La implementación de políticas e impuestos medioambientales busca reducir los problemas del cambio climático. Uruguay destaca en la región por sus altos ingresos por tributos ambientales en relación al PIB, y por sus avances significativos hacia una matriz energética sostenible, logrando en 2023 generar el 92% de su electricidad a partir de fuentes renovables.
Por Yamila Astrada (*)
La problemática del medio ambiente y cambio climático es uno de los mayores desafíos del siglo XXI a nivel mundial. Esta cuestión ha ganado relevancia en la agenda internacional, impulsando a gobiernos, ONG, empresas y ciudadanos a buscar soluciones sostenibles. La urgencia de este problema ha llevado a la implementación de políticas y acuerdos globales, como el Acuerdo de París, que busca reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y promover prácticas más responsables. Implica implementar políticas para limitar su severidad, transformar el uso de la energía hacia modelos más sostenibles y restaurar ecosistemas naturales para absorber dióxido de carbono (CO2) y reducir el impacto de las emisiones.
¿Qué desafíos están pendientes?
Para cumplir los objetivos establecidos en el “Acuerdo de París-2016” de mantener el aumento de la temperatura global por debajo de 2ºC y limitarlo a 1,5ºC, se han implementado medidas como los impuestos medioambientales. Estos abarcan cuatro áreas principales: transporte, energía, contaminación y recursos. Aunque su objetivo principal no es la recaudación, sino modificar las conductas contaminantes. En varios países, incluido Uruguay, los ingresos por impuestos energéticos han superado el coste de las subvenciones, en particular, destacándose en la región por tener los mayores ingresos por impuestos medioambientales en relación al PIB (2022).
Según datos de la OCDE, en 2022 el promedio de los ingresos por impuestos ambientales en sus países miembros se distribuyó de la siguiente manera: energía aportó un 1,26% de los ingresos totales, contaminación contribuyó con un 0,08%, recursos con un 0,04%, y el sector transporte con un 0,44%.
El análisis de los impuestos específicos en cada país muestra que los ingresos por impuestos ambientales en la región de América Latina y el Caribe (ALC) en 2022 variaron desde el 0,1% del PIB en Belice hasta el 1,73% en República Dominicana. En promedio, para los 23 países analizados de ALC, los ingresos por impuestos ambientales representaron el 0,8% del PIB en 2022, una cifra inferior al promedio de la OCDE, que se situó en el 1,9% del PIB. El ingreso de estos impuestos (% del PIB 2022) en Uruguay presentó en el sector de la energía 0,6% y en transporte 0,8%. En total, nuestro país alcanzó un 1,43 % del PIB, situándose por encima del promedio de ALC 0,92%, siendo superado por República Dominicana (1,73%).
¿Qué se observa en Uruguay?
La transición hacia energías limpias se ha convertido en un elemento crucial para enfrentar el cambio climático y mitigar la degradación ambiental. El sector energético desempeña un papel significativo en el cambio climático debido a la liberación de CO2, que contribuye a la acumulación de GEI. De acuerdo con los datos preliminares de la Dirección Nacional de Energía (DNE) del Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) de 2023, la matriz primaria por fuente de energía en Uruguay (gráfica 1), está compuesta por biomasa (44%), petróleo y derivados (40%), electricidad de origen eólico (7%), electricidad de origen hidroeléctrico (5%), electricidad importada (2%), solar (1%) y gas natural (1%). Cabe destacar que, en 2023, Uruguay logró generar el 92% de su electricidad a partir de fuentes renovables, lo que resultó en una reducción del 6% en las emisiones de CO2 del Sistema Interconectado Nacional (SIN) en comparación con 2022.
Matriz primaria por fuente de energía 2023, fuente: DNE del MIEM.
Por otra parte, es esencial analizar la evolución de las emisiones de GEI como CO2, CH4 y N2O, entre otros. Aunque en todos los países de la región se ha observado una desaceleración en el crecimiento anual de las emisiones, las tasas de crecimiento han sido positivas en promedio en los últimos años. Uruguay, en particular, presenta el mayor volumen de emisiones de gases de efecto invernadero en relación con su PIB. Sin embargo, en la gráfica 2 se muestra la evolución de estas emisiones a lo largo del tiempo, destacando que nuestro país ha registrado un descenso significativo en sus emisiones.
Evolución de emisión de gases de efecto invernadero por PIB (toneladas equivalentes de CO2/US$ 1.000) para Uruguay, fuente: Edgar (Emissions Database for Global Atmospheric Research).
En este sentido, el ex Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente de Uruguay decretó en 2017 (Decreto 310/017) la Aprobación de la Política Nacional de Cambio Climático y la Primera Contribución Determinada a Nivel Nacional, donde se propuso impulsar el uso de medios y/o vehículos de transporte de carga con menor intensidad de emisiones de gases de efecto invernadero por unidad transportada (carretero, ferroviario y fluvial). Al mismo tiempo de aumentar la participación de vehículos eléctricos, híbridos y con otras tecnologías bajas en emisiones de gases de efecto invernadero, en los distintos subsectores de la cadena del transporte, así como también la proporción de etanol y biodiesel que se utilizan en los combustibles vehiculares. En esa misma línea, el MIEM llevó adelante el programa “Instrumento de incentivo para la transformación energética en flotas de taxis, remises y plataformas electrónicas de transporte”, mediante el cual ofreció un incentivo económico a aquellos que quisieran cambiar de combustión a eléctrico en el año 2023.
Sobre este aspecto es importante destacar que en 2023 la venta de autos eléctricos en Uruguay aumentó 80,92% con respecto al año anterior, según datos de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), siendo este crecimiento un contribuyente importante a la reducción de emisiones contaminantes, gracias al uso de energía limpia.
En conclusión, Uruguay ha demostrado una disposición en la adopción de políticas ambientales y en la transición hacia energías renovables, logrando una generación de electricidad mayormente limpia y una significativa reducción de emisiones de CO2. El país ha alcanzado notables avances en la creación de una matriz energética más sostenible, con un 92% de su electricidad generada a partir de fuentes renovables en 2023. Para seguir enfrentando los desafíos, es esencial modificar los patrones de conducta culturales y económicos. En esta línea, el Gobierno, en conjunto con el sector privado, está impulsando la segunda transformación energética a través de diversas acciones. Las mismas comprenden atraer inversiones, el fortalecimiento del desarrollo de energías renovables y la movilidad eléctrica, así como la apuesta en hidrógeno verde.
(*) Asistente en AIC Economía & Finanzas.
