Uruguay tiene una institucionalidad y organización de la salud que ha mostrado un accionar muy bueno comparado con la región. En condiciones normales el sistema sanitario ha funcionado adecuadamente, mostrando que resulta valioso como cobertura ante lo esperado. Lo que ha sucedido es que la pandemia ha generado un estado de emergencia que desde comienzos del presente año, se está tornando crítico. Las condiciones excepcionales del desarrollo de la pandemia requirieron algunas medidas especiales de los actores políticos y sanitarios, en el marco de replanteos de paradigmas.
Por: Ing. Carlos Petrella (*)
En este contexto, el Gobierno Nacional uruguayo creó un grupo asesor científico de alto nivel, conformado por el Dr. Rafael Radi, como coordinador general; y los Dres. Fernando Paganini y Henry Cohen, que asesoran científicamente a la Presidencia de la República desde el 16 de abril del año 2020 en el camino hacia “la nueva normalidad”. Ese grupo, que hoy conocemos por su sigla GACH, fue sin duda un hito muy relevante, bien recibido por la ciudadanía en general y aceptado por el espectro político, incluyendo la oposición. La propia integración del GACH, con referentes muy prestigiosos y comprometidos con la tarea y los resultados a partir de una tarea profesionalmente bien encarada, comenzó a generar diagnósticos y propuestas con foco en aspectos sanitarios de la evolución de la pandemia.
El GACH aportaba un análisis de coyuntura epidemiológica y proyecciones de contagios que mostraron ser correctos a lo que agregaba recomendaciones que fueron adoptadas, en general, por el Gobierno e interiorizadas por gran parte de la población, que sentía que íbamos por buen camino como país en el abordaje de la pandemia. Qué mejor cosa que escuchar a los científicos y académicos relevantes y que los resultados de las acciones de control social del Gobierno fueran probadamente eficaces. Se lograron buenos resultados en el control del ritmo de los contagios, que era lo que podía hacerse, por lo menos antes de que dispusiéramos de las vacunas.
Sin embargo, dos cosas ocurrieron que parecen haber puesto en entredicho los enfoques del GACH y los del Gobierno cuando deben amalgamarse. Por un lado, el crecimiento explosivo de los contagios por coronavirus desde comienzos de este año, y por otro, una brecha entre lo propuesto por el GACH y lo que el Gobierno Nacional decide para manejar la pandemia. Estos dos aspectos han generado críticas importantes desde la oposición y desconfianza en parte de la población, que han roto el maridaje con el que se convivió durante los primeros meses del año 2020.
Por lo pronto, el crecimiento del ritmo de los contagios ha generado alarma en la población, lo que resulta esperable y comprensible. A esto se han agregado críticas de la oposición política del Frente Amplio que plantea que no se hace caso a los científicos, y que esto es imprudente y peligroso. La alarma se sustenta, esencialmente, en la creencia de que si se aumentaran las medidas de distanciamiento social, de higiene y el uso de mascarillas, posiblemente el ritmo de los contagios podría reducirse. Se trata de una premisa sanitariamente correcta.
El desafío en este caso reside en que el distanciamiento social muchas veces requiere acciones restrictivas sobre el trabajo, el esparcimiento y el estudio, que trascienden a cuestiones sanitarias y tienen impacto sobre la economía y la sociedad en general. Con lo que queda claro que no estamos enfrentando desafíos sanitarios, sino sociales y económicos al mismo tiempo. ¿Qué podemos hacer para enfrentar la alarma social? La negación de una situación de emergencia que se está tornado crítica, no es la respuesta. Las teorías conspirativas seguirán interfiriendo porque para tener protagonismo, solo requieren que se enumeren algunos hechos y relaciones plausibles.
En todos los casos parece apropiado mejorar la información confiable ante los problemas que enfrentamos. Eso lo estamos haciendo como sociedad. El gran desafío es aportar opciones para enfrentar lo desconocido. La incertidumbre de cara al futuro ha ido cambiando en su naturaleza. No podemos pensar en una forma de abordaje que ignore la complejidad, la volatilidad y la ambigüedad que han pasado a ser aspectos tan relevantes en nuestras formas de encarar las emergencias y las crisis emergentes como la que enfrentamos con covid-19. Esta tarea de encarar los desafíos presentes y futuros será mucho más difícil de enfrentar, por lo menos en el corto plazo.
Por otro lado, las críticas a lo que está haciendo el Gobierno Nacional respecto de la pandemia se fundamentan en que el conocimiento de los científicos no debe ser cuestionado. Consecuentemente, lo esperable sería que toda recomendación sanitaria del GACH debería atenderse sin la menor demora y, por lo tanto, el Gobierno debería resolver en consecuencia. El desafío en este otro caso reside en que la ciencia -por más confianza fundada que tengamos en el método científico– es una construcción social en cuyo marco las recomendaciones reduccionistas pueden entrar en conflicto sin perder legitimidad sectorial.
¿Qué podemos hacer para enfrentar el aparente cuestionamiento a la ciencia? La dificultad reside en que actualmente tenemos un GACH sanitario, muy bueno por cierto. Si agregamos un GACH social tan capaz y comprometido como el otro, posiblemente habrá coincidencias y también diferencias. El ejercicio del poder político consiste, precisamente, en generar acuerdos arbitrados ante las contradicciones de los principales referentes, contando con recursos humanos y materiales escasos, que requerirán definir prioridades sanitarias, sociales, económicas y ambientales.
La acción política es la que tiene que decidir la parte del cuerpo a abrigar cuando tenemos una frazada corta. No se trata en este proceso que los gobernantes entren en conflicto con sus asesores, sino que arbitre cuando estos conflictos –incluso científicamente sostenidos- se tornan disfuncionales. Porque la pandemia tiene, por supuesto, impactos sanitarios que el GACH ha contemplado como foco, pero también desafíos relacionados con los sistemas productivos, con el trabajo, con la educación y hasta con la seguridad y, finalmente, con la economía en general.
Se están replanteando ciertos enfoques que muestran que algo está cambiando en las formas de apreciar la realidad, sobre todo cuando pensamos en situaciones de emergencia o de crisis como la generada por la actual pandemia del covid-19. Muchos procesos políticos, económicos y sociales vistos en su contexto (incluyendo aspectos ambientales) operan actualmente con un alcance global en el marco de una realidad diferente a la del siglo pasado, que plantea un cambio de paradigma en el que las acciones y reacciones deben ser objeto de replanteos relevantes, tanto en los enfoques como los alcances en términos políticos, económicos y sociales.
Con mi colega y amigo Carlos Tessore PhD hemos estudiado decenas de crisis de alto impacto, donde se recogen evidencias de que los cambios se han ido acelerado. Nos referimos a una realidad más volátil, incierta, compleja y ambigua (algo que referimos como VUCA) potenciados por mayor turbulencia, incertidumbre impredecible, novedad (innovación), y ambigüedad (que referimos como TUNA), que se desarrolla con alcances escalables cada vez más grandes (nacionales, regionales o globales), todo lo que aporta mayor dinamismo en los comportamientos sistémicos a considerar. En este contexto, es que tenemos que ver el desconcierto ciudadano con la pandemia y los desafíos que plantea la comunidad académica de referencia.
(*) PhD Docente e investigador de la FCEA de la Udelar
