Para intentar un balance de los activos y pasivos de la integración económica regional, resulta útil el marco teórico propuesto desde la perspectiva de la economía política por Mattli (1999) y complementado por Malamud (2011). Estos autores sostienen que el desarrollo de un proceso de integración requiere la presencia de tres tipos de condiciones: de demanda, de oferta e inerciales. Las condiciones de demanda resultan del aumento de la interdependencia económica entre los países. Cuando las empresas perciben que sus actividades transfronterizas (comercio e inversión) enfrentan altos costos de transacción, demandan a las autoridades nacionales o supranacionales que los disminuyan, ya sea a través de mecanismos voluntarios (cooperación o coordinación) o mediante acuerdos vinculantes que involucran grados variables de cesión de soberanía por parte de los Estados nacionales (integración regional). Por su parte, las condiciones de oferta se refieren a la capacidad y voluntad de los Estados nacionales de asumir las tareas y hacer las concesiones necesarias para avanzar en un proceso de integración. Por último, las condiciones inerciales se refieren a la existencia de arreglos institucionales que aseguren la continuidad del proyecto de integración aun cuando ya no existan las circunstancias de oferta o demanda que lo originaron.
En sus inicios, los proyectos de integración pueden ser el resultado principalmente de demandas del sector empresarial, de iniciativas de los gobiernos o de una combinación de ambas. Por cierto, los factores de oferta y de demanda son interdependientes. Los planteamientos empresariales en favor de la reducción de las barreras comerciales entre dos países pueden traducirse en una respuesta en el ámbito de las políticas públicas (por ejemplo, la suscripción de un acuerdo comercial), pero también es factible la secuencia opuesta; es decir, la iniciativa de los gobiernos de negociar un acuerdo, aun sin mediar una mayor demanda de los sectores empresariales, puede estimular respuestas de estos en la forma de mayores flujos comerciales o de inversión.
En el caso de América Latina y el Caribe, las iniciativas de integración económica que surgieron a partir de la década de 1960, rápidamente adquirieron un carácter subregional, en especial después de que se frustrara el proyecto inicial de constituir un área de libre comercio entre América del Sur y México en el marco de la Alalc.
El predominio de las iniciativas subregionales se mantiene hasta hoy, sin que hayan fructificado los proyectos de convergencia entre ellas que se lanzaron en la primera década de este siglo en el marco de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN) entonces existente y de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi), entidad sucesora de la Alalc. Cada mecanismo subregional de integración ha evolucionado de modo distinto, en procesos condicionados por las características de sus Estados miembros en términos de tamaño, población, estructura productiva, situación geográfica, historia, capacidades institucionales y otras múltiples variables.
Analíticamente, la principal división en el espacio económico regional es la que se observa entre México, Centroamérica y el Caribe, por una parte, y América del Sur por la otra. “El primer grupo de países […] mantiene una estrecha vinculación con la economía estadounidense, no solo a través del comercio sino también de los flujos de inversión extranjera directa (IED), migración, turismo y remesas” (Cepal, 2014a, pág. 16).
En particular, la subregión conformada por Centroamérica y México y algunos países del Caribe como la República Dominicana son parte integral de las cadenas de valor manufactureras centradas en los Estados Unidos (la llamada “fábrica América del Norte”). En contraste, América del Sur tiene una menor dependencia económica respecto de los Estados Unidos y una creciente vinculación con China (que desde 2015 es su principal socio comercial). Otra diferencia con el espacio conformado por Centroamérica y México es que América del Sur registra menores niveles de comercio intrarregional y de integración productiva entre sus economías. Esto es el resultado de diversos factores, como su especialización exportadora en recursos naturales (destinados principalmente a mercados de fuera de la región), su gran extensión territorial, su deficiente infraestructura de transporte y la fragmentación de sus mecanismos de integración económica.
Por los motivos ya expuestos, la interacción entre las condiciones de oferta, de demanda e inerciales varía entre los distintos mecanismos subregionales de integración, y también dentro de cada mecanismo a lo largo del tiempo. En efecto, la integración regional ha experimentado al menos tres fases claramente distinguibles en las últimas seis décadas, que reflejan la evolución de los paradigmas políticos y económicos en la región y en el mundo. La primera fase corresponde a las iniciativas pioneras de las décadas de 1960 y 1970, que surgieron en el contexto de la estrategia entonces prevalente de industrialización liderada por el Estado. La segunda fase, asociada al concepto del regionalismo abierto (Cepal, 1994), se caracterizó por su énfasis en la liberalización comercial en el marco de un drástico giro en la estrategia de desarrollo predominante.
Fuente: Cepal.