempleados o subempleados del sector formal e informal, y se regulariza el teletrabajo. También se ha legislado para otorgar apoyos económicos de carácter excepcional a la población vulnerable, para crear programas alimentarios, y para apoyar a las mipymes mediante el otorgamiento de alivios fiscales y la adopción de otras medidas destinadas a promover la reactivación económica. Los parlamentos desempeñan la función fundamental de fiscalizar la actuación del Poder Ejecutivo mediante reuniones virtuales con los ministros destinadas a acompañar las medidas sectoriales, y mediante la creación de comisiones virtuales de emergencia y reactivación. Así, por ejemplo, en Guatemala se crearon comisiones presidenciales de protección social, ciudadana, sanitaria y ambiental, así como una comisión de seguridad y justicia para fiscalizar las medidas del Ejecutivo. En Jamaica, la Cámara de Representantes estableció una Comisión Especial de Salud Pública (Covid-19).
Con el pasar de los meses, tanto a escala regional como internacional, se han cuestionado algunas respuestas institucionales a la crisis en lo que se refiere al respeto de los derechos humanos (CIDH, 2020; Acnudh, 2020b). Se ha manifestado preocupación por la posibilidad de que las medidas de excepción adoptadas en esta emergencia de salud se transformen en permanentes, bajo el nombre de “nueva normalidad”, o de que sirvan para que ciertos grupos políticos y sociales acumulen poder en perjuicio de otros.
Otras medidas han generado preocupación por el hecho de que ciertos derechos fundamentales, como el de circulación, el de manifestación y reunión, o el de privacidad de las personas, podrían verse restringidos. En algunos casos, ha habido inquietud por el posible rol activo de los militares en el escenario político o por la remilitarización de algunas de las democracias de la región. También ha preocupado la aprobación de leyes que eximen de responsabilidad penal a las fuerzas militares y policiales en caso de que usen sus armas en legítima defensa durante el estado de emergencia declarado para evitar que el coronavirus se propague. Preocupan los otros usos que en el futuro se pueda dar a las herramientas de reconocimiento facial mediante cámaras y al uso de datos sobre la temperatura corporal, que son medidas destinadas a hacer un seguimiento individualizado de la población con el objetivo de rastrear posibles contagios. El uso de estas tecnologías, en particular de la inteligencia artificial y los macrodatos, para hacer cumplir las restricciones de emergencia y seguridad, o para vigilar y dar seguimiento a las poblaciones afectadas, plantea preocupaciones sobre todo por la posibilidad de que estos procedimientos se sigan aplicando después de superada la emergencia del Covid-19. Todas las medidas deberían tener plazos determinados, estar justificadas por objetivos legítimos de salud pública y contener salvaguardas significativas de protección de datos que se ciñan estrictamente al derecho internacional; es decir, que cumplan con los requisitos de legalidad, legitimidad y necesidad (OEA, 2020a)
También se ha planteado como preocupación política el surgimiento o el fortalecimiento de las alternativas autoritarias mediante discursos simplificadores de la realidad que instalan la idea de que la culpa de todos los males sociales es de ciertos grupos vulnerables de la población. El etnonacionalismo, el racismo y la xenofobia son algunas otras expresiones de este proceso. El riesgo de que se estigmatice a las poblaciones migrantes y de que, posteriormente, se las discrimine va en aumento en varios países de la región. La frágil situación de los migrantes puede transformarse en una crisis humanitaria si no se les permite regresar a sus países de origen.
Fuente: Informe especial Covid-19 Pactos políticos y sociales para la igualdad y el desarrollo sostenible en América Latina y el Caribe en la recuperación pos-Covid-19.
