Las empresas públicas ocupan un rol destacado en la competitividad del país. La eficacia y la eficiencia en la provisión de servicios públicos de alta calidad y a precios competitivos son claves para promover el desarrollo económico. En el caso de Uruguay, las particularidades del sistema de empresas públicas han operado en detrimento de una gestión “óptima”, limitando su potencial para afectar los temas más sustantivos dentro de la agenda de crecimiento de nuestro país. El caso de los derivados del petróleo configura un ejemplo muy ilustrativo, donde estas consideraciones son en especial relevantes dado que se trata de un insumo básico para los sectores productivos.
Dos aspectos clave como la gestión de las empresas públicas y su interacción con la política macroeconómica, en tanto determinantes de las tarifas, afectan directamente los costos en toda la cadena, erosionando la competitividad en distintos eslabones de la producción. A modo de ejemplo, desde 2009 a esta parte, el precio medio al consumidor final de los combustibles ha estado sistemáticamente por encima del precio de paridad de importación calculado por la Ursea, siendo cada vez más amplio el desvío entre uno y otro.
No obstante ello, cabe señalar que nuestro sistema de empresas públicas no parece tener un problema desde el punto de vista de la eficacia. En otras palabras, los servicios públicos no han sufrido problemas de abastecimiento y su calidad en general no ha supuesto un motivo de controversia para la sociedad uruguaya hasta el momento, algo a destacar a la luz de lo que ha sucedido en otros países de la región. La razón de lo anterior responde, en gran parte, a que la credibilidad del sistema de empresas públicas aún descansa sobre la credibilidad del sistema político. Por tanto, la discusión con respecto a las empresas públicas gira en torno a la eficiencia en la provisión de servicios por su impacto en los costos y en la competitividad de la estructura productiva.
Diagnóstico: Restringida capacidad de proveer bienes y servicios en condiciones de eficiencia y calidad
Son varias las singularidades que exhibe el sistema de empresas de propiedad estatal en Uruguay, y es su conjunción la que explica gran parte de las limitantes que enfrentan las empresas públicas en su rol como potenciadoras del desarrollo económico y la competitividad.
En primer lugar, el sistema de empresas públicas uruguayo no cuenta con un marco jurídico común. Las empresas se encuentran integradas a la Constitución de la República, donde se prevén lineamientos de naturaleza muy general. En segundo lugar, el modelo de gobernanza en Uruguay es un modelo híbrido que carece de una definición clara y específica en lo que refiera a la propiedad. En consecuencia, son varios los agentes que ejercen las funciones vinculadas a la propiedad, las cuales terminan siendo divididas de forma difusa entre varios agentes que persiguen objetivos distintos (Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), ministerios sectoriales, Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), etc.). Por último, la dispersión del marco legal que abarca el sistema es elevada, lo que termina operando en detrimento de la autonomía en varias dimensiones claves de la gestión, como ser la definición del presupuesto, las políticas tarifarias, el manejo del endeudamiento, y las decisiones de inversión o contratación.
Fuente
DESAFÍOS EN MATERIA DE COMPETIVIDAD:
Una mirada desde la óptica empresarial
CONFEDERACION DE CAMARAS EMPRESARIALES
