“Son tres las empresas de tarjetas y los comerciantes son miles, y se debe regular porque si esas 3 empresas se juntan y se ponen de acuerdo en aranceles altos, sin que nadie las regule, los comerciantes no tienen defensa posible”.
Así cerró sus consideraciones el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto, Nicolás Sant´Anna, quien junto al presidente de CEDU, Miguel Feris, se refirieron a lo que se considera injusto, porcentaje arancelario de las tarjetas de crédito, que además discrimina al pequeño comerciante respecto a las grandes superficies.
Pero antes, Sant´Anna subrayó que la tarjeta de crédito “es un elemento positivo que todos usamos cada vez más, pero se está dando una situación en Uruguay y es que estamos muy atrasados respecto a la región y el mundo en cuanto a los aranceles y condiciones en que comercializamos con el sistema, poniendo a Uruguay con porcentaje que es de casi el 5% para los pequeños comerciantes, lo que evidentemente resulta insostenible.
En manos financieras
A todo esto expresó que “esta pelea nos tiene en actividad para tratar de lograr que se llegue a los aranceles que corresponden”. Haciendo hincapié en que “el costo de las tarjetas está calculado en el 0,2% en débito y el 0,3% en las de crédito, y como estamos nosotros le estamos dejando el negocio en manos financieras y quienes comercializamos al consumidor final, somos los que estamos pagando el costo de la tarjeta”.
No faltó la alusión del CCIS a lo que va a ser el encuentro de Florida el próximo 18 de marzo promovido por CEDU y otras cámaras, considerando que “en esa movida estamos todos y por suerte se hace a nivel nacional”, para hacer mención a que “estamos haciendo un proyecto de ley propio y todo ello instala el tema sobre la mesa”, reconociéndose que ya hay uno presentado por el senador Pablo Mieres, el que se considera positivo pero incompleto.
Aranceles y condiciones
Así el presidente de CEDU se refirió al artículo 64 de la ley “que equipara el valor del dinero al de la tarjeta, lo cual nos parece que no es lo correcto, porque el billete de un país no puede tener el mismo valor que un plástico de una financiera o de corporaciones económicas”, recordando que “la lucha nuestra se extiende desde hace más de diez años para que se cree una ley, la que fue elaborada por el Dr. Julio Facal, quedando trancada en el Senado”.
Sant´Anna, mientras tanto, hizo hincapié luego en la postura del Centro Comercial e Industrial de Salto aclarando que “la posición es en defensa de esta lucha para baja de aranceles y condiciones”, señalando que “no tenemos mucho tiempo más para seguir pagando el 4,9% de aranceles y que nos paguen a los 21 días en el mejor de los casos sin que el comerciante chico pueda acceder a las condiciones que tiene el grande”.
“Esta situación no se sostiene en el tiempo”, agregó a continuación, manifestando que es imprescindible “llevar las condiciones del intermediario a las de todo el mundo (Perú con el 1,3%, Brasil 1,5%, por ejemplo) que están establecidas en los mercados más desarrollados”.
Unirse en la lucha
No faltó el planteamiento de la convicción en cuanto a la imperiosa necesidad “de unirse en esta lucha”, estimando que los logros alcanzados en otros lados del mundo responden al “mérito de una puja, de presiones del mercado, pelea en la que estamos atrasados y es la que estamos dando ahora para que se den las condiciones”.
Hizo hincapié además en que “las ganancias de las empresas de tarjetas son enormes”, lo que queda reflejado en los descuentos que van desde el 20 al 30% en muchos artículos, enfatizando en lo del comienzo en cuanto a que “Son 3 las empresas de tarjetas y los comerciantes son miles, y se debe regular porque si esas 3 empresas se juntan y se ponen de acuerdo en aranceles altos, sin que nadie las regule, los comerciantes no tienen defensa posible”.
Es bueno hacer mención a la aclaración realizada por Miguel Feris en cuanto a que a través del referendo que se impulsa “lo que se puede lograr es avanzar en lo que hace a la igualdad”, puntualizando entonces que “lo de los aranceles se logra a través de una ley sobre lo que debe trabajar el gobierno, que es quien tiene que regular cuando el tema es de interés común”.
Fue cuando describió como una paradoja el hecho que “la Ley de Inclusión Financiera obliga al pago electrónico pero no regula”, para concluir en que “o nos regulan o vamos por la ley, única manera de llegar a buen fin”, dijo.
