El pasado mes de julio se aprobó en Uruguay la ley que da lugar a la creación de un Fondo de Emergencia Hídrica, con la finalidad de abordar la crisis que atraviesa nuestro país por la falta de agua.
Por Dra. Paola Bianchín Ramos (*)
La escasez de precipitaciones ha afectado significativamente los servicios de agua potable que brinda el Estado, lo cual ha llevado a que cierto sector de la población se encuentre en estado de vulnerabilidad por razones tanto sanitarias como económicas.
Para hacer frente a esta situación, el Poder Ejecutivo decretó la emergencia hídrica el pasado 19 de junio para la zona metropolitana de nuestro país y, a la par de ello, se creó el fondo, para poder resolver la situación que afecta a nuestro país como consecuencia de la falta de recursos hídricos.
¿Cuál es el objetivo del Fondo de Emergencia Hídrica?
Su finalidad es la de sostener los servicios de salud en atención a la posible afectación de poblaciones vulnerables, apoyar a quienes se vean más afectados laboralmente como consecuencia de las situaciones generadas a nivel laboral en nuestro país, y apuntalar al Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Desarrollo Social, Administración Nacional de Educación Pública, Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay y Banco de Previsión Social, a través de los cuales se intenta ampararlos.
¿Qué organismo detenta la titularidad del fondo?
Es el Poder Ejecutivo, mediante el Ministerio de Economía y Finanzas, quien detenta la titularidad y la administración del fondo.
¿Cuáles han de ser las fuentes de financiamiento del fondo?
Organismos internacionales y multilaterales de crédito, contribuciones de personas físicas no estatales, donaciones de dinero nacional y extranjero, entre otros, son quienes han de solventar la economía del fondo.
Consideraciones finales
Realizando un relevamiento sobre los principales aspectos del Fondo de Emergencia Hídrica, podemos destacar entonces que el mismo fue creado para poder atender, prevenir y reducir los efectos negativos que la emergencia hídrica de nuestro país genera a nivel de la salud pública, en el ámbito laboral, y en la economía del país en su conjunto, los cuales afectan principalmente a aquellos sectores de la población más vulnerables, quienes han de ser los mayormente protegidos por la ley en análisis.
(*) Integrante del equipo legal de Galante & Martins
