Durante 2020 la contracción de la actividad provocada por la emergencia sanitaria (caída de 5,9% en el PIB) interrumpió una secuencia de 16 años consecutivos de crecimiento en Uruguay.
La crisis desatada por el covid-19 operó por su parte en una economía que venía registrando desde mediados de la década pasada un enlentecimiento de su crecimiento, un aumento del desempleo (concentrado en las mujeres y en los jóvenes), y un progresivo deterioro de algunas variables macroeconómicas claves como el déficit fiscal. En este contexto, y luego de la fuerte caída del PIB en 2020, la economía uruguaya creció un 4,4% en 2021.
Adicionalmente a los datos vinculados a la dinámica económica, el país cuenta con un buen número de indicadores que permiten evaluar, entre otros aspectos, el impacto de la pandemia sobre el empleo, la inflación, los salarios, y la rapidez o lentitud con que estas variables se recuperaron entre 2020 y 2021.
A pesar de lo mencionado anteriormente, sobre la percepción que la ciudadanía tiene respecto de estos impactos, este aspecto constituye un complemento importante a los indicadores más tradicionales (dado que estos últimos reflejan promedios que pueden o no ser confirmados por las percepciones individuales) se dispone de menos información.
En este marco, el seguimiento de la recuperación económica y social luego de la pandemia debería contemplar, además de los indicadores convencionales sobre la actividad económica, algunas mediciones que permitieran evaluar la recuperación en los sectores más vulnerables, las secuelas en los aprendizajes de los niños, la salud mental y el bienestar integral de la población, y la desigualdad basada en género.
Una encuesta reciente de Opción Consultores elaborada para Naciones Unidas Uruguay ayuda a ilustrar algunos de los posibles impactos subjetivos de la pandemia sobre la calidad de vida de las personas. Las variables estudiadas incluyen áreas como la educación y la salud mental, pero en esta columna nos concentraremos en el análisis de los resultados vinculados específicamente a los indicadores económicos.
Un primer aspecto a señalar refiere al período de realización de la encuesta (febrero de 2022), cuando el PIB perdido durante la pandemia ya se había recuperado. Esto ayuda a explicar el hecho de que la mayoría de los entrevistados evalúa su situación económica como “buena” (37 %) o “ni buena ni mala” (48 %), mientras que 14 % la evalúan como “mala” o “muy mala”.
Cuando se pregunta si la situación actual del entrevistado es mejor o peor que en la prepandemia, los resultados sugieren una percepción más negativa que la que indica el resultado anterior: 28 % de los entrevistados declaran que es peor, 55 % no constata variaciones importantes, y 17 % considera que su situación mejoró.
Vale la pena destacar que entre aquellos que vieron su situación deteriorarse, casi la mitad atribuye dicho deterioro a la pandemia. La percepción del rol de la pandemia en el deterioro de la situación económica del hogar es mayor en personas de niveles educativos y socioeconómicos bajos: un 56% de ellas atribuye a la pandemia dicho deterioro, comparado con un 32% de las personas de niveles educativos y socioeconómicos altos.
Otro dato de interés que surge de la encuesta es que un 12% de las personas entrevistadas declara haber estado en situación de inseguridad alimentaria leve o significativa durante el año 2021, comparado con 21% durante el 2020. En otras palabras, si bien hubo una importante mejoría de la situación entre períodos, el hecho de que aproximadamente uno de cada 10 uruguayos sienta estar expuesto a inseguridad alimentaria es un elemento importante a tener en cuenta en la futura elaboración de políticas públicas.
¿Qué lecturas adicionales podrían realizarse de estos indicadores? Si bien más de la cuarta parte de los uruguayos sintió su situación deteriorarse con respecto a la prepandemia, sólo un 14 % evaluaba su situación como mala o muy mala en febrero de 2022.
Posiblemente, tanto las políticas adoptadas durante los últimos dos años como los mecanismos de protección existentes ayudaron a reducir el impacto del deterioro percibido por los ciudadanos. Al mismo tiempo, la persistencia de la inseguridad alimentaria sugiere que los apoyos financieros focalizados no deberían discontinuarse, especialmente entre los sectores más vulnerables.
