Por Guillermo Maciel (*) | @macielguillermo
Es desconcertante cuando jerarcas del gobierno reconocen públicamente que el Estado no puede con la delincuencia común y local. Las palabras del Director Nacional Policía, quien dijo que “el gobierno tiene temor de aplicar medidas no simpáticas y que si no se trabaja de otra manera vamos camino a ser El Salvador o Guatemala», son el reconocimiento de la resignación y la claudicación. Algo realmente inadmisible. A su vez generan un sentimiento de impotencia, de desesperanza.
Paradójicamente, este mismo jerarca fue el que hace pocos meses informaba que «estaban preparados para enfrentar terrorismo internacional». Y el que tampoco rebatió cuando las autoridades señalaban que en algunos aspectos, eran hasta “mejor que el FBI”.
Pero el director de la Policía también señaló algo más perturbador, “hemos caído en una anomia social en la que no se cumplen las leyes y nadie quiere hacerlas cumplir”.
Los mensajes del director de la Policía a la delincuencia, podrían interpretarse como: ustedes están ganando; además si usan WhatsApp no los podremos intervenir. Todo esto es muy grave. En lugar de ensayar soluciones, se augura un panorama sombrío. Asimismo no hay una sola autocrítica, sino que se endilga la culpa a otros. Tampoco el ofrecimiento de dar un paso al costado. En los hechos, se observa que se explica en lugar de hacer. No se termina de entender que su función, no debe ser la de relatar lo que ocurre, sino la de revertir lo que sucede.
La realidad demuestra en los hechos que cuanta más inseguridad, más presupuesto. Pero cuanto más presupuesto, más inseguridad.
La delincuencia hace estragos en la sociedad. Van 173 homicidios en tan solo los primeros 140 días del año. Representan un aumento de más del 80% respecto al mismo período del año anterior y un alarmante promedio de un asesinato cada 19 horas.
En algunos barrios o localidades (Minas, San Carlos, Chuy, Casavalle) parecería que el país se volvió el Far West. Si no pueden contener el delito en localidades tan pequeñas, qué queda entonces para el resto. No se capta cómo no advierten esto. Esto no es sensato; vivir así no era el Uruguay. Esto está mal.
Parecen olvidar que Uruguay es un país sin barreras geográficas, sin montañas, ni selvas, sin divisiones raciales, sin guerrilla, sin sismos. ¿Cómo puede ser entonces que su pequeña población tenga que resignarse a ser víctima de algunos delincuentes, porque el gobierno no puede con ellos?
Repasemos algunos datos: Uruguay tuvo el año pasado 8,1 asesinatos c/ 100 mil habitantes, mientras toda la Argentina tuvo apenas 6 c/ 100 mil. Y si comparamos ciudades: Buenos Aires registró 6,8 contra un 11,7 para Montevideo.
El pasado 2017 en Alemania con algo más de 82 millones de habitantes ocurrieron 405 homicidios (0,5 homicidios c/ 100 mil habitantes). Mientas que España con algo más de 46 millones de personas registró 308 homicidios (0,7 homicidios c/ 100 mil habitantes). En el mismo año en Uruguay con algo más de 3 millones (25 veces menos gente que Alemania y 15 menos que España) sucedieron 283 asesinatos (lo que equivale como se expresó a una tasa del 8,1 crímenes c/ 100 mil habitantes). Cabal demostración de las fallas en nuestro país, de las políticas de seguridad.
Hay otros números también elocuentes. Así por ejemplo, Uruguay, según el propio ministro, tiene 421 policías cada 100 mil habitantes. Y no pueden con la inseguridad. La recomendación de ONU es de 289 policías cada 100 mil habitantes. Reino Unido tiene 260; USA 248; Canadá 202; Suiza 221; Finlandia 156; Argentina 222; Brasil 178; Noruega 179; y Alemania 299.
Otro aspecto con pésimos resultados es la materia carcelaria. Según el informe anual del Comisionado Parlamentario, de 6 mil liberados, casi 4 mil vuelven a delinquir. El 2017 cerró con 10.247 reclusos. Ocurrieron 47 muertes (28 de ellas violentas). A su vez, 66% son reincidentes; el 62% no trabaja; 44% están recluidos en malas condiciones y 30% reciben tratos crueles. Por ende la rehabilitación también falla.
La inseguridad no está relacionada exclusivamente a una cuestión de recursos (los cuales le sobran al Ministerio del Interior), sino a gestión, capacitación y estrategia en seguridad pública. El ministro del Interior es el responsable objetivo de la ineficacia de la prevención, represión y la rehabilitación. En más de 8 años no ha obtenido resultados tangibles. Y esto es calamitoso.
Cuando el Estado está ausente, los espacios que deja vacíos los ocupa la delincuencia y crece la inseguridad y la violencia.
Tampoco parece repararse en que las víctimas, no son números, no son cifras, ni porcentajes. Son personas, son uruguayos, son vidas apagadas por la delincuencia. Se percibe indiferencia, falta de sensibilidad, de empatía, para con las víctimas inocentes. Donde los más castigados por los delincuentes son además los más vulnerables, los más humildes.
En otro orden, el nuevo Código del Proceso Penal no ha contribuido a mejorar la seguridad. Por cuanto la persecución penal de todos los delitos debería ser la regla. En efecto, una de las principales claves para combatir el crimen es aumentar la persecución de los delitos menores (“teoría de las ventanas rotas”). Es una forma de impedir que los delincuentes cometan delitos más graves, por creer que existen espacios de impunidad. No obstante, institutos como el llamado «principio de oportunidad» o la “suspensión condicional del proceso” que se orientan a dejar de lado los delitos menores, está resultando en un grave error. La experiencia comparada demuestra que combatir delitos menores ayuda a evitar delitos mayores, limitando la noción de impunidad. Perseguir el delito menor es el comienzo. Y como acertadamente señala un fiscal penal, “Los delincuentes están al tanto de las «facilidades» que les otorga el nuevo código”. A ello se agrega que solo hay un único fiscal que está al frente de la investigación de 100 homicidios. En efecto, la fiscalía Especializada a cargo del Dr. Juan Gómez, desde que entró en vigencia el nuevo Código del Proceso Penal, es él el único encargado de liderar la investigación de cada asesinato que ocurre en Montevideo. Mientras que hablando del nuevo CPP la presidenta del gremio de fiscales, Dra. Brenda Puppo, dijo que tiene «860 casos en espera y está tratando unos 300». Y que, «es imposible abarcar todos los trámites en un tiempo razonable. Se hace lo que se puede». Nada de esto parece lógico ni razonable.
No podemos admitir la naturalización de los delitos y la violencia. Pero a esta altura, parecería que los uruguayos deben resignarse, a que la única forma de recuperar la seguridad diezmada, es cambiando al gobierno en las próximas elecciones nacionales.
(*) Director del Observatorio en Seguridad de Fundapro.
