Recientemente, y a partir de nueva legislación que ha construido un importante marco normativo a los proyectos de Participación Público Privada, en Uruguay esta nueva forma de contratación se ha incrementado en un gran número, con una interesante estrategia a futuro por parte de la administración pública.
Dr. Mauro da Rocha Negreira (*)
Características de la PPP
En primer lugar debemos señalar que los contratos de Participación Público Privada, en base a la definición que la ley otorga, son aquellos en los que un sector de la Administración Pública delega en una entidad privada, por un período determinado, el diseño, la construcción y/o la operación de infraestructura del proyecto. Asimismo, cabe mencionar que la financiación, o parte de la misma, estará a cargo de la entidad privada.
Este modelo de administración tiene como principal finalidad el incluir al sector privado en el ámbito público, para de esta manera poder llevar adelante funciones y cometidos del Estado, mediante proyectos que de otra manera serían inviables, esencialmente desde un punto de vista económico o logístico. La protección del interés público, así como también la eficiencia económica son los pilares de dichos proyectos.
En referencia al ámbito de aplicación, la regulación actual establece que se podrá contratar bajo el régimen PPP en obras viales, de infraestructura energética, residuos, obras de carácter social o de colonización de tierras. Por otra parte, se excluyen de dichos contratos los servicios de educación en centros educativos, sanitarios en centros de salud, o de seguridad, sanitarios y de reeducación de reclusos en cárceles. Dichos servicios quedarán en manos de la administración pública.
Dentro de los requisitos para llevar a cabo un contrato de PPP, el privado deberá presentar la iniciativa ante la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), otorgando una garantía equivalente al 0,5% del monto de la inversión y adjuntar un análisis del proyecto con un estudio de Pre-Factibilidad para demostrar la viabilidad de la obra.
El privado que celebre un contrato de PPP recibirá por concepto de contraprestación, ingresos que podrán ser abonados tanto por los usuarios, como por la Administración Pública, o por la combinación de ambos. Asimismo quien proponga una iniciativa de dicho carácter obtendrá una ventaja de hasta el 10% en su oferta, no deberá abonar los pliegos, y se le devolverá lo invertido por concepto de estudios de Pre-Factibilidad, en caso de que no resultare adjudicatario. No obstante, la principal motivación para que un privado celebre contratos del referido carácter, radica en los importantes incentivos tributarios y promoción de inversiones que el Estado uruguayo brinda, resultando así proyectos atractivos y económicamente redituables. A modo de ejemplo, en lo referente a los circuitos viales, la retribución al contratista está marcada por 3 componentes, primeramente por un pago fijo anual por disponibilidad, segundo con un pago fijo anual asociado a los costos de mantenimiento, y en última instancia un pago estatal en función de los vehículos pesados que circulen por la ruta. La contraprestación del resto de los proyectos, se determinará en función a sus características.
Situación actual de los Proyectos de PPP
El primer contrato celebrado bajo este régimen, fue relativo al diseño, construcción, conservación y operación de la Obra Pública denominada Unidad de Personas Privadas de Libertad Nº 1. Mediante el mismo, se encomendó la construcción en el barrio montevideano de Punta de Rieles de dicho complejo, buscando de esta manera generar un espacio ideal para la educación y resocialización de reclusos.La empresa concesionaria prestará los servicios de mantenimiento, lavandería y alimentación, entre otros. Dichos servicios contarán con la supervisión del Instituto Nacional de Rehabilitación.
En noviembre de 2015, también bajo la modalidad de PPP, el Estado uruguayo concretó los proyectos viales de reestructura de las rutas nacionales 21 y 24. Asimismo, según declaraciones del ministro Víctor Rossi (MTOP), se prevé continuar por este camino con el resto de las rutas nacionales.
En la actualidad se encuentran abiertos a ofertas de licitación bajo el régimen de PPP los proyectos de Corredor Vial Circuito 2, que comprende las rutas 9 uniendo las ciudades de Rocha y Chuy, y 15 llegando a la localidad de Velázquez; y el Proyecto Ferroviario Algorta-Fray Bentos, el cual cuenta ya con 3 empresas oferentes.
En el pasado julio, se celebró en la ciudad de Santiago de Chile, una nueva edición de las Conferencias PPP Américas. En dicho evento, el gerente de Proyectos de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), Rafael Laureiro, adelantó que se prevé para Uruguay, bajo el régimen PPP, la construcción de 144 locales educativos para la ANEP y 60 centros de atención a la primera infancia (CAIF). El representante uruguayo en las conferencias destacó la fortaleza institucional del país, donde Uruguay se posiciona como líder en la región en los índices de baja corrupción, democracia, estado de derecho y prosperidad. Laureiro puntualizó también que la estabilidad social en Uruguay es de las mejores de la región, con el mejor índice Ingreso Per Cápita, y de distribución del mismo. En cuanto a la estabilidad macroeconómica, sostuvo que Uruguay ha presentado un crecimiento constante y sostenible, basado en la diversificación de exportaciones y en la conservación del grado inversor del país.
A modo de conclusión podemos citar al Dr. Carlos Vaz Ferreira, tal como hizo Laureiro al culminar su presentación en Chile, ya que la frase del afamado filósofo resume la idea y el camino que Uruguay está llevando, cuando expresara que hay que tener “Confianza en las soluciones de libertad, y en las soluciones de piedad”. En este último tiempo el gobierno nacional ha llevado adelante políticas basadas en promocionar las libertades personales y las económicas, con un fuerte énfasis en la seguridad contractual que se brinda al privado, basándose en la estabilidad social y sus principios, que bien como señalara Laureiro, le dan “robustez y seguridad al sistema”. De esta manera, se concretan en Uruguay proyectos sociales, educativos y logísticos, en conjunto con los privados, que de otra manera no serían posibles. Esta línea de acción, sumada a los favorables índices presentados por el país a nivel regional, genera un ambiente propicio para negocios e inversiones en Uruguay. Esperemos que la política basada en la “Confianza en las soluciones de libertad” continúe dando los frutos que esperamos.
(*) Integrante del equipo legal de Galante&Martins
