Por Guillermo Maciel (*) | @macielguillermo
Hace pocas semanas, una vez más, un enfrentamiento entre bandas de delincuentes tuvo en vilo al barrio de Casavalle y se cobró la vida de un joven de apenas 14 años, mientras que otras dos personas resultaron heridas.
No hubo clases en la escuela ni en el jardín de la zona, que debieron ser evacuados, y también se restringió transitoriamente el servicio transportes y el de ambulancias, con el consiguiente perjuicio para los vecinos. La policía tuvo que disponer un fuerte operativo especial para intentar devolverle la tranquilidad a la zona. Y tras la intervención se lograron incautar armas de guerra y drogas.
Este nuevo episodio se inscribe, en políticas de seguridad ineficientes e ineficaces para combatir el delito, y hasta en la ausencia del Estado. Todo ello es sin dudas, el cóctel perfecto para que irrumpan delincuentes y narcos.
Casavalle es un populoso barrio que alberga unas ochenta mil personas, en prácticamente unos cinco kilómetros cuadrados de territorio. Es jurisdicción de la Seccional 17º de Policía. La inmensa mayoría de sus pobladores son gente honesta y trabajadora. Y donde predomina una población de niños y adolescentes.
No es admisible que el Estado y el gobierno no puedan prevenir que se instalen feudos de delincuentes, que amedrenten a la gente, que los vecinos sean víctimas y rehenes de los malhechores, que pierdan calidad de vida, que se violenten sus DD.HH.
Se trata a su vez, de un barrio donde se encuentra implementado PADO -Programa de Alta Dedicación Operativa- (las 24 hs) tan promocionado por el ministro del Interior y sin embargo, este barrio se ha convertido en un foco de asesinatos y en epicentro de violentas disputas entre delincuentes y narcos.
Los datos consignados en el informe de la Unidad de Análisis y Contexto de la Fiscalía General de la Nación, son realmente preocupantes. En efecto, los mismos dan cuenta que:
1- Los homicidios en Montevideo en el primer cuatrimestre del presente año 2017 ocurrieron en su mayoría en Casavalle. En tal sentido se consigna que la Comisaría donde se concentra la mayor cantidad de homicidios es la Comisaría 17 con 13 asesinatos consumados. Y para peor, también en la misma jurisdicción se registra el más alto porcentaje de homicidios «sin aclarar», donde 12 de los 13 homicidios consumados no fueron aclarados, lo que representa un 92,3% de los homicidios consumados en dicha jurisdicción. Esto refleja el factor «impunidad», cómo actúan los delincuentes, en la medida que no se esclarecen sus crímenes.
2- Asimismo si se analiza el número de homicidios durante todo el año 2016, también se desprende que la mayor cantidad (23) se registraron en el barrio Casavalle.
http://www.fiscalia.gub.uy/innovaportal/file/4102/1/informe-homicidios-final.pdf
No es admisible que Montevideo sea una ciudad donde los delincuentes armados se enfrentan y disputan en zonas de la capital a punta de pistola y otras armas de grueso calibre. Mientras los vecinos angustiados deben acostumbrarse a sentir disparos diariamente, a tener que vivir encerrados, a refugiarse tras las rejas de sus casas y a apagar las luces. Más de 12 años de gobiernos frenteamplistas, con sus mayorías parlamentarias y un Ministerio del Interior donde no han escaseado recursos, han sido incapaces de encontrar soluciones a los vecinos azotados y jaqueados por los criminales.
Como corolario, se escucharon las poco felices declaraciones del ministro del Interior, reclamando bajar la «histeria»; porque los enfrentamientos en Casavalle no son «nada nuevo» y se producen gracias a éxitos de gestión. «Se llegó a nivel de conflictividad por la efectividad que tuvo la administración en el combate a la delincuencia» (Búsqueda 28/9/17). ¿Acaso el ministro entiende que los delincuentes andan a los tiros y matando gente en Casavalle, porque tuvo éxito en la gestión?; ¿Se ha perdido toda racionalidad, justificando la violencia y la inseguridad porque se están haciendo bien las cosas para combatirla?; Casavalle a los tiros es calificado de «éxito», como lo fue un partido clásico de fútbol, en el Estadio Centenario, que debió ser suspendido por los graves incidentes y donde un trabajador policial casi pierde la vida tras caerle encima una garrafa de 13 kg. Si ésta es la noción de «éxito», ¿cómo será la idea de «fracaso»?
En esta instancia cabe reparar en algunas puntualizaciones:
Que las autoridades deberían ser muy cuidadosas con sus declaraciones.
Que muchos delincuentes violentos han perdido el «miedo a matar» o la concepción de que «matar es malo», e incluso asumen el hecho de que se puede matar y «está todo bien» y que gozan de cierta impunidad, en la medida que esas muertes quedan sin aclararse y por ende sin castigo (impunidad).
Por otro lado hay una parte de la sociedad que señala «se matan entre ellos (delincuentes)». Otro grave error de minimizar el problema. Porque hoy hay quienes se acostumbran a matarse «entre ellos» y mañana matan a cualquiera, además del peligro del daño colateral hiriendo o asesinando a inocentes en medio de sus enfrentamientos.
Y en otro conjunto de declaraciones, fuentes policiales oportunamente habían reconocido que hay un trato diferencial respecto a algunos crímenes. «Al igual que la población, los policías no se preocupan por los ajustes de cuentas porque, en definitiva, son delincuentes que se están dando entre ellos. `Un pichi menos`, dicen. «Lo mismo piensa la gente», afirmó un oficial superior. Otro señaló: «siempre ha pasado que no se investigan las muertes de delincuentes; ahora se ha amplificado. Se mira si el muerto tiene antecedentes penales y se lo deja de lado. Pocos se preocupan por averiguar sobre lo que ocurrió. Eso pasó siempre, ahora se nota más porque hay más crímenes» (El País 8/12/12).
Para el derecho y por ende para la Justicia, no importan las circunstancias del crimen («ajuste de cuentas» «disputa por territorios» u otro motivo) porque el bien jurídico afectado es la vida de la persona. Ante el Derecho Penal se trata de un homicidio, no es trascendente si fue un ajuste de cuentas ni tampoco quién fue la víctima. Desde el discurso, hablar de «ajuste de cuentas» o «disputas territoriales» parece «justificar» lo ocurrido. No importa si el asesinado es o no un delincuente, tampoco puede haber un ordenamiento jurídico paralelo, donde hay personas que hacen justicia entre sí, por fuera del marco formal, y donde el Estado renuncia a llegar a ellas. En este sentido se expresó con total acierto la jueza penal Marcela Vargas quien además señalaba que “a los ajustes de cuentas la policía les da menos importancia”. “Los crímenes por ajuste de cuentas en Uruguay, a través del discurso, están separados del resto de los homicidios. Se le da menos importancia a un homicidio por ajuste de cuentas que a otro que ocurrió en otras circunstancias”. «Desde el punto de vista jurídico, no puede haber muertos de primera y muertos de segunda» (El País y El Observador 07/12/12).
En definitiva, que el Ministerio del Interior, tiene la responsabilidad de combatir eficazmente el delito, de aclararlo, de obtener resultados positivos y de devolverle a la gente la posibilidad de vivir en paz, no importando la zona donde habite.
(*) Director del Observatorio en Seguridad de Fundapro
